En las semanas que lleva en el gobierno, el nuevo presidente de Chile retiró 139 querellas que el Ministerio del Interior había presentado contra participantes en el estallido social, terminó con la militarización en el sur y firmó el tratado de Escazú.
La entidad realizó esta solicitud para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, en las que 25 personas fueron asesinadas