Este martes la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) se reunió con la bancada de legisladores de la coalición de gobierno para plantear sus inquietudes sobre la Rendición de Cuentas entregada este 1° de julio al Parlamento. El proyecto, de 459 artículos, será analizado en esta primera instancia en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados.

Joselo López, integrante de COFE, comentó a la diaria que uno de los puntos que preocupa a los trabajadores son las reestructuras en los organismos del Estado. Hay una “contradicción flagrante” del Poder Ejecutivo (PE), señaló, porque hace 15 días el gobierno publicó un decreto en el que se establece que se deberán hacer las reestructuras y declarar trabajadores excedentes. “Es una obligación que impone el Poder Ejecutivo a sus ministerios, pero ahora la ley [de Rendición de Cuentas] dice que se ‘podrá’”, algo que va más en línea con lo que pide la confederación, que presentó un recurso administrativo contra el decreto.

El artículo 7 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas establece que los incisos de la administración central “podrán presentar al Poder Ejecutivo proyectos de reformulación de sus estructuras organizativas y puestos de trabajo, de acuerdo con las pautas establecidas por el Poder Ejecutivo en la reglamentación”. Señala que el Poder Ejecutivo podrá aprobar las reestructuras con el dictámen favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), “sin perjuicio de lo establecido en la Ley 18.508”, de Negociación colectiva en el sector público.

“Creemos que debería dejarse de lado ese decreto y procesar un ámbito de negociación, más acorde a lo que plantea la ley, que debería estar por encima del decreto”, dijo López.

Otro aspecto en el que se profundizó fue en los cambios que introduce el proyecto en el régimen de certificaciones médicas. “Si lo que pretende el Poder Ejecutivo es avanzar en la corrección de eventuales situaciones de abuso hay que ir por un lado muy diferente del que está planteando, que castiga a los buenos trabajadores y terminan pagando justos por pecadores”, comentó.

Los cambios a los que se refiere López fueron estudiados por una Comisión Especial integrada por la ONSC, OPP, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud Pública, el Banco de Previsión Social, el Banco de Seguros del Estado, COFE y el Colegio Médico, que fue cuestionada por los sindicatos públicos.

Desde el oficialismo se espera mantener una normativa aprobada en el presupuesto por la Cámara de Diputados que establece que los trabajadores no tendrán derecho a percibir retribución alguna por los primeros tres días desde el comienzo de cada licencia por enfermedad o accidente, y a partir del cuarto día, hasta que se reintegren, recibirán un subsidio por 75% de su salario.

López comentó que los legisladores hicieron varias preguntas sobre esto y “quedaron de estudiar el tema porque en algunas cosas coinciden con COFE”. “Los que se hacen los vivos están jugados y esto no les va a mover la aguja, pero a los que se enferman se les va a hacer un descuento que genera inequidad”, argumentó.