Este jueves los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ) ocuparon por seis horas la planta de ALUR de Capurro. La ocupación comenzó a las 5.00 y terminó a las 11.00; durante ese lapso los trabajadores sólo dejaron entrar al personal de la guardia perimetral, a cargo de una empresa tercerizada, y a los trabajadores de limpieza que se quedaron junto a los ocupantes. En el correr de la mañana se acercaron el presidente y el vicepresidente de Ancap, Alejandro Stipanicic y Diego Martín Durand, respectivamente; y el gerente general y presidente de ALUR, Álvaro Lorenzo y Alfredo Fernández Sívori.

Desde inicios de este año el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) planea la posibilidad de eliminar el biodiésel del gasoil para eliminar sobrecostos, un planteo que está dentro de la Rendición de Cuentas que terminaría de recibir media sanción de la Cámara de Diputados este jueves. Sobre la eliminación de biodiésel, el acuerdo al que se llegó entre los partidos de la coalición de gobierno fue votar el artículo y seguir discutiéndolo en el Senado. Cabildo Abierto (CA) es el partido que más reparos ha puesto; incluso el director de Ancap en representación de ese partido, José Luis Alonso, dijo a la diaria que la producción es “altamente eficiente”.

Sobre la negociación que mantuvieron, Nicolás Lema, dirigente de STIQ, dijo a la diaria que los representantes de las empresas públicas no lograron darles certezas sobre la continuidad de la actividad. “Tienen proyectos que están en el tintero. El gobierno tiene que darnos certezas, lo que nos plantean son castillos en el aire. Entendemos que Ancap y ALUR están buscando los caminos alternativos para que la planta siga produciendo, lo que nos rechina es tener capacidad exportadora y que nos demos el lujo de no mezclar biodiésel y no cumplir con un acuerdo internacional”, dijo en referencia a los acuerdos de París, de diciembre de 2015, cuando varios países del mundo, incluso Uruguay, se comprometieron a combatir el cambio climático.

“Esto tiene un tinte ideológico político. Tienen que justificar la baja del gasoil y cumplir lo que prometieron a las grandes gremiales”. Según comentó el sindicalista, las autoridades les aseguraron que la idea es exportar biodiésel y que la empresa no cierren, pero “no hay nada firme”.

Además, desde Ancap les aseguran que “en el peor de los casos los 40 puestos de trabajo [que se perderían con el cierre de la planta de ALUR en Pueblo Belén] se van a reubicar, pero tenemos que tener en consideración que una vez que se deje de producir biodiésel Ancap va a tener que asumir un pago a Cousa de 80 millones de dólares”, dijo.

Lema comentó que entre Cousa y ALUR hay un contrato vinculante por el que la empresa del Estado compra el grano y Cousa lo procesa para producir aceite para el biodiésel: “Ese contrato es muy a la americana, si alguna de las dos partes falla tiene que pagar lo que no se está explotando, y el vencimiento de ese contrato es en 2030”, comentó el sindicalista.

Además de este gasto, Lema dijo que se deberá asumir la financiación de la planta, un millón de dólares por año hasta 2030. “Es raro que para hacerle un favor a los agroexportadores se corran tantos riesgos de perder dinero de las arcas del Estado”, dijo.

“ALUR es una lógica de tres plantas que se financian entre sí en diferentes partes del año. Cuando se deja de facturar en una, la lógica se termina y repercute en Bella Unión, que tiene una pata social muy fuerte. Si cierra Capurro inevitablemente va a terminar cayendo Paysandú [Pueblo Belén] y Bella Unión”, afirmó el integrante de STIQ.

Sobre la ocupación, Lema dijo que tomaron el control del polo industrial y se precintó todo para “darle las garantías a la empresa de que después de desocupar todo estuviera como lo dejaron”.

En la mañana, Stipanicic solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para proceder a la desocupación, que fue acordada con el sindicato. Tras el levantamiento, el presidente de Ancap dijo que “a pesar de discursos agresivos y de tono que no corresponde a la relación trabajadores/empresa, hemos constatado que la mayoría de los trabajadores quieren un diálogo sensato y honesto”. En su cuenta de Twitter informó que se buscará “explicar lo que sea necesario sobre las decisiones que son responsabilidad de la empresa. Con el sindicato negociaremos todo aquello que afecte a los trabajadores, pero no las decisiones que deben tomar quienes están a cargo de la gestión”.

“Al margen de las diferencias, ALUR quedó conforme con cómo entregamos la planta; eso nos da cierto grado de tranquilidad por el compromiso del Sindicato de la Química en defender los puestos y el lugar de trabajo”, comentó por su parte Lema.

El STIQ tiene previsto un paro general, pero aún no tiene fecha definida. También serán recibidos la semana que viene en la Dirección General del Trabajo para una negociación con las empresas y el Ministerio de Trabajo; a su vez, están esperando ser recibidos por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ya que hicieron cinco pedidos de audiencia.