Montevideo es desde este miércoles sede de la Cumbre Ministerial del D9, grupo que reúne a los países líderes en gobierno digital (Canadá, Corea del Sur, Estonia, Israel, México, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido y Uruguay) y que preside nuestro país desde hace un año. En ese marco, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) organizó este miércoles el evento anual “Encuentro con líderes de gobierno digital”. El director del organismo, José Clastornik, destacó en su ponencia ante los líderes del D9 que Uruguay logró ubicarse primero en América Latina y el Caribe en materia de gobierno digital y que fue el primer país del continente en conseguirlo.
Según el informe presentado por Clastornik, Uruguay presenta “altos niveles de equidad” en el acceso y uso de trámites y servicios digitales, con una cifra de acceso a internet de 77% en los quintiles más pobres de la población y con la posibilidad de iniciar todos los trámites gubernamentales en línea. El compromiso, señaló, es que también se puedan finalizar por esa vía el año próximo. Quienes más utilizan los servicios digitales del gobierno son las personas del interior del país, “lo que demuestra que el sueño que teníamos de la tecnología para la equidad en el acceso a los servicios públicos se está concretando”, afirmó Clastornik, que también es el presidente de la Mesa de Coordinación de la Agenda Digital para Latinoamérica y el Caribe (eLAC).
Clastornik mencionó el Plan Ceibal y el Plan Ibirapitá como dos catalizadores de los logros obtenidos. “Uno de los elementos que más nos impactaron al analizar los resultados [del Plan Ceibal] fue la cantidad de computadoras en cada casa, en función del quintil de desarrollo económico, gráficas que históricamente eran paralelas y que se revirtieron. Esto sucedió porque, efectivamente, le estamos dando una computadora a cada niño del sistema público y las familias con más niños son las de menores ingresos”, explicó. Por su parte, el Plan Ibirapitá fue pensado e implementado, desde hace cinco años, como una manera de revertir las inequidades que aún se mantenían por cuestión de edad, indicó el jerarca.
El prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, coincidió en que la tecnología no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino como “una herramienta con el centro puesto en las personas y su desarrollo, especialmente de aquellas con peores condiciones para lograrlo”. Roballo señaló que los avances en esta materia son el resultado de “una decisión política sostenida durante los últimos 15 años, que consistió en la misión de insertar este pequeño país en el mundo y brindar a los uruguayos y las uruguayas las oportunidades que se ofrecen a nivel global”, y que “la expansión de las competencias de las nuevas generaciones materializa el sueño de un proceso de transformación y crecimiento inclusivos”.
Clastornik sostuvo que en la actualidad el acceso y la inclusión digital son temas saldados para el país y que los nuevos desafíos tienen que ver con la formación. “Estamos utilizando las capacidades para la enseñanza universal de internet, la enseñanza computacional, la trazabilidad educativa y nuevas tecnologías, como la robótica”, indicó. Por otro lado, destacó los avances vinculados a la digitalización, como el acceso a la historia clínica electrónica, que se completará en 2020, cuando todos los registros clínicos de los ciudadanos estén accesibles en internet. También mencionó la trazabilidad bovina a partir de la colocación de caravanas con dispositivos electrónicos que permiten identificar el ganado, brindando garantías respecto de su crianza y alimentación, sobre todo a los países importadores.
Por otra parte, el titular de la AGESIC destacó el desarrollo de la identidad digital, que permite acceder a todas las aplicaciones del Estado mediante un usuario único, pero aseguró que estas transformaciones deben ir de la mano de un fortalecimiento de la protección de la privacidad. “Desde el primer día entendimos que no podíamos aliarnos con el desarrollo digital sin fortalecer la parte de derechos, y que era crítico generar el marco legal y constitucional que diese garantías a todos los ciudadanos respecto de la privacidad de los datos y la ciberseguridad”, afirmó.