Clasificadores reclamaron aprobación de proyecto financiado por el BID para saneamiento, limpieza y gestión de residuos en Montevideo

Sobre el mediodía de este martes, y antes de que la Junta Departamental de Montevideo (JDM) aprobara en sesión extraodinaria una prórroga de 70 días para concretar la continuación del Programa de Saneamiento Urbano de Montevideo Sexta Etapa mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las cooperativas de Clasificadores de Montevideo, Clasificadores Ambulantes y Motocarreros se manifestaron frente a la sede del organismo, ubicada sobre la calle 25 de Mayo. La protesta fue acompañada por la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus) y por el PIT-CNT; tuvo como plataforma el apoyo a la puesta en marcha del plan presentado por la Intendencia de Montevideo (IM) que, además de obras de saneamiento, incluye mejoras en limpieza y gestión de residuos para la capital: “Trabajo digno para todos los clasificadores y que paguen las grandes empresas que inundan la ciudad con residuos descartables”.

En una carta que los manifestantes entregaron a la junta, reclaman “una rápida solución al plan propuesto” por la IM. “Ese plan contiene cambios importantes a la gestión actual, que coinciden con nuestras propuestas históricas: más separación en origen, recolección diferenciada y generación de puestos dignos de trabajo. Sabemos que es mejorable y que sobre la marcha podemos agregar nuevas propuestas, pero entendemos que tiene que empezar cuanto antes”, dice el documento dirigido a los ediles.

Jorge Ramada, integrante de la Secretaría de Seguridad y Medio Ambiente del PIT-CNT, dijo a la diaria que una de las razones de la protesta fue la oposición de los ediles no oficialistas al préstamo del BID, cuyo destino serían las tareas de saneamiento y limpieza.

“Insisten en que deja de lado algunos barrios en situación de vulnerabilidad porque no llegaría el saneamiento. Sin embargo, históricamente, los planes de saneamiento de este país tuvieron recursos importantes para limpieza, porque esta evita que la basura entre en las cañadas y las alcantarillas”, dijo.

Ramada aseguró que, de no ser aprobado el plan, significaría un perjuicio para “un montón de personas en situación de vulnerabilidad como lo son los clasificadores, que hoy siguen trabajando de manera informal”. Además, añadió: “Bajo la excusa de proteger a algunos vulnerables, se condena a otros. A partir de esto Ucrus resolvió hacer una movida pidiendo que se apruebe, cuanto antes, el plan”.

Este lunes, integrantes del oficialismo y la oposición en Montevideo acordaron un texto para solicitar una prórroga al BID para la aprobación del préstamo por 70 millones de dólares −que requiere mayoría especial− y estará orientado a las obras de ese plan.

En la carta dirigida a la JDM, los trabajadores alegan que “con el aumento de la desocupación de estos dos últimos años, ha crecido el número de compañeros que se procuran la diaria a partir de los residuos, la mayoría en condiciones lamentables; y este plan puede llevar a generar cerca de 1.000 nuevos puestos de trabajo digno en tareas de recolección, clasificación y valorización de residuos”.

El grupo cree que postergar este proyecto “juega a favor de los que generan la mayor parte del problema pero tratan de pagar lo menos posible e impiden mejorar la clasificación: las grandes empresas envasadoras e importadoras. A ellas ha servido la Cámara de Industrias [del Uruguay, CIU], achicando lo más posible los fondos para que funcione el Plan de Gestión de Envases y manteniendo sueldos miserables a los trabajadores de las plantas de clasificación, además de impedir que crezcan con emprendimientos productivos”.

Sobre esto, Ramada dijo que “los generadores de envases descartables y los importadores de productos con envases no retornables están pagando miserias, y apenas ha servido para formalizar a 200 trabajadores de todo el país, rescatando menos de 5% de los envases. Hicimos cuentas: en este país se generan 1.000 millones de envases diarios, sin contar los de los lácteos y los dulces, y la CIU, que participa en el fideicomiso, está pagando diez centésimos de pesos por envase. Lo que queremos visibilizar es que, detrás de esta oposición, no sólo está la supuesta intención de ampliar la red de saneamiento sino también está defender estos intereses que históricamente se han opuesto a cualquier sistema serio de clasificación”.

La semana pasada, el Grupo de trabajo por la implementación de la Ley de Residuos (19.829) expresó en un comunicado que, “en líneas generales”, están de acuerdo con lo que se plantea desde la IM, pero también tiene algunos reparos.

El grupo está compuesto por el PIT-CNT, distintos colectivos de la Universidad de la República y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Para el ingeniero agrónomo Manuel Chabalgoity, exdirector nacional de Ordenamiento Territorial e integrante del grupo de trabajo, el plan de la IM en relación a los residuos “en gran parte va en dirección de lo que venimos pregonando”. Si bien consideró que es “perfectible y mejorable”, creen que empezar por la aplicación “es un comienzo, sobre todo para superar una situación heredada de la vieja Ley de Envases, que claramente ya no da para más”.

En la actualidad, la ley dice que todas las empresas que usen envases no retornables para comercializar sus productos deben tener un plan de gestión de residuos y financiar la recuperación de los empaques en las plantas de clasificación y reciclado. Es la CIU la encargada de administrar el fideicomiso conformado por más de 2.200 empresas.

La carta fue entregada a la presidenta de la JDM, Sofía Espillar, quien recibió a los manifestantes, según informó el organismo en su cuenta de Twitter.