Desde enero, cuando se hizo pública la contratación de traslados médicos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a la empresa ITHG Proveedores Marítimos, por un total de 534.779.424 pesos, que incluyó 39.246 traslados, se instaló una discusión pública en torno a SAME 105, el servicio de emergencias móviles de ASSE.

Los detalles sobre las contrataciones a ITHG surgieron de un pedido de acceso a la información hecho por la diputada frenteamplista Lucía Etcheverry, que divulgó el semanario Búsqueda. En febrero los legisladores de la oposición convocaron al Parlamento a las autoridades de ASSE para recibir explicaciones sobre las contrataciones, pero tras su comparecencia, la diputada de la oposición expresó que se sumaron “más dudas” porque las autoridades dijeron no saber cómo se había llegado a contratar a esa empresa.

Las observaciones

Además del pedido de acceso a la información dirigido al Ministerio de Salud Pública (MSP) con destino a ASSE para conocer, entre otras cosas, las cotizaciones solicitadas, el detalle de las concreciones y la cantidad de unidades que SAME 105 contrató a ITHG, la diputada realizó una solicitud al Tribunal de Cuentas para obtener información sobre cada compra efectuada y el detalle de las observaciones de los procedimientos al prestador público.

Con base a la respuesta del organismo, Etcheverry elaboró un informe, al que accedió la diaria, que detalla las compras de ASSE a ITHG desde el 1 de junio de 2021 hasta lo que va de 2023, las observaciones del tribunal a los procedimientos y un pedido de habilitación para efectuar la compra por excepción, al que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no dio lugar.

Según el informe, en 2021 ASSE envió al Tribunal de Cuentas 17 lotes de facturas cuyo monto asciende a 111.689.632 pesos. En tanto, en 2022, el prestador público envió una nueva partida, esta vez se trató de 148 lotes de facturas cuyo total asciende a 564.978.522. Respecto a lo que va de 2023 se remitieron 55 lotes de facturas cuyo total asciende a 115.833.131 pesos, es decir, que entre 2021 y los primeros meses del corriente año ASSE abonó 792.501.285 pesos a la empresa ITHG, unos 20 millones de dólares tomando el promedio de las cotizaciones anuales.

El documento detalla que todas fueron compras directas y que por eso las observó el Tribunal de Cuentas, el cual alertó que los procedimientos incumplieron lo dispuesto en varias normativas. Por ejemplo, el artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF), que establece que “las contrataciones se realizarán mediante licitación pública u otro procedimiento competitivo expresamente previsto”.

Específicamente, en noviembre de 2021, Eduardo Henderson, el gerente general de ASSE, le adjudicó a ITHG una compra directa por la contratación de “servicios de traslados de ambulancias especializadas y no especializadas” por el total de 23.455.315 pesos.

Algo similar ocurrió con otra compra directa correspondiente a 2022. El 24 de noviembre de ese año José Antonio Rodríguez, el director de SAME 105, le adjudicó a la misma empresa la “contratación de ambulancias sin chofer para traslados” especializados y no especializados. Esta compra fue presentada por ASSE ante el MEF para obtener la autorización, pero fue negada por la cartera debido a que “no cumplía con los requisitos de la norma”. En consecuencia, el procedimiento también fue observado por el tribunal.

En marzo del corriente año, Rodríguez adjudicó una nueva compra directa por un total de 8.980.543 pesos.

Algunas interrogantes

En diálologo con la diaria Etcheverry remarcó la reiteración del tribunal en cuanto a que las compras “no cumplen con la normativa de la administración pública” y que a pesar de esas observaciones y de la inhabilitación del MEF ante un pedido de ASSE “las compras continuaron”.

Sobre las contrataciones de ASSE, a pesar de la comparecencia de las autoridades del prestador y de la unidad de traslados en la comisión, la diputada sostuvo que aún quedan muchas preguntas sin responder, por ejemplo, “¿cómo ASSE ubicó a una empresa recientemente fundada y dedicada a negocios portuarios para estas contrataciones?”.

Otra de las interrogantes es “la relación entre la empresa Solidar [empresa de traslados sanitarios] y ASSE”, ya que si bien no consta en ningún documento un vínculo entre esta empresa (que incluso surgió luego de ITHG) y el prestador, para los trabajadores de SAME 105, quienes asistieron a la comisión de salud de Diputados hace algunos días, Solidar es un proveedor “conocido” y estaría vinculado con la empresa marítima.

De hecho, según consta en la versión taquigráfica de la sesión a la que accedió la diaria, los trabajadores explicaron que Solidar “no tiene medios de comunicación” desde el equipo móvil hacia la mesa central de operaciones de SAME 105, y que por el momento lo que se instrumentó es que “se manejen con un handy” pero “en ese móvil [contratado] no hay manera de que el handy funcione porque es un sistema que está a prueba”, lo que decanta en que algunas veces “móvil y equipo completo queda inoperante” porque no tiene comunicación.

Por otra parte, en la conferencia de prensa que Rodríguez brindó luego de que se conociera el vínculo de ASSE con la empresa marítima, afirmó que el concurso a precios se realizó de forma simultánea entre cuatro empresas.

Sin embargo, según el informe de la diputada, la única que presentó una cotización a SAME 105 fue ITHG; lo hizo el 24 de mayo de 2021, tres días antes de que SAME consultara a otras empresas del rubro por posibles contrataciones, según fechas que manejaron las autoridades del prestador en el Parlamento.

Acotó que el pedido de información al Tribunal de Cuentas lo realizó en el marco de que “estamos ante una desprolijidad muy grave” que tal vez configure otra “definición” del tribunal que por ahora “observó”.

En febrero, en la comparecencia, “dijeron que estaban por licitar y regularizar la situación, sin embargo, siguen contratando a la misma empresa”. Por un lado hay usuarios señalando que el servicio “no es eficiente” en aquellas zonas en las cuales “se dijo que mejoró” y por otro hay “casi 800 millones de pesos puestos en una empresa privada con todas las irregularidades que se han señalado”, concluyó.

Director de SAME: “Es una cifra corriente”

Por su parte, en diálogo con la diaria Rodríguez reconoció que las compras fueron observadas por el Tribunal de Cuentas y sostuvo que la relación con ITHG, “uno de los proveedores principales de SAME 105” se continuó hasta 2023 porque si se cesan las contrataciones “se para el servicio” y se podría generar “una catástrofe sanitaria”.

En tanto, agregó que las compras continuarán hasta que “se resuelvan las licitaciones que están en marcha”; agregó que los procedimientos se encuentran “en un proceso judicial porque fueron impugnadas”.

Rodríguez se refiere a que en febrero de este año, tras un reclamo de la Cámara de Emergencias en el que se alertó que la licitación pública 03/2023 que buscaba contratar “Móviles Tripulados para Traslados Terrestres Medicalizados” no exigía a los oferentes la habilitación técnica sanitaria del MSP, ASSE postergó la licitación. Lo que “las demoran ahora son los plazos jurídicos”, explicó.

Consultado por Solidar, dijo que SAME 105 “nunca le contrató ningún servicio”, es decir, que no fue ni es parte de los 56 proveedores distribuidos en todo el país. Ante la consulta de si las contrataciones a las 55 empresas restantes se asemejan a los montos de las facturaciones con ITHG, comentó que “los números que se manejan en salud son monstruosos y asustan” pero hablar de 800 millones de pesos vinculados a traslados es “una cifra corriente”. “Estamos deseando que la licitación se resuelva”, finalizó.

¿Qué se sabe de ITHG?

Según datos difundidos por el semanario Búsqueda la empresa se constituyó en enero de 2020 e integra el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), desde junio de ese año, y no contaba con experiencia en el rubro.

En 2022 la empresa amplió su objeto social para poder realizar traslados. En los últimos tres años tuvo tres administradores; el actual se desempeña desde marzo de 2022.

Respecto a la ubicación de la empresa, en el sitio web (actualmente inactivo) decía que la empresa se ubicaba en el Cerrito de la Victoria, a su vez, un mapa del sitio, marcaba otra dirección, en las calles Buenos Aires y Castellanos.

Según declararon exempleados de la empresa al semanario, un estudio contable ubicado en el barrio Cordón se hizo cargo de la firma y su dirección coincide con la del estudio Gestido & Boggio, cuyo director es Óscar Daniel Gestido do Canto, exvicepresidente de ASSE. Al ser consultado por el medio al respecto, el exjerarca dijo que estaba de vacaciones y que no haría declaraciones telefónicas.