“Fue una negociación corta, tuvimos muchas dificultades para entendernos y básicamente ahora esperamos la licitación del sanatorio, porque seguramente necesiten recursos humanos, médicos y no médicos”, señaló a la diaria Zaida Arteta, presidenta del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), con posterioridad al acuerdo tripartito alcanzado el viernes entre el gobierno, las empresas y los trabajadores para que las cinco mutualistas que absorbieron a los afiliados de la ex Casa de Galicia contraten a los profesionales de la mutualista hoy cerrada.

Arteta manifestó que estaban a “contrarreloj porque los prestadores [que recibieron socios] aumentaron mucho la demanda, porque algunos aumentaron mucho sus usuarios sin el incremento correspondiente de médicos y médicas”.

En ese marco, a pesar de haber llegado a un acuerdo luego de largas jornadas de negociación y desencuentros, desde el SMU no están “conformes” con el resultado porque esperaban “un acuerdo que conservara 100% de las horas de trabajo médico de los cargos de alta dedicación y de quienes concentraban trabajo, porque creemos que el multiempleo es uno de los problemas graves de nuestro sistema de salud”. En adelante, dijo, “al bajarse la carga horaria de los que sólo trabajaban en Casa de Galicia y fueron a otras mutualistas, de alguna manera estamos forzando a que estas personas busquen otro empleo”.

la diaria intentó dialogar también con las empresas, pero por el momento prefirieron no dar declaraciones.

En el documento acordado entre las partes y divulgado en Twitter por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se detalla que el Círculo Católico, el Hospital Evangélico, Universal, Cudam y Crami asignarán cada una 19 millones de pesos nominales al mes, que serán tomados de los ingresos por los afiliados de la ex Casa de Galicia a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), para el pago de salarios a los trabajadores médicos.

Los trabajadores contratados serán seleccionados de una base de datos que se entregó el viernes durante la reunión tripartita del Consejo de Salarios, en la que participaron tres delegadas del Poder Ejecutivo, dos del SMU y cuatro de las mutualistas. Según explicó el ministro Salinas, este acuerdo contempla tanto al personal médico de distintas especialidades como también a cirujanos y anestesistas.

La selección de estos trabajadores será “conforme a sus necesidades asistenciales y de carga horaria, en la modalidad de contratación que tenían en Casa de Galicia, salvo que esta no sea utilizada por la institución receptora, la que podrá ser analizada en la Comisión de Seguimiento”. En el acuerdo se estableció, además, la creación de una comisión tripartita de seguimiento con participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud Pública, trabajadores y empresas “para resolver aspectos vinculados a la aplicación de este convenio”.

Arteta puntualizó que esta comisión atenderá “cómo se redistribuye la gente, cómo vamos a poder optimizar de la mejor manera estos recursos que fueron obtenidos para los colegas y que además impacten en la calidad de la atención de los usuarios”.

Tomando en cuenta la base de datos a agosto de 2021, en el documento se manifiesta que el Poder Ejecutivo estima que los médicos que contratarán serían 250. Asimismo, los prestadores contratarán a los trabajadores según un orden de prelación dividido en tres grupos: en primera instancia, aquellos cuyos ingresos “provenientes de su actividad en Casa de Galicia al 31 de diciembre de 2021 sean los únicos que perciben por el desempeño de su actividad profesional, debidamente documentados”, en segundo lugar, a aquellos médicos cuyos ingresos sean de 60% o más del total que perciben por su actividad profesional, y por último al grupo de trabajadores cuyos ingresos representen menos de 60% del total que reciben por el ejercicio de su profesión.

A su vez, la selección y también la contratación y el ingreso del personal serán en etapas: la primera será para los trabajadores del grupo uno, y “si con estos no se alcanzare a contratar 65 ‘trabajadores’, se continuará con quienes integren el grupo dos, hasta alcanzar el número antes indicado”. Según se lee en el documento publicado por Salinas, el tiempo máximo de culminación de esta etapa será de 45 días, contados desde el día en que se firmó el acuerdo.

Una vez que la primera etapa finalice, iniciará la segunda, con la selección, la contratación y el ingreso de los médicos del segundo grupo. El plazo máximo para su finalización será de 75 días desde la concreción del documento. Por último, los trabajadores de los dos primeros grupos que hayan sido seleccionados en las dos etapas y “se encontraren desempeñando tareas en el sanatorio de Casa de Galicia podrán continuar haciéndolo, quedando reservado su cargo en el ‘prestador’ que lo hubiere seleccionado, hasta por el término de 60 días desde la adjudicación del sanatorio”. Una vez que el plazo termina, el médico tendrá que decidir si tomará o no el cargo que le quedó reservado. Si decide no ocuparlo, el cargo será ofrecido a otro trabajador “integrante de los eventuales remanentes de los grupos” dos y tres.

Entre lo “histórico” y la desavenencia

“Había muchos médicos para redistribuir y el gremio médico de Casa de Galicia tomó una serie de decisiones en asambleas que nosotros como sindicato médico respetamos todas, y compartimos en muchos casos, como que quedaran con trabajo en estas cinco mutualistas quienes no tenían otra fuente laboral”, explicó Arteta, quien remarcó que se priorizó a este conjunto de profesionales, junto con los cargos de alta dedicación.

Sin embargo, la presidenta del SMU afirmó que “la propuesta nuestra fue conservar la proporción de hora médico cada 1.000 cápitas [pago que recibe la mutualista por usuario]” que tenían las cinco instituciones, pero “lo que obtuvimos fue un poco menor: pongámosle la mitad”. En conclusión, Arteta manifestó que “por cada cápita por Casa de Galicia, la mutualista que lo recibe va a gastar en sueldos médicos, por decirlo muy gráficamente, menos que lo que gasta en los mismos socios que ya tenía”.

Por otro lado, subrayó que no se pudo “respetar que los usuarios supieran para dónde iba su médico, porque se hizo temporalmente al revés: la ley redistribuye a los usuarios y deja en negociación a los cargos médicos”.

Al acuerdo desarrollado se le suma el alcanzado el 1° de abril, también en una reunión tripartita, con la Federación Uruguaya de la Salud, por el que se confirmó la incorporación de 21 funcionarios no médicos por cada 1.000 afiliados de la ex Casa de Galicia que sean absorbidos por cada mutualista.

El ministro Salinas calificó de “históricos” ambos acuerdos y destacó que “socios Fonasa, trabajadores no médicos y médicos en sus diferentes especialidades fueron contemplados y protegidos” durante las negociaciones.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, también celebró el acuerdo. En su cuenta de Twitter escribió: “Tal como habíamos señalado desde el principio, nuestro objetivo era que la mayor cantidad de trabajadores médicos y no médicos de Casa de Galicia pudieran mantener sus puestos de trabajo en las mutualistas que absorbieron a los afiliados. Así se hizo”.

El cierre definitivo de Casa de Galicia se produjo el 31 de marzo. Ese día varios exafiliados, empleados y vecinos de la zona acudieron a la sede del sanatorio ante la convocatoria de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia.

El 23 de diciembre de 2021, la Justicia decretó el cierre inmediato de actividades en Casa de Galicia, luego de 107 años en funcionamiento, y dispuso la liquidación de sus bienes, luego de que dos meses antes Alberto Iglesias, el último director de la mutualista, se presentara voluntariamente ante el juzgado letrado de consenso de primer turno por no poder hacer frente a las deudas que desde hacía años arrastraba la institución.

Por el momento, seguirán funcionando los cuatro institutos de medicina altamente especializada (tres cardiológicos y uno de diálisis), al menos hasta que quien compre el inmueble decida si los mantiene.