El Sindicato Médico del Uruguay (SMU), junto a la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag), la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) y la Sociedad Anestésico Quirúrgica del Uruguay (SAQ), convocó a una conferencia de prensa, este jueves, en la que expresó “preocupación y alerta” por el posible veto de Luis Lacalle Pou a la ley que el Senado aprobó para cubrir parte de los adeudos a los extrabajadores de Casa de Galicia.

Los gremios recordaron que la ley otorga el financiamiento a través del artículo 10 de la Ley 19.690 y mantiene el tope que la normativa establece, que es de 105.000 unidades indexadas (UI) por trabajador. Además, define mecanismos para continuar el proceso de distribución y contratación de los trabajadores de Casa de Galicia y establece formas de control y sanción para los incumplimientos, reclamadas por el Poder Ejecutivo en su momento, para asegurar el objetivo de retribución a todos los trabajadores médicos y no médicos.

Los gremios valoran “muy positivamente” la decisión de los legisladores como un nuevo paso en un trayecto que “aún no culminó”, y por este motivo se solicitó una reunión con el presidente Lacalle Pou para transmitirle la preocupación ante los “trascendidos de un posible veto”. Para los gremios “hubo una larga y triste trayectoria de acontecimientos”, cuyo “hito más trágico” fue el cierre judicial de la mutualista y el comienzo de un proceso complejo en el que se intentó disminuir los daños. A pesar de la situación, se garantizó la atención de los usuarios “en una institución cerrada y se dieron los plazos necesarios para instrumentar una salida” que incluyera tanto a los usuarios como a los trabajadores.

Entre otras cosas, sostener la atención en ese contexto sólo fue posible mediante un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, el Parlamento y los trabajadores, que culminó con la aprobación de la Ley 20.022 y su aplicación. El acuerdo entre las empresas, el Poder Ejecutivo y los trabajadores también contempló el pago por intermedio del fondo de insolvencia patronal del Banco de Previsión Social, un fondo que se nutre mes a mes de aportes de las empresas privadas. Además del compromiso de pago se incluyó un seguro de paro para disminuir el impacto de las demoras que implicaba la implementación de los acuerdos. Para los trabajadores “es imperioso” ingresar en la etapa de evaluación como forma de aprendizaje para evitar que esta situación se repita.

Perspectivas frente al posible veto

En Diputados esta iniciativa se aprobó sólo con los votos del Frente Amplio (FA), Cabildo Abierto (CA) y el Partido Ecologista Radical Intransigente. En el Senado, con algunos cambios, la iniciativa fue aprobada con los votos de las bancadas del FA, CA, del colorado Germán Cardoso –suplente de Raúl Batlle– y de los nacionalistas Sergio Botana y Rosina Piñeyro, madre y suplente del empresario Juan Sartori.

Para que se levante el veto, una posibilidad que el senador cabildante Guillermo Domenech puso sobre la mesa, la Asamblea General debería dar tres quintos de sus votos, es decir, 78. Sin embargo, teniendo en cuenta la votación que se dio en ambas cámaras se alcanzan unos 73 votos, por lo que el veto se mantendría.

Según supo la diaria, CA mantiene la postura de respaldar el proyecto aprobado, por lo que daría sus votos para poder levantar un eventual veto. Mientras tanto, en el Partido Colorado todo indica que se definirán por no levantar el veto, pero puede llegar a haber excepciones. Por ejemplo, Cardoso había dicho a El País que sería “un error” que Lacalle Pou vete la iniciativa.

En el Partido Nacional, mientras tanto, la mayoría no dará los votos. La incógnita es qué hará el círculo de Sartori, puesto que Piñeyro, su suplente, dio el visto bueno. Juan Straneo, el primer suplente del empresario, había acompañado el primer proyecto, que finalmente no tuvo cuórum en la cámara baja.

“No creo que existan razones para vetarlo porque no hay en este articulado ninguna inconstitucionalidad”, expresó, por su parte, Botana, y consideró que se trataría de un acto de “insensibilidad” con los trabajadores. De todos modos, insistió: “Antes que pensar en el levantamiento del veto, tengamos la convicción de que no va a haber veto”.

Jenniffer Ferrer, extrabajadora de Casa de Galicia, señaló a la diaria que están “muy ansiosos y angustiados” tras “haber oído que el presidente puede llegar a vetar el proyecto”. Con este proyecto, dijo, 60% de los despidos quedarían cubiertos, y advirtió que aún hay unos 495 extrabajadores que no han encontrado un trabajo. “Queremos cerrar el ciclo, no hay seguros de paro, hay situaciones de desalojo, mujeres con menores a cargo, es una situación muy angustiante”, lamentó.

En caso de que el veto prosperara, continuarán con las medidas de lucha. “Esperemos que se respete la mayoría de lo que votaron los legisladores. Costó llegar a este proceso. Fue un proceso muy largo”, indicó.