La reforma jubilatoria impulsada por el gobierno de Jair Bolsonaro fue aprobada el martes por el Senado de Brasil, pese al rechazo de los sindicatos y la oposición de izquierda. Si bien esta iniciativa fue propuesta por el gobierno de Michel Temer, Bolsonaro la reactivó, ahora con el Congreso surgido de las elecciones de 2018, considerado el más conservador desde el final de la dictadura brasileña.
Esta reforma aumenta los requisitos para acceder a la jubilación y establece algunos que no existían hasta ahora. Uno es el mínimo de edad, que se establece en 62 años para las mujeres y 65 para los hombres. Estos límites de edad no existían hasta ahora, aunque sí se fijaban mínimos de años de aportes al sistema de seguridad social. Con la reforma se requerirán 15 años de aportes para las mujeres y 20 para los hombres. Con estos cambios, y otros que incluye la norma, el gobierno espera alcanzar un ahorro de unos 217.500 millones de dólares en un plazo de diez años, y disminuir así el déficit fiscal del país.
Los sindicatos, movimientos sociales y la oposición de izquierda, que se han manifestado contra esta iniciativa, denuncian que en el contexto de Brasil, la reforma perjudica a los trabajadores más pobres, entre los que está más extendida la informalidad laboral. El senador del Partido de los Trabajadores Humberto Costa dijo en Twitter que la aprobación de esta reforma “es una inmensa derrota que el gobierno de Jair Bolsonaro impone a los trabajadores brasileños y a la población más pobre”. Según informó su partido, Costa agregó: “Bajo el argumento de un pretendido desequilibrio en las cuentas de la seguridad social, esta propuesta pretende implantar en Brasil una era en la que los derechos son retirados y los montos de las jubilaciones y pensiones se reducen con fuerza. Se dificulta de todas las formas el acceso a los beneficios de la seguridad social y, con toda certeza, se va a profundizar el cuadro de pobreza y la crisis económica”. Otro senador del PT, Rogério Carvalho, dijo que la economía de Brasil va a sentir el impacto de esos montos que se retiran de la seguridad social, y criticó que esos recursos no se puedan dirigir a la educación, la salud o las inversiones públicas debido a la enmienda constitucional 95, dispuesta en tiempos de Temer, que impide el aumento del gasto público.
Durante el tratamiento parlamentario la reforma fue modificada, y quedó por el camino la creación de un sistema de administradoras de fondos de pensión similar al chileno, sin participación estatal, por el cual la jubilación de cada trabajador dependería de su capacidad de ahorro. Este punto fue rechazado en las dos cámaras del Congreso.
Tampoco se aprobó otro punto por el cual se comprendían en esta reforma los sistemas jubilatorios que se aplican a los funcionarios de municipios y de la administración de cada estado. Las reglas diferenciadas se mantienen también en otros sectores, entre ellos el de los militares, que mantendrán, con algunas modificaciones, un régimen propio.