El Estado impone condiciones de contenido a la producción y difusión de programas periodísticos, informativos y todos aquellos espacios de análisis político, lo que supone per se una restricción a la independencia editorial.
Tanto la concesión de las licencias, la autorización del consorcio, y la posibilidad de utilizar la red de fibra óptica de Antel implican una transferencia de recursos del Estado a estos grupos privados.
Yamandú Orsi o Álvaro Delgado son las únicas opciones presidenciables. Sin embargo, y como he dicho, disfrazados de pluralidad –que no existe más allá de esas opciones–, los programas periodísticos consultan sobre un mismo tema a cada uno de los candidatos de cada uno de los partidos.
La gestión del gobierno multicolor y la situación del SNIS al terminar los gobiernos del FA evidenciaron un conjunto de debilidades, por lo que es necesario construir una segunda generación de reformas del sistema de salud.
Si la corrupción es un acto de injusticia que se sostiene en una definición política, entonces, pidámosles más a los políticos. Cada vez más para que sean menos injustos.