Desde la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) se ratificó la imposibilidad de aplicar el proyecto de ley de internación de personas con consumo problemático de drogas por voluntad anticipada, votado en Diputados y que el oficialismo pretende aprobar en el Senado. “Es muy difícil poder dar respuesta, no tenemos la capacidad”, aseguró a la diaria Pablo Fielitz, director de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ASSE. “Nuestra idea es acompañar lo que han planteado las distintas sociedades científicas: no vemos necesidad de generar una voluntad anticipada para tratar a una persona con adicción”, agregó.

Pese al receso parlamentario, el debate sobre el proyecto de ley tomó protagonismo esta semana debido al pedido de legisladores oficialistas para que el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas (SND), Daniel Radío, asista al Parlamento –incluso llegaron a pedir que deje el cargo– por sus reparos al proyecto de internación compulsiva, presentado por las diputadas Silvana Pérez Bonavita y Nibia Reisch, de Cabildo Abierto y el Partido Colorado, respectivamente.

Tiempo atrás, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, había manifestado que “hoy en día el país no tiene cómo afrontar si esa ley sale”.

Fielitz sostuvo, además, que “si uno habla con un familiar que tiene una adicción, en lugar de firmar un consentimiento para que en un futuro, aunque él no quiera, lo internen, tiene que tratarse ya, porque las adicciones son enfermedades crónicas, no es que va a suceder cuando la persona se droga”.

Pablo Cabrera, representante de los trabajadores en el directorio de ASSE, señaló a la diaria que “la internación compulsiva no es lo más adecuado” porque “la persona tiene que querer ayudarse y salir de ese problema”. Pero, por otro lado, consideró que en ocasiones en las que “hay violencia, situaciones delictivas y ya no se miden las consecuencias sociales, en ese caso esta internación puede significar una ayuda porque la persona no la busca, pero hay que pensar en la sociedad en su conjunto”. Asimismo, Cabrera aseguró que los trabajadores, “si tenemos las herramientas y están los espacios para trabajar, estamos para prestar un servicio de asistencia”.

Si bien Fielitz cree que “la voluntad anticipada no es la mejor respuesta”, comentó que la elevación de este proyecto surge “justamente por este tipo de problemas que muchas veces no tienen la solución deseada”. En ese sentido, admitió que hay “áreas para mejorar y avanzar”, y comentó que prontamente, durante el verano, se terminará de concretar varios proyectos para trabajar sobre las adicciones.

En primera instancia, funcionará una Unidad de Desintoxicación que implica una “readecuación edilicia del Portal Amarillo”. Por otro lado, se inaugurarán dos centros diurnos que han sido operados entre ASSE y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Según explicó Fielitz, uno será para politoxicómanos, con capacidad para aproximadamente 20 usuarios, y otro será para diez usuarios con alcoholismo.

El director de Salud Mental indicó que “prácticamente tenemos conformada la plantilla de personal y ya tenemos los locales”. Los centros funcionarán de lunes a viernes, de 9.00 a 17.00, con operadores terapéuticos, psicólogos, trabajadores sociales y tendrán la visita de un psiquiatra. Fielitz comentó que los recursos humanos son aportados en gran parte por ASSE, pero también por el Mides, como es el caso de los trabajadores sociales.

Asimismo, el Mides contará con casas de medio camino para personas con consumo problemático de sustancias. Fuentes de la cartera dijeron a la diaria que la intención es que comiencen a funcionar en el primer semestre de este año, y que ya se iniciaron “todos los procedimientos administrativos”.

“No atiende el problema”

“Es una ley que es contraria a la política pública, depende de la capacidad de pago de las personas, no atiende el problema de dónde van a ser internados y además da un plazo mínimo de internación, cuando sabemos que las internaciones largas por lo general son iatrogénicas y están indicadas para muy poquitos casos”, dijo a la diaria Marcelo Rossal, doctor en Antropología, docente de la Universidad de la República e investigador sobre usos y políticas de drogas.

Para Rossal, en relación a las políticas de drogas, el proyecto propuesto “no va a tener ningún efecto” y es “una pésima ley”. No obstante, remarcó, a su vez, que “escuchar a los familiares es central” y “descalificarlos por su incompetencia técnica es una postura tutelar y poco dialógica”. Entre quienes han reclamado al Parlamento por su aprobación está el colectivo Madres del Cerro.

“El proyecto merece mi mayor rechazo”, manifestó a la diaria Luis Gallo, diputado por el Frente Amplio e integrante de la comisión de Salud del Parlamento. El legislador, que es médico, sostuvo: “La adicción es un problema grave que tiene el país, pero este no es el camino adecuado para resolverlo. La internación compulsiva no es la manera correcta, y no lo decimos nosotros, sino todas las sociedades científicas y hasta el Ministerio de Salud Pública”.

Por otro lado, el diputado de la oposición afirmó: “Rechazamos absolutamente los cuestionamientos que se han hecho a Radío [por parte de legisladores oficialistas]”. Manifestó que a pesar de “diferencias políticas”, sobre el tratamiento de las adicciones y la política de la SND en el FA están “absolutamente de acuerdo y ya manifestamos nuestro compromiso de seguir trabajando en la misma línea” que se viene haciendo.

Gallo dijo que no se trata de “atacar un solo foco”, sino que, por un lado, debe combatirse a las bocas de pasta base y, por el otro, es necesario mejorar el primer nivel de atención en salud mental. En relación al primer punto, dijo que la SND lo combate a través del aumento de “la cantidad de clubes cannábicos y con fomentar que la marihuana pueda ser consumida o adquirida en otros lugares, no solamente en las farmacias”. En cuanto a la atención en salud mental, indicó que hay que profundizar en trabajar con equipos interdisciplinarios.