“Venimos en representación de la Policía Nacional. Obviamente, la Policía Nacional no quiere hacer uso de la fuerza para el desalojo, [por eso] invitamos a los ocupantes a desalojar pacíficamente por sus medios”, dijo ayer uno de los dos efectivos de la Unidad Táctica de Negociaciones del Ministerio del Interior (MI). Se dirigía a sindicalistas de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas), que ocupaban la planta de MontevideoGas ubicada en la avenida General Flores.
A las 6.00 de ayer, los trabajadores habían tomado el control de la empresa, tanto en esa planta como en el local de la plaza Independencia, pero a las 18.15 decidieron abandonar pacíficamente los dos lugares. En el intervalo se acercaron a ellos, en las instalaciones de General Flores, varios dirigentes del PIT-CNT, como Marcelo Abdala y Joselo López; los diputados del Frente Amplio (FA) Luis Puig y Gerardo Núñez; y también Irma Leites, de la organización Plenaria Memoria y Justicia; y Jorge Zabalza, ex integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN). Los dos legisladores mencionados mediaron entre los sindicalistas y la Policía, pidiéndole a esta un poco más de tiempo para que la asamblea de Uaoegas decidiera qué hacer. Finalmente, los trabajadores resolvieron retirarse e iniciar una huelga de hambre el lunes de la semana que viene.
La Policía pudo proceder al desalojo porque el martes, ante el anuncio de Uaoegas de que la empresa quedaría bajo control obrero, el juez Hugo Rundie había prohibido que los trabajadores se hicieran cargo de la gestión de MontevideoGas, advirtiendo en forma expresa que debían “abstenerse especialmente de asumir el giro empresarial, tomando contacto con clientes y proveedores mediante amenazas de iniciar el control obrero”. Antes de que el desenlace se precipitara, Puig dijo a la diaria que él y Núñez intervinieron como integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, para “tratar de generar un ámbito de negociación”. Con esa intención, les propusieron a ambas partes que dejaran de lado sus medidas, y los sindicalistas aceptaron no continuar con la toma de control, pero la empresa no se avino a retroceder en su decisión de despedir a empleados, relató.
Hasta ayer, la empresa mixta brasileña Petrobras –propietaria de MontevideoGas– había despedido a un trabajador y enviado al seguro de paro a otros 20, pero ya anunció el despido de 37 personas más.
Puig contó que Carlos Bellomo, gerente general de MontevideoGas, dijo que “de ninguna manera” la empresa negociaría mientras los trabajadores mantuvieran una medida ilegal. “Hace tres semanas le hicimos el planteo y la empresa lo rechazó. Ya ha rechazado varias propuestas, tanto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS] como del Ministerio de Industria, Energía y Minería [MIEM]”, dijo. “Queda claro que están desmantelando un servicio público. Ya los seguros de paro desmantelaban secciones con la idea de tercerizarlas, y si se despide gente es un desmantelamiento mayor, algo que va a repercutir en forma negativa en el servicio. Desde mi punto de vista, hay una mala administración de Petrobras”, aseguró. Puig elogió ayer al titular del MTSS, Ernesto Murro, por haber intercedido, y criticó al senador del Partido Nacional (PN) Álvaro Delgado por anunciar que citará a Murro a la Comisión de Asuntos Laborales de la cámara alta. Ayer, Delgado publicó en su cuenta en Twitter: “El literal D del artículo 4 del decreto 165 del 2006, que habilita las ocupaciones de los lugares de trabajo, impide el control obrero de la gestión de la empresa, con lo cual, más allá del desacato judicial, el MTSS tiene que actuar”.
Sobre Delgado, Puig dijo: “El senador tendría que haberle dado una mano al ministro Murro, que permanentemente ha hecho muchos más esfuerzos. Sé que Delgado no ha hecho ninguno. El MTSS ha hecho múltiples propuestas, convocando a las partes por separado y de forma conjunta; la verdad es que está bastante lejos de la realidad lo que dice Delgado”.
Ocupación de la planta de Montevideo Gas.
Foto: Pablo Vignali
Antes de que se procediera al desalojo, Murro dio una conferencia de prensa en la que dijo que el MTSS había hecho “todo lo que tenía que hacer” en el conflicto, y que le había enviado una carta al juez Rundie para ponerse a disposición de la Justicia.
En tanto, MontevideoGas, mediante un comunicado, expresó “su enorme preocupación” por una situación que estaba “en abierta contradicción con la normativa vigente y con una decisión judicial explícita”.
