La detención por parte de la Guardia Republicana, pasado el mediodía de este miércoles, de un grupo de trabajadores camioneros del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra), que sentados bloquearon el ingreso al puerto de Montevideo, desató un nuevo choque entre el gobierno y los sindicatos. La escena tiene relación con lo ocurrido días atrás en el ingreso de la terminal de Tres Cruces en una movilización de trabajadores del transporte de pasajeros y con la ley de urgente consideración (LUC), que habilita a intervenir a la Policía ante “piquetes” que limiten la circulación.

Los reclamos del Sutcra se centran en la mejora salarial en el marco de la ronda de los Consejos de Salarios y la atención de las condiciones laborales. El conflicto por este último punto se remonta a una de las primeras decisiones del gobierno cuando asumió en 2020: la suspensión por decreto del Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac). Este había sido anunciado en 2017 y establecía un sistema de control electrónico mediante dispositivos GPS que reportan recorridos, horarios, mercadería, chofer y varios datos más. El Sictrac surgió de un acuerdo entre trabajadores y parte del sector empresarial, en pos de controlar la informalidad en el sector.

El episodio en el ingreso al puerto abrió un debate político entre el gobierno, el Frente Amplio (FA) y el PIT-CNT en torno a la LUC, norma citada desde el Ministerio del Interior para proceder al desalojo de los trabajadores que realizaban el reclamo. El artículo 468, incluido entre los que se someterá a referéndum en marzo, declara “ilegítimos” los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público. A partir de esta norma, la Policía está habilitada a reprimir el piquete para restablecer la libre circulación.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo a la diaria que aproximadamente a las 7.00 de este miércoles “se produce la acción de impedir el acceso al puerto” y “a partir de allí” tanto el ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP) como él, “en reiteradas oportunidades” plantearon “la posibilidad de instalar una mesa de diálogo” con el Sutcra, a lo que “los trabajadores se negaron”.

“Y, por lo tanto, si persisten en la actitud de impedir el ingreso al puerto, obviamente violando la ley, con toda la afectación que significa para otros trabajadores y para el conjunto de la producción, dimos cuenta al Ministerio del Interior, que procedió a solicitar el retiro, y como se siguieron negando tuvieron que forzar a que se retiraran”, explicó Mieres.

“Estos trabajadores estaban manifestándose por un tema de seguridad que hace tiempo se viene planteando, pero que no se iba resolver en el día”, añadió. El ministro consideró que “cerrar el puerto es inadmisible” e “inaceptable, absolutamente”. Aseguró que todo lo hecho por las autoridades fue “de acuerdo a la ley” y que “la actividad de la Policía no mereció ningún tipo de cuestionamiento en cuanto a los criterios que se utilizaron”.

Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, habló con Telemundo y dijo: “Se los intimó, porque hoy hay una ley, la LUC, y justo son los artículos que están impugnados, donde se asegura la libre circulación”. Sobre los hechos, planteó: “Lo que estaba pasando era el impedimento del acceso al puerto y la libre circulación. En este caso, de camiones con ganado y de insumos para el ganado, porque había un barco que estaba zarpando con ganado de exportación”.

Por su parte el presidente Luis Lacalle Pou dijo que “no hay crispación” entre el gobierno y los sindicatos, y que “capaz que a alguno le sirve dar manija”. Entrevistado por Telenoche, sostuvo que no tiene una postura de “ir a los extremos” y que su rol es “defender a los dos [en referencia a los trabajadores que reclaman y a los que quieren ingresar a trabajar]; por eso es difícil gobernar”. “Que protesten con sus pancartas, pero cortar el ingreso a un trabajador que quiere hacer su jornal, no”, planteó y agregó que “la Policía, en uso de la fuerza legítima, retiró a personas”.

“Una brutal represión”

En la tarde, luego de que se sucedieran los acontecimientos, dirigentes del PIT-CNT dieron una conferencia de prensa. El presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, Daniel Diverio, advirtió que “hay un escenario de enfrentamiento ante los reclamos de los trabajadores”. “Cuando los trabajadores se movilizan para generar las condiciones para que el reclamo se haga de hecho, lo que encontramos es una brutal represión similar a la que sufrieron los compañeros de la Unott [Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte] la semana pasada”, expresó. Diverio informó que la represión de este miércoles culminó con “compañeros que tuvieron algunas lesiones”. Además, consideró que “la aplicación de la LUC a rajatabla dinamita la posibilidad de los trabajadores de reclamar por su justo derecho”.

Juan Dorado, dirigente del Sutcra, aseguró que lo “más importante” del reclamo es que “las condiciones son deplorables” para el trabajo en el sector. Los conductores “tiene que hacer muchas horas, muchas veces en condiciones que son infrahumanas, provocando lo que muchas veces ocurre”. Repasó que por año mueren en siniestros de tránsito 15 trabajadores, y en promedio fallecen “100 personas en accidentes en los que participa un camión”. “Es un problema muy grande que nosotros queremos resolver”, aclaró.

“Que el Estado se haga presente y empiece a sancionar a las empresas que están obligando a los trabajadores a estar en las condiciones en las que estamos. Estamos matando gente, estamos perdiendo familias”, dijo, y alertó que, en paralelo, “se están evadiendo 600 millones de dólares por la subaportación del sector patronal”. El Sutcra ha denunciado en los últimos años el alto nivel de informalidad que hay en el transporte carretero.

Sobre estos reclamos, Mieres dijo que “hay un diálogo establecido con el MTOP y hay un compromiso de que se va a poner a funcionar otro sistema de control”, similar al Sictrac. “Si mientras no está en funcionamiento el sistema de control van a seguir parando a cada rato, está bravo”, expresó. El ministro añadió que el sistema impulsado por el gobierno anterior “se derogó por otras razones que no tienen nada que ver con la seguridad de los trabajadores [hubo denuncias por irregularidades en el proceso de selección de empresas]”.

“Autonomía para actuar en forma inconsulta”

La respuesta policial y el procedimiento del MI ante el reclamo de los trabajadores recibió críticas de distintas voces del FA. En diálogo con la diaria, el senador Charles Carrera dijo que se vio “una movilización totalmente legítima”, porque los trabajadores “están reclamando salario y seguridad en el trabajo”. Sobre la aplicación de la LUC para reprimir la movilización, el legislador apuntó que “lo que hace esta norma es dar total autonomía para que la Policía actúe en forma inconsulta, para que la Policía defina en forma administrativa cuándo se está ante un piquete o no, y no se da cuenta a las autoridades judiciales, y eso no está bien en un estado de derecho”.

Javier Benech, encargado de comunicación de la Fiscalía, dijo que la fiscal de Flagrancia de 7° turno, Silvia Naupp, manifestó que la orden que dio a la Policía fue que “se notificara a los manifestantes que debía cumplirse con todos los derechos”. “Que ellos tenían derecho a manifestarse, amparados en el libre ejercicio de la libertad de expresión y reunión, pero que debían permitir también el acceso al puerto, el derecho de libre circulación de las personas que querían ingresar a trabajar. Obviamente, la fiscal no es la que ejecuta el operativo”, explicó.

Carrera, en tanto, apuntó: “Lo otro que vimos fue que se detuvo a personas. Luego vamos a hacer el pedido de informes correspondiente, en el sentido de si se aplicó la Ley de Procedimiento Policial. Por las imágenes que pudimos apreciar, tenemos dudas de si el procedimiento fue acorde”.