Violencias

Especialistas afirman que estos dos fenómenos reflejan el recrudecimiento de la violencia de género que se viene registrando, por lo menos, en el último quinquenio; la responsable del sistema de respuesta de Inmujeres aseguró que hay un “ensañamiento mayor” que puede estar ligado al avance de “discursos culpabilizantes”

El colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas?, que acompaña a las familias, asegura que en estos cuatro años tanto la Fiscalía como el Departamento de Personas Ausentes del Ministerio del Interior “siguen sin dar una respuesta adecuada” y califican el accionar del Estado en términos de “indiferencia” e “ineptitud”.

El femicida tuvo medidas cautelares hasta octubre de este año

El organismo asegura que estas iniciativas “desincentivan las demandas legítimas de justicia, protección y reparación por parte de mujeres y de sus hijas e hijos”, y “propician la impunidad y repetición de estos delitos, atentando contra sus derechos fundamentales”.

El agresor fue formalizado este martes por la noche y cumplirá prisión preventiva; la Mesa de Derechos para las Personas Trabajadoras Sexuales y el colectivo Feministas Comunitarias de Piriápolis se expidieron sobre los hechos.

El documento, que analiza el período 2019-2024, ratifica que la enorme mayoría de los femicidios se comete en el ámbito de pareja o expareja y aporta novedades sobre estos crímenes en contextos de narcotráfico; también revela que en el 44% de las tentativas había medidas de protección vigentes.

Entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, el sistema de la comuna capitalina recibió un promedio de 43 consultas por día; más de la mitad de las mujeres que consultan tienen entre 20 y 40 años, y la enorme mayoría atraviesa violencia psicológica.

Los hechos ocurrieron hace cuatro años con una jugadora de hockey de Estudiantes de La Plata cuando el jugador militaba en el club

Especialistas y autoridades coinciden en que las situaciones de violencia vicaria y territorial ilustran esta profundización de la “crueldad”; desde la sociedad civil aseguran que el Estado sigue sin priorizar el problema y no está “a la altura” en la respuesta.

La Justicia imputó a seis personas y fueron identificadas más de 50 víctimas