Esta semana el Senado dio algo de esperanza a los extrabajadores médicos y no médicos de Casa de Galicia con la media sanción del proyecto de ley del Frente Amplio (FA) por el cual el Estado debería pagar la totalidad de los adeudos. La aprobación de una de las tres iniciativas que se presentaron en el último tiempo fue una buena señal, sobre todo para quienes se les está terminando el seguro de paro y más para aquellos que todavía no fueron recontratados por ningún prestador.

Pero la alegría duró poco, porque una vez aprobado el proyecto en la cámara alta, con los votos del FA, Cabildo Abierto y los senadores nacionalistas Sergio Botana y Juan Straneo, el documento pasó al pleno de Diputados donde este jueves no se pudo votar por falta de cuórum. La sesión no se pudo desarrollar porque a la hora pautada había 49 diputados y se necesita un mínimo de 50 para sesionar. La falta de legisladores para tratar el tema generó malestar en la oposición, que además dio una conferencia de prensa en la que expresó que ayer fue “un día muy triste”. Por otra parte, desde el oficialismo respondieron que quienes tenían que dar el cuórum eran quienes querían que se aprobara el proyecto de ley, en referencia a los legisladores del FA y de CA.

Lo cierto es que la tranquilidad que el exministro de Salud Pública, Daniel Salinas, les transmitió a los trabajadores de la exmutualista en las semanas previas al cierre del centro de salud, cuando les aseguró que el lugar seguiría funcionando bajo la promesa de que “la plata y el laburo” iba “a estar” aunque “cambiara algún nombre”, aún está lejos para muchos. A la fecha aún están sin trabajo 495 funcionarios no médicos y unos 435 trabajadores médicos de los 682 que figuraban en la base de datos final.

“Tristeza, amargura y mucha rabia”

Un grupo de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag) concentraron este mediodía en la residencia de Suárez y Reyes, y esperan ser recibidos por el presidente Luis Lacalle Pou para entregarle una carta en la que se le solicita que reciba al grupo para “poder expresarle que es necesario que se respeten nuestros derechos”, según contó en diálogo con la diaria Flor Constanzo, exfuncionaria de la mutualista.

Hoy el sentimiento es “de tristeza, amargura y mucha rabia” porque a casi dos años del cierre de Casa de Galicia “estamos en el mismo punto” y “sin poder acceder a lo que es nuestro”, agregó.

Por su parte, Ximena Carrera, la presidenta del gremio médico de la exmutualista, dijo a la diaria que lo que pasó fue “asombroso por su mecanismo” y “llama la atención”, porque los legisladores entienden “claramente” lo traumático que ha sido el cierre de la mutualista no sólo para quienes trabajaban en ella sino para “toda la sociedad”.

“El problema sigue existiendo”, sostuvo, y comentó que están a la espera de lo que pueda suceder en los próximos días. Por el momento el proyecto aprobado por el Senado será tratado por la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la cámara baja, donde, por ejemplo, para que la propuesta avance se le debería modificar el artículo que establece que aquellos trabajadores que todavía no fueron contratados por ningún prestador sean absorbidos por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Ese punto es el que podría volver inconstitucional el proyecto, ya que este viernes falta exactamente un año para las elecciones de octubre de 2024, y el artículo 229 de la carta magna establece que “el Poder Legislativo, las Juntas Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las Partidas de Jornales y Contrataciones, en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias”.

Además de establecer la participación del prestador público en la contratación de trabajadores, el proyecto del FA reconoce “a todos los efectos el derecho de todos los trabajadores, médicos y no médicos, técnicos y especialistas, dependientes e independientes, que tengan créditos laborales pendientes de cobro” a la totalidad de los créditos laborales posconcursales, es decir, sueldos o jornales, licencias, sumas para el “mejor goce” de la licencia anual, aguinaldo e indemnización por despido legal. Dicha erogación se haría, de aprobarse el proyecto, por medio de recursos económicos provenientes de Rentas Generales.

“Todos perdimos”, dijo Satdjian

“Creo que lo que sucedió en estos días es que todos perdimos”, dijo en una rueda de prensa el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, este viernes, al concurrir al Consejo Nacional de Género. Agregó que el proyecto del Poder Ejecutivo, que proponía destinar unos ocho millones de dólares al pago de adeudos, era “una solución viable”.

“Era una solución, capaz que no era una solución completa o quizás era parcial, pero era una solución viable”, mientras que “hoy no tenemos nada”, agregó. Uno de los motivos por los cuales el proyecto del FA “no era viable”, consideró, es que “imponía a ASSE” la contratación de 300 o 400 trabajadores a incorporar “de la noche a la mañana”.

Además, mencionó que esta fue una situación generada por “distintas administraciones de Casa de Galicia” y, “si hubiera sido administrada de otra forma, no estaríamos hablando en estos términos”, sentenció.