“La primera denuncia del Movimiento [Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada (MNUSPP) al Ministerio de Educación y Cultura (MEC)] surgió en Florida, a raíz de una elección que consideramos que fue fraudulenta”, explicó en diálogo con la diaria Sol Aloy, integrante del MNUSPP y presidenta de la Asociación de Usuarios de Salud Pública de Florida, luego de que esta semana, y a raíz de sucesivas denuncias durante los últimos dos años, el MEC resolviera desplazar a las autoridades actuales de la asociación civil y habilitar el ingreso de un interventor, durante seis meses, a partir de la toma del cargo.

Todo comenzó con la denuncia de Florida –en 2019– y continuó “entre fines de 2019 y principios del año siguiente”, remarcó Aloy. “Luego de que fuimos al MEC e hicimos la denuncia, comenzamos a comunicarnos [los socios de Florida] con socios del movimiento de otros departamentos y nos encontramos con más irregularidades”, acotó. Aloy ejemplificó las irregularidades que menciona con otra situación que data de 2019, durante las mismas elecciones en las que los usuarios de Florida denunciaron su situación; “también hizo una denuncia una señora de Canelones que fue impedida del derecho de votar; en el local de [la avenida] 18 de Julio [en Montevideo]” esa usuaria “llegó al punto de llamar a un escribano público para que constara en acta la situación”, que además “incluyó violencia”, recordó.

Según Aloy, en las elecciones de 2019 en Florida hubo problemas con el padrón social y otras situaciones particulares, una de ellas con “un compañero que no figuraba [en los registros] y era socio”. Por otra parte, agregó que algunas veces “la participación quedaba adjunta “al criterio de la comisión directiva [en ejercicio] del movimiento”. Por último, cuando llegó el escrutinio final de votos a Montevideo, en Florida “teníamos 50 votos, pero por la mesa receptora habían pasado 25; los números no cerraban”, detalló.

Además aclaró que antes de presentar la denuncia al MEC “hubo instancias de diálogo con el presidente del movimiento en ejercicio en aquel entonces”, Néstor Gurruchaga, quien estuvo hasta fines de 2021. Desde entonces y hasta la actualidad la presidenta es Doris Rodríguez. Según Aloy, lo mismo sucedió en oportunidades posteriores en las que se presentaron otras denuncias al ministerio. “Se le planteaba la situación a la dirección y nos encontrábamos con barreras y agresiones”, contó.

Luego de esas situaciones, fuera del ámbito electoral, un socio del movimiento radicado en el departamento de Flores comentó que allí funcionaba una radio comunitaria que “era propiedad del movimiento pero en las asambleas nunca vimos si daba pérdidas o ganancias”, de hecho “ignorábamos que la radio existía”, explicó Aloy.

A raíz de la primera denuncia, se fueron adjuntando otras que hizo el propio movimiento por otras cosas “que no estaban nada bien”, acotó Aloy. Frente a esas situaciones, el MEC le dio un plazo al MNUSPP “para que presentara los libros anuales, las finanzas” y la documentación de las gestiones pero, como ya estaban próximas las siguientes elecciones, la cartera “sancionó al movimiento a llevar los libros e ir a elecciones más transparentes”, detalló. Pero eso no se cumplió. “Hasta el día de hoy no llevaron ningún libro, en aquel momento hicieron una asamblea presencial para elegir comisión electoral en un momento en el que la recomendación del gobierno [por la pandemia] era que se usaran otras vías”, acotó. Todas estas situaciones desembocaron en que las elecciones de 2021 “fueron peores” y, ante el mismo escenario, las denuncias continuaron incrementándose.

Luego, ante el conjunto de denuncias es que el MEC actúa, dado que había “un cúmulo de irregularidades”, por ejemplo “no tener una comisión fiscal en ejercicio, que la masa social ignorara determinaciones de la directiva, declaraciones del presidente sin consultar al movimiento”, detalló Aloy. “Lo más grave es que nosotros ignoramos la parte de finanzas del movimiento”, acotó. Según la socia del MNUSPP, la asociación recibe una partida de dinero que “ronda los 400.000 pesos anuales” para que “funcionemos con solidez, también hay dinero de socios, y la dirección nunca fue clara sobre las cuentas”. “Cuando uno pedía explicaciones se enojaban o decían que tenían un contador”, concluyó.

Una de las diversas situaciones significativas para el movimiento, que Aloy remarcó, es haber quedado por fuera, por ejemplo, de una presunta irregularidad financiera que involucró a Gurruchaga como denunciante y a Natalia Pereyra, la representante de los Usuarios en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, como denunciada. Tras algunas averiguaciones de Gurruchaga al tomar su cargo como director en 2020, en mayo de ese año Pereyra fue denunciada penalmente por el movimiento a raíz de que en su paso como directora del MNUSPP, antes que Gurruchaga, se quedaba con fondos para la organización que sus adjuntos le transferían.

“Hoy entendemos que la decisión de expulsar a Pereyra fue inválida”, consideró Aloy. A su entender, la decisión “no fue representativa” y es una de las situaciones “que no dan a los socios la garantía de que las cosas funcionen”. “Quedamos de costado porque fue algo que el presidente denunció en la Justicia”, pero no nos parece que “para decidir una expulsión no se consulte a toda la masa de socios”, resumió. Las situaciones no terminaron en 2021. “Con la presidenta actual del movimiento, que en la directiva anterior fue secretaria, la situación se repite”, comentó.

Ante la decisión del MEC de intervenir el movimiento durante seis meses, Aloy manifestó que hay “sentimientos encontrados”. “A todos los socios nos tiene que dejar conformes que si se llegó a esta instancia es porque quien ejerce la rectoría da garantía a las partes de que las cosas fueron tal y como se denunciaron”, pero, por otra parte, “es una tristeza que una herramienta social que debería ser el poncho de tantos haciendo lo que pueden en salud” deje de funcionar dejándolos sin herramienta, “aunque sea transitoriamente”, analizó.

“El reglamento es contradictorio”

“Una cosa son los considerandos y otra los resultandos de la resolución que tomó el MEC”, aclaró Gurruchaga a la diaria, desde su actual lugar de afiliado al movimiento. A su entender, “muchas de las denuncias presentadas fueron contestadas” y “no fueron tomadas en cuenta por el MEC para intervenir el movimiento”. “Los balances se presentaron y las cuentas del movimiento están absolutamente claras y auditadas por el Ministerio de Salud Pública”, remarcó. En cuanto a “los resultandos de la decisión”, lo que toma el MEC como puntapié para la intervención es el último proceso electoral” y no las denuncias que ya fueron aclaradas, remarcó.

Para Gurruchaga, el origen de algunas denuncias son las diferencias entre las listas presentadas en las elecciones de los últimos años debido a que 2019 fue el primer año en que se presentaron dos listas, la usual lista 19 y la 33 (la que integra Gurruchaga). “Hace dos años, cuando yo fui electo presidente, los compañeros de la lista 19 cuestionaron la elección, a pesar de que su candidato a presidente participó en el escrutinio y firmó el acta”, es decir, “dio por buenos la elección y el escrutinio”, agregó. A partir del triunfo de la lista 33, según Gurruchaga, los integrantes de la lista 19 “le hicieron el vacío a la dirección”.

“Lo que sí reconocemos es que tenemos un reglamento electoral que tiene puntos contradictorios”, expresó. Según el expresidente, en una parte el reglamento menciona que debe “haber mesas electorales en todos los departamentos y en otra parte dice que el voto es epistolar”. “En ese sentido, [Gastón] Gianero [director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del MEC] levantó una reunión de conciliación que convocó, antes de la resolución del MEC, porque “un integrante de la lista 19 le faltó el respeto”. Por su parte, Gianero dijo en diálogo con la diaria que la intervención se generó a raíz de que “se reciben denuncias desde 2019 que en general se vinculan al manejo de los procesos electorales”.

Por último, Garruchaga manifestó que en esa instancia su lista reconoció que “el reglamento es contradictorio”, y “estábamos dispuestos a buscar la forma de cambiarlo”, dijo. De hecho, consideró que “en esa reunión de conciliación estaban las bases para llegar a un acuerdo, antes de que la asociación fuera intervenida”. El último período electoral, en 2021, “volvimos a ganar, con la diferencia de que la gente de la lista 19 se presentó con escribano y abogado que avalaron el proceso”, comentó. De todas maneras, siguieron presentando al MEC “distintos tipos de denuncias”.

Además explicó que la sanción a la que aludió Aloy fue “una observación que el MEC le hizo al movimiento por no haber colaborado en la indagatoria de la denuncia presentada”. Ante las nuevas denuncias relacionadas a los procesos electorales “hubo algunos aspectos que fueron especialmente señalados”, uno de ellos fue “la forma en la que se recolectaban los votos epistolares”. Según Gianero, los votos de la última elección [en 2021], que debían ser enviados por correo, llegaron luego de ser recolectados por integrantes del movimiento y, “aunque estaban debidamente cerrados, no es lo mismo que cada votante remita su voto”.

Ya se notificó a las partes involucradas sobre la intervención y “se procederá a un llamado a elecciones en debida forma”, informó Gianero.