El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) hizo este miércoles un paro de 24 horas a partir de las 15.00 con movilización hasta el Palacio Legislativo. Los trabajadores rechazan el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie porque consideran que atenta contra las fuentes de trabajo y “avasalla la soberanía nacional”.

Marcelo Briñón, presidente del Supra, dijo a la diaria que el acuerdo se realizó “a puertas cerradas, a escondidas y a espaldas de los trabajadores”. El dirigente aseguró que el mismo día en que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, dio a conocer los detalles sobre el contrato, el Poder Ejecutivo elaboró dos decretos, uno que ratifica la concesión a 50 años y otro que modifica el reglamento de atraque en el puerto de Montevideo.

“Se está aplicando un monopolio privado en la terminal especializada de contenedores a raíz de esta reglamentación por la que todos los buques portacontenedores tienen que ir a la terminal especializada”, dijo Briñón, y aseguró que esto perjudica a la empresa Montecon.

A pesar de que se trata de una competencia entre empresas, que no es nueva, el presidente del Supra considera que pone en juego los 800 puestos de trabajo en la empresa Montecon. “Es un conflicto entre empresas en el que el Estado está tomando partido por una de ellas; nosotros tenemos afiliados de las dos empreas”, dijo, y aclaró que además de la preocupación de las personas que trabajan en Montecon se suma la de los trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) -firma concesionaria, propiedad 80% de Katoen y 20% del Estado-, porque “entienden que Katoen Natie presionó y amenazó al gobierno con un juicio multimillonario”.

“Si uno piensa con un criterio lógico, la empresa TCP podría tener una buena sintonía y negociar un buen convenio colectivo, ya que tienen la concesión por 50 años, pero hoy los compañeros están negociando un convenio y hubo instancias en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque no se llega a un acuerdo. Las condiciones de trabajo son bastante precarias. Antes se podía decir que había un convenio ejemplar, con jornales asegurados, mientras que ahora tienen un convenio con lo mínimo que garantiza la ley, que son 13 convocatorias mínimas al mes”, sostuvo el dirigente sindical.

Desde Supra consideran que el gobierno debería exigirles a estas multinacionales un buen convenio con los trabajadores, “con certeza”, pero “eso no pasa”.

“Perdiendo espacios públicos”

Tras su comparecencia ante la Comisión de Transporte del Senado, en abril de este año, Heber dijo, en una rueda de prensa, que “se ha criticado que dimos 50 años más de concesión” porque “va a haber 450 millones de inversión en el período, la más grande en la historia de la vida del puerto”. Además, agregó que va a generar más trabajo.

Briñón comentó que la visión del sindicato es otra: “Se podrán crear algunos puestos, pero son muchos más los que están en riesgo en el resto de los operadores. Tampoco creemos que se vayan a captar nuevas cargas; lo que se está haciendo es redireccionar las ya existentes hacia una sola terminal; por tanto, a nuestro entender, no habría captación de nuevas cargas”.

Con relación a la soberanía nacional, dijo que esta nueva concesión hace que gran parte de los muelles públicos sean manejados por privados. Al mismo tiempo, Montecon “ha amenazado con un juicio internacional por posibles pérdidas”. “La pregunta que nos hacemos es si el gobierno va a ceder ante las presiones, porque sí sabemos que hay una iniciativa privada por parte de Montecon para una nueva terminal especializada multipropósitos, y el gobierno se la ha ofrecido; esto quiere decir que está ofreciendo una terminal en el muelle C, el último en el que invirtió el Estado y que hoy es de la Administración Nacional de Puertos”, por lo que, de concretarse el negocio con Montecon, “estaríamos perdiendo espacios públicos”, dijo.

“La política que este gobierno está llevando adelante es desmantelar las empresas públicas o dejarlas en una mínima expresión”, afirmó.