Este lunes el Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel) emitió un comunicado en el que advierte que el Estado uruguayo deberá enfrentar juicios millonarios si continúa con el llamado a empresas para la administración de la base de datos en el proceso de cambio hacia la portabilidad numérica.
Desde el Poder Ejecutivo promueven este sistema por el que cada persona y no las empresas serían las propietarias de su número de teléfono celular; alegan que se trata de que los usuarios tengan más libertad para cambiar de compañía conservando el número; para esto se tienen que unificar los datos y es necesario contratar una empresa que los administre.
Desde el sindicato señalan que si es aprobado el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), el Estado estaría incumpliendo con lo que se está negociando con estas empresas.
“Como es de público conocimiento, los artículos 471, 472 y 473 de la LUC declaran que la Portabilidad Numérica es un derecho de los usuarios de los servicios de telefonía móvil, lo cual rompe con una lógica que pretende defender a nuestra empresa Antel otorgando la inclusión de claras políticas agresivas por parte de las multinacionales, quienes ofrecerán 'mejores' condiciones contractuales a los usuarios”, expresa Sutel.
El sindicato agrega que la experiencia internacional demuestra que “un número menor de usuarios cambia de operador de telefonía, en relación al gasto ocasionado al sistema. La implementación de la portabilidad numérica sólo logrará elevar en forma desmedida los gastos de los operadores, recogiendo nulos beneficios para sus usuarios. Estas medidas, entre otras ya denunciadas por los trabajadores y trabajadoras de Sutel, afectan a la empresa uruguaya, que debería realizar importantes gastos para competir en forma equitativa en un contexto claramente desfavorable de desidia de las autoridades actuales”.
Finalmente, Sutel reclama que se detenga el proceso “antes de que la Portabilidad Numérica 'caiga' por la decisión soberana que legítimamente y transitando los caminos correspondientes ya se ha expresado y, confiamos, lo ratificará una vez más en las urnas, evitándole al Estado uruguayo mayores costos y reclamos a futuro por responsabilidad de quienes hoy son las autoridades competentes”.
Gabriel Molina, presidente de Sutel, dijo a la diaria que le están pidiendo a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y al Poder Ejecutivo que no se tome ninguna resolución porque la portabilidad se podría llegar a derogar de convocarse el referéndum contra los 135 artículos de la LUC, y de ganar el Sí: “Si el gobierno continúa tendrá costo millonario en demandas por no poderla poner en marcha. Lo más democrático es suspender cualquier acción”.
Molina comentó que en una reunión le preguntaron a los directivos de Antel cuánto costará la portabilidad, y “dijeron que no sabían”, pero según los cálculos del sindicato serían unos seis millones de dólares, dinero que Molina dijo que no es necesario gastar en un “momento tan complicado”. Otro de los reparos de los trabajadores es la manera en que se repartirán las ganancias; hoy Antel tiene 51% del mercado, pero de aplicarse la portabilidad el dinero se distribuiría de forma equitativa, lo que le hará perder dinero a Antel.
“Lo que hay que decir es que hoy podemos elegir en qué empresa estar, se firma un contrato y se tiene la libertad. Lo simpático de esto es que se respeten los prefijos, pero lo que está encubierto es todo lo que pierde la empresa uruguaya”, dijo Molina.
El integrante de Sutel aseguró además que los artículos 153 y 154 de la Rendición de Cuentas también son perjudiciales para Antel porque crean un “fideicomiso para universalizar las telecomunicaciones”; con eso obligan a las empresas a llegar a todas partes del país, pero “Antel eso lo tiene, no es necesario, ya lo hizo con Universal Hogares”, comentó.