Los tres interventores designados por el Poder Ejecutivo para intervenir el Casmu –Sandra Lorenzo (médica), Juan Carlos Simonelli (contador) y Gerardo Lorente (abogado)– se encuentran trabajando en la empresa desde el 1º de agosto y elaborarán el primer informe en 60 días.

Fuentes del Casmu indicaron a la diaria que, en principio, solicitaron documentación vinculada a la dirección técnica de la empresa, es decir, información sobre los servicios que brinda la empresa, los número de cirugías que realiza por año y, a su vez, los contratos con las empresas tercerizadas. Los veedores adelantaron a la mutualista que una vez que se realicen los pagos correspondientes a los trabajadores, también solicitarán datos sobre los sueldos abonados.

En paralelo, este martes, la Comisión de Salud del Senado integrada con Hacienda recibirá a las autoridades de la mutualista, del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el fin de obtener insumos para considerar y votar el proyecto de ley que el presidente Luis Lacalle Pou envió al Parlamento para otorgarle a la mutualista el fondo de garantía por 56 millones de dólares. Por otra parte, la Comisión de Salud de Diputados recibirá al movimiento de socios de la mutualista, que pidió ser recibido para que se le informe sobre el proyecto de ley.

Legisladores de todos los partidos buscan conocer el plan del Ejecutivo

Si bien hay consenso entre todos los partidos sobre la necesidad de salvar a la mutualista y eventualmente aprobar el proyecto de ley propuesto por Lacalle Pou, algunos legisladores tienen sugerencias en cuanto a algunas modificaciones que, según entienden, se le deberían hacer al proyecto.

En principio, el senador nacionalista Sergio Botana, quien desde un principio sugirió que las autoridades sanitarias tienen la voluntad de cerrar la mutualista, dijo a la diaria que no le “gusta la cantidad de interventores [que se definió] y tampoco el costo”, porque “es un exceso lo que cobran”, en referencia a que cada uno de los tres profesionales percibirá un salario de 380.000 pesos mensuales más IVA.

A su vez, manifestó que tampoco está de acuerdo con el sistema de intervención. “Prefiero que sea de verificación y que se vayan dando los recursos [económicos] en la medida en que se cumplan determinadas mejoras”, agregó. De todas maneras, sostuvo que aunque sus sugerencias no se apliquen, votará el proyecto porque “no queda más remedio”.

Por su parte, la senadora colorada Carmen Sanguinetti dijo que hay “voluntad de encontrar una solución” porque se trata de una institución con una cantidad de socios y de trabajadores muy significativa. En cuanto a su posición sobre el proyecto de ley, agregó que antes de plantear sugerencias escuchará, este martes, el plan de la empresa.

El coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio, José Carlos Mahía, dijo a la diaria que la coalición de izquierda todavía no tiene definido si apoyará el proyecto y que, en principio, escuchará al Poder Ejecutivo.

Por su parte, el senador frenteamplista José Nunes acotó que el proyecto del Poder Ejecutivo “sorprende” porque, en principio, “parecería no ser necesario”, ya que la Ley 18.439, promulgada en 2008, en su artículo 1º crea el Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (Fondo de Garantía IAMC) “como un patrimonio de afectación independiente, destinado a garantizar el repago del financiamiento que obtengan aquellas instituciones integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud” que se encuentren “en situación de insolvencia o de grave dificultad económica”.

Según la ley, la administración del fondo es competencia del MEF, que junto al MSP debe aprobar los planes de reestructuración presentados por las instituciones que reciban el fondo.