Cuando el pasado fin de semana se conoció el comunicado de la Asociación de Transportistas de Combustible (ATC), saltaron todas las alarmas. El anuncio era que entre el lunes 13 y el miércoles 15 no se cargaría combustibles “en las plantas de Ancap para proveer a las estaciones de servicio”. Eso auguraba un importante desabastecimiento en distintas ciudades y departamentos del país.
Después de algunas gestiones iniciadas oficialmente el lunes, este martes por la mañana el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Asociación de Transportistas de Combustible (ATC), con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) mediante, lograron un acuerdo para desactivar un problema que parecía transformarse en un dolor de cabeza para todas las partes.
Robert Batista, asesor legal de ATC, explicó a la diaria que tras alcanzarse un acuerdo con el gobierno, en la ATC hay conformidad, “porque se respetaron los negocios de transporte de todas las empresas que lo tienen, que son las empresas transportistas legalmente establecidas y son un grupo de 60 estacioneros, entonces hay conformidad con el acuerdo alcanzado”.
El acuerdo cerrado tendrá una duración de dos años. Consultado sobre si esta situación no se volverá a repetir transcurrido ese período de tiempo, Batista respondió: “Eso es verdad, pero se puede ver la mitad del vaso vacío o la mitad del vaso lleno. Nosotros tampoco teníamos acuerdo con ningún plazo, no teníamos ni un día de plazo en la vinculación con Ancap, y ahora tenemos dos años entonces pasar de cero a dos, lo vemos positivo. Tampoco podemos decir que sea eterno porque no podíamos pretender una vinculación para siempre, porque una vinculación para siempre no existe legalmente”.
Agregó que “dentro de dos años si hay que hacer algún cambio, lo veremos. Tenemos un plazo de 60 días anteriores al vencimiento de los dos años para sentarnos y hablar. Por lo tanto, estamos conformes con esto”. Batista también explicó cómo se llegó a la decisión del pasado sábado 11 cuando se emitió el comunicado informando sobre la decisión de no abastecer de combustibles durante tres días a las estaciones de servicio.
“Durante todo este 2023, el gobierno fue emitiendo resoluciones de la URSEA [Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua], y fue avisando verbalmente el MIEM, que en diciembre dejábamos de tener el transporte de combustibles, y el negocio se le entregaba a los sellos. Los sellos son Axion, Disa y Ducsa [Distribuidora Uruguaya de Combustibles Sociedad Anónima], que asumirían el negocio de distribución de combustibles. Nosotros fuimos hablando, y preguntando qué pasaba con los transportistas actuales, porque teníamos un vínculo de unos 20 años. Tenemos nuestro negocio, los camiones, los choferes. No se trataba de romper todo”, explicó Batista.
Destacó que a medida que pasaba el tiempo, y que las conversaciones con el gobierno no lograban avances, se resolvió ejecutar la paralización. “Se venía diciembre, donde quedaban sin trabajo los transportistas, porque el gobierno, en el nuevo esquema regulatorio, le entregaba la distribución a los sellos. Entonces la paralización fue en defensa de las empresas y de la distribución de combustible actual para mantener los negocios. Como agotamos la instancia de diálogo sin éxito, no quedó otra que la paralización”, sostuvo.
El asesor comentó que a nivel nacional, actualmente, “hay unos 180 camiones de empresas transportistas, más unos 60 de las estaciones que tienen lo que se llama autodespacho, que es un camión propio de transporte de combustible para llevarse a su estación el combustible” dijo, y agregó que son 250 camiones en total los que realizan la distribución de combustible diariamente desde las plantas de Ancap, La Tablada, Paysandú, Juan Lacaze, Treinta y Tres y Durazno a las 480 estaciones de servicio que hay en todo el territorio nacional.
Comentó Batista que desde enero a la fecha, se habían celebrado entre ocho y diez reuniones con el gobierno para analizar y resolver el tema, pero lo que sucedía en esos encuentros era que “había mucha conversación pero ninguna solución. No había negociación. No voy a mentir”. Las reuniones eran con autoridades del MIEM, de la URSEA y también con legisladores de distintos partidos de la coalición de gobierno en el Parlamento.
Consultado acerca de si el gobierno tuvo que firmar el acuerdo para evitar un conflicto de alcance y consecuencias inesperadas, respondió: “Creo que el gobierno no quería prescindir de los transportistas actuales. No tenían la intención de generar un caos. Pienso que no tomaban dimensión que rescindiendo el vínculo con los transportistas, los sellos quizás después contrataban a los transportistas, o no. Posiblemente no, porque habían hablado que querían hacer una licitación y traer alguna empresa internacional de transporte. El gobierno no tomó dimensión de que con una medida que podía tener un buen interés, habían generado una bomba”.
La decisión de la ATC tomó estado público a sólo seis días de la asunción de la nueva titular del MIEM, Elisa Facio. Batista reconoció que en las reuniones con la ministra por momentos “hubo tensión, porque el tema era tenso y el desabastecimiento generaba presiones al gobierno y a nosotros. Estábamos todos muy tensos, sobre todo el lunes. Atravesamos el tema con mucha altura. Y la ministra también estudió, analizó y discutió el tema, creo que sin duda estuvo a la altura del cargo”.
De ahora en más, se trabajará a través de una comisión conformada solamente por el MIEM y la ATC. La comisión quedó instalada, y estudiará el tema en reuniones que se celebrarán una vez por mes. Además, estudiará el régimen de transición previsto por una resolución de la URSEA de este año. El acuerdo, firmado este martes y que tiene vigencia hasta el 30 de noviembre del año 2025, tuvo también el compromiso de ATC de levantar las medidas de manera inmediata.
Tras el acuerdo, Facio dijo en rueda de prensa que habían “estado conversando” con la ATC desde el lunes y que “lo que destrabó básicamente la situación es que se prorroga una entrada en vigencia de una reglamentación que era a partir del primero de enero del 24, por dos años”. Sobre esta reglamentación, la ministra manifestó que es “positiva para el país y para la población”, pero que los transportistas “necesitan tiempo para adaptarse”. “Lo que nosotros arreglamos fue crear una comisión y en esa comisión trabajar durante estos dos años justamente para conseguir la adaptación de los transportistas y el ajuste de la reglamentación. Entendemos, y así lo establece la LUC [ley de urgente consideración], y así fue ratificado por la ciudadanía, que Ancap es un agente que no tiene por qué jugar un rol en este sistema. Lo que estábamos haciendo es sacar a Ancap y darle más competencias a la URSEA”, concluyó Facio.