En el marco de una serie de asambleas y movilizaciones organizadas por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) para dar a conocer la situación del Banco de Previsión Social (BPS), este jueves el sindicato instaló un gazebo frente a la sede central del ente para informar a la población. Karina Sosa, presidenta de ATSS, habló con la diaria y dijo que los reclamos del sindicato vienen desde hace “mucho tiempo” y tienen que ver principalmente con el recorte de la reposición de vacantes en el BPS.
Recordó que desde la administración anterior hubo un recorte de la reposición de personal, ya que se