Alejandro Acosta, integrante de Uaoegas, dijo ayer a la diaria que, con la situación actual, los trabajadores y los usuarios son “rehenes de la multinacional”. “El peligro que está corriendo el servicio público del gas natural en manos de Petrobras lo tiene que solucionar el MIEM. Entendemos que están dadas las condiciones para que Petrobras no siga más al frente del servicio”, apuntó.
Para el sindicalista, la empresa brasileña quiere retirarse del negocio, pero “generando un lío de tal entidad que le dé mejores condiciones para negociar” su salida.
Acosta dijo que la mayor responsabilidad política por lo que ocurre le corresponde a Petrobras, porque “a partir de la destitución de [la presidenta] Dilma Rousseff en Brasil se dio un giro de 180 grados en la política de la empresa hacia Uruguay. Antes podía haber conflictos y diferencias, pero había un espíritu para llegar a un acuerdo; ya con el gobierno de [Michel] Temer se empezó a aplicar una política neoliberal, y ni que hablar a partir del triunfo de [Jair] Bolsonaro”.
Por otra parte, afirmó que las responsabilidades en Uruguay fueron de los gobiernos “blanquicolorados”, “a caballo entre Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera”, que “privatizaron la empresa en función de la estrategia global de los organismos de crédito multinacional”. Más acá en el tiempo, dijo que la administración del Frente Amplio “tiene responsabilidad jurídica y política” y debe tomar una decisión “de fondo”.
Sin respeto por la Justicia
Una de las personas que se acercaron ayer para solidarizarse con los trabajadores fue, como ya se dijo, Jorge Zabalza, quien opinó en una rueda de prensa que los trabajadores son perseguidos por la Justicia. “No entiendo ese fallo que defiende la propiedad de una empresa a la vez que deja libre a [José Nino] Gavazzo, le saca la pulsera electrónica y la custodia, y se niega a investigar el caso de [Roberto] Gomensoro. Uno se pregunta frente a qué tipo de Justicia estamos”, ya que no adopta “decisiones justas”, comentó. “Yo tengo un sentido de justicia, y si el Poder Judicial, que es una administración, no coincide con mi sentido de justicia, no lo respeto”, abundó, y de paso puso en duda que si a Gavazzo le retiran la tobillera y la custodia siga cumpliendo con la prisión domiciliaria. “Nadie puede garantizar que no se vaya para el otro lado de la frontera con [Pedro] Mato [Narbondo], a cobrar por intermedio del banco su cuantioso retiro de coronel”, sostuvo.
Nefastas y catastróficas
El miércoles 24 de abril, el ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi, compareció junto con su equipo ante la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes, y uno de los temas tratados fue el de la situación en MontevideoGas (legisladores de la oposición dijeron que habían intentado, sin éxito, que compareciera el ministro de Trabajo y Seguridad Social, y que por eso habían apelado a citar a Moncecchi). En esa oportunidad, el diputado Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, dijo que el “control obrero” es una medida “importada”, ya que antes fue usada “durante un buen tiempo en Venezuela”. Además, aseguró que las consecuencias de esa resolución sindical serían “nefastas, catastróficas”, ya que ahuyentarían de Uruguay a los inversores, y acarrearían “la destrucción de miles y miles de empleos por cierre de empresas que naturalmente va a ocurrir como consecuencia”.
A su vez, el presidente de la comisión, Walter Verri, del Partido Colorado, opinó que el control obrero es “mucho peor que una ocupación”, porque significa “tomar el control, hacernos cargo de la cadena de producción, de nuestros clientes, de la materia prima, de nuestras ventas”. En coincidencia con Goñi, consideró que “eso es una señal que le estamos dando a cualquiera que quiera venir a invertir a Uruguay de que eso le puede ocurrir, y seguramente lo desestimulará”.
Cuando le preguntaron a Moncecchi qué acciones había adoptado para impedir el control de la planta por parte de los trabajadores, el ministro respondió: “No podemos tomar acciones sobre una medida que no se adoptó. Está el anuncio, pero no hay una medida tomada ni se ha efectivizado”. Agregó que, entre sus “potestades y alcances”, había intentado evitar que eso sucediera, y que iba a seguir en esa línea.
Por su parte, el frenteamplista Carlos Varela aseguró que el oficialismo no va a respaldar lo que esté fuera de la ley, y le pareció pertinente aclarar que el control obrero no es una medida de lucha importada de Venezuela, sino una medida histórica, usada “en el mundo desde hace muchísimos siglos”, aunque “con particular desarrollo en las primeras décadas del siglo XX en algunos países de Europa”.