Ley De Salud Mental

El decano de la Facultad de Psicología y representantes de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay manifestaron a los legisladores que urge la aplicación de la Ley de Salud Mental 19.529

Enrico Irrazabal consideró que en la aplicación se debe contemplar su arista comunitaria; “a los expertos nos cuesta entender que necesitamos de las colectividades, las organizaciones, de familiares, usuarios que tienen un desarrollo histórico muy largo”, sostuvo

El grupo interinstitucional remarcó la necesidad de un “intenso trabajo intersectorial” y una “fuerte voluntad política” que asegure disponibilidad y accesibilidad de recursos humanos, materiales y financieros

La ordenanza reglamenta lo que establece la Ley de Salud Mental sobre hospitalización, vínculos y comunicación durante la hospitalización, así como los derechos que tienen los usuarios y sus familias

En su decimotercera edición, los participantes denunciaron el incumplimiento de los plazos establecidos por la Ley de Salud Mental; para la psicóloga Cecilia Baroni, “falta voluntad” por parte del sistema político.

Los legisladores tomaron el compromiso de articular el diálogo entre ASSE y los funcionarios, quienes “no tienen certeza de qué es lo que va a pasar”, expresó la diputada Etcheverry

Se trata de 100 millones de pesos que serán utilizados en atención ambulatoria, recursos humanos y distintas acciones, como campañas de concientización.

Si bien desde la institución sostienen que la iniciativa no colide con la ley recientemente aprobada, legisladores y profesionales entienden que sí: “la INDDHH está cumpliendo su rol”, afirma la psicóloga Cecilia Baroni

A raíz de denuncias, inspecciones e informes, el organismo concluyó que se perpetúan las carencias en determinados tipos de atención, en el trabajo intersectorial y en la creación de dispositivos que permitan el cierre definitivo de los servicios monovalentes

El organismo, que funciona en el ámbito de la INDDHH, concluyó que en los hospitales del prestador público persiste “el modelo de sustitución de la voluntad” de las personas internadas