Ley de salud mental

El documento ya ingresó a la cámara alta y “tiene por objeto reafirmar el rumbo de la política pública de salud mental y el compromiso de construirla en acuerdo con todos los actores sociales, académicos, técnicos, de usuarios, familiares y políticos involucrados”, según expresa

Cuestionaron la modificación del artículo 38 de la ley, que elimina la prohibición de internaciones prolongadas en centros asilares, y junto con la Sociedad de Psiquiatría pidieron al Parlamento revisar los cambios

Además, aseguran que el gobierno no consultó las modificaciones ni a los colectivos ni a la Comisión por la Plena Implementación de la Ley y señalan que tampoco conocen el cronograma de cierre de estos centros, fijado para 2029

El cambio modifica el artículo 38 de la normativa y se da en el marco de la última ley de presupuesto nacional

A ocho años de aprobada la ley, las organizaciones denunciaron el incumplimiento de los plazos legales, cuestionaron la postergación del cierre de manicomios y reclamaron la transformación del modelo de atención

Las autoridades pidieron colaboración al ámbito parlamentario para discutir algunos plazos de la normativa y generar condiciones, por ejemplo, para el cierre del Hospital Vilardebó.

El decano de la Facultad de Psicología y representantes de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay manifestaron a los legisladores que urge la aplicación de la Ley de Salud Mental 19.529

Enrico Irrazabal consideró que en la aplicación se debe contemplar su arista comunitaria; “a los expertos nos cuesta entender que necesitamos de las colectividades, las organizaciones, de familiares, usuarios que tienen un desarrollo histórico muy largo”, sostuvo

El grupo interinstitucional remarcó la necesidad de un “intenso trabajo intersectorial” y una “fuerte voluntad política” que asegure disponibilidad y accesibilidad de recursos humanos, materiales y financieros