¿Seguirán los estados financiándose con programas de austeridad, recortes en los servicios públicos, elevando la edad de jubilación y aumentando la contribución de los más pobres mediante impuestos al consumo?
El gobierno ha incumplido las promesas de no aumentar impuestos que formuló en la campaña electoral. En el lapso transcurrido hasta 2021 incluido, el aumento impositivo se ubicó en 110 millones de dólares.
En Chile, como en el resto del mundo, reformar el pacto fiscal haciendo que los más ricos contribuyan más ya no es una cuestión técnica. Es política y, ante la emergencia climática, existencial.
El diputado cabildante Álvaro Perrone subrayó que la tasa mínima de ese impuesto (10%) la paga “desde el más humilde en un quiosco en La Teja hasta el más rico en Punta del Este”
Desde la comuna señalaron que se trata de un reajuste con base en estudios de valor del mercado inmobiliario, no obstante, los aumentos superan el valor de IPC
Por la tubería que une a Uruguay con los paraísos fiscales, cada año se escurren cerca de 1.500 millones de dólares de impuestos. Todo legal, pero no inocuo.
Seguir tolerando la evasión y elusión fiscal de los más ricos y de las multinacionales, y privar a los países del Sur Global de recursos adicionales, es un ataque en toda regla a los derechos humanos.
El presidente se mostró dispuesto a “estudiar” la iniciativa que legaliza la eutanasia; además defendió “la independencia tributaria” ante las exigencias del exterior y dijo que “se pueden mejorar” los resultados de seguridad