La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado aprobó este miércoles, con los votos de los legisladores del Frente Amplio (FA) y Cabildo Abierto (CA), el proyecto de ley que redactó la oposición para que el Estado pague la totalidad de los adeudos a los extrabajadores de Casa de Galicia. La iniciativa fue presentada casi a la misma vez que el proyecto del Poder Ejecutivo y que la propuesta del senador Sergio Botana, del Partido Nacional, que en resumidas cuentas propone que se cumpla la Ley 20.022.

Según dijeron a la diaria algunos legisladores al retirarse de la comisión, al proyecto se le realizaron algunas modificaciones; por ejemplo, se agregó que el Poder Ejecutivo, específicamente el Ministerio de Salud Pública (MSP), pueda sancionar a los prestadores de salud que no contraten a los exfuncionarios como se pautó por ley ante el cierre de la exmutualista, y finalmente será votado esta tarde en el plenario de la cámara alta.

El documento aprobado, al que accedió la diaria, propone crear un fondo adicional en el Banco de Previsión Social (BPS), al que se le deberá transferir desde Rentas Generales un total de 213.780.000 unidades indexadas (UI), que garantizarán hasta por un máximo equivalente a 105.000 UI “por trabajador, y deberá ser abonado en un único pago en el plazo máximo de 180 días” desde la promulgación de la ley.

A su vez, una vez aprobada la normativa, tanto el MSP como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrán 30 días para verificar que los prestadores cumplan con las contrataciones y, en el caso de constatar que no lo hacen, le descontarán el 50% del valor de las cápitas recibidas por la distribución de socios establecida en Ley 20.022, “por el tiempo que dure el incumplimiento”. A su vez, los trabajadores que aún no hayan sido contratados por ninguna empresa deberán ser contratados por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en un plazo de 60 días.

“El Estado es responsable”

En rueda de prensa, el senador del FA Daniel Caggiani no descartó que en el pleno la propuesta también sea apoyada por legisladores de otras fuerzas políticas. Agregó que si bien “no es la totalidad” de los adeudos, al menos este proyecto cubre los adeudos de “más del 50% de los trabajadores” y el resto “podría seguir reclamando por la vía de la Justicia”. En total, el proyecto costaría unos 214 millones de UI, algo más de 30 millones de dólares, y “parte de esos adeudos se van a recuperar en el propio concurso” de la exmutualista, según Caggiani.

A su vez, el senador comentó que la herramienta que se agregó al proyecto para que las mutualistas que no cumplan con las normativas puedan ser multadas fue “a pedido del Poder Ejecutivo”, dado que sin algo establecido por escrito no puede actuar en este sentido. Ante la consulta de si el Poder Ejecutivo cuenta con el monto para saldar todo lo que abarcaría esta ley, Caggiani afirmó que “el Estado es responsable” y que si no paga ahora deberá hacerlo dentro de cinco o seis años. “La propuesta es justa y permite que los trabajadores tengan seguridad económica, al menos durante unos meses”, valoró.

A la espera de “una solución”

Desde las primeras horas de la mañana un grupo de exfuncionarios de la exmutualista se concentraron afuera del Palacio Legislativo, pendientes de conocer cuál propuesta de las tres que estaban sobre la mesa prosperaría. “Se están terminando muchos seguros de paro y queremos al menos una buena liquidación del despido laboral”, sostuvo en diálogo con la diaria Alejandra Coval, exfuncionaria de Casa de Galicia.

Coval ecordó que cuando cerró la mutualista se quedaron sin trabajo “más de 1.200 funcionarios no médicos” y a la fecha quedan “250 personas sin trabajar”. El total del seguro de paro de todos se termina en marzo de 2024, y Coval pidió “una solución” no sólo monetaria sino también laboral, sobre todo para aquellos que no fueron absorbidos por ningún prestador de salud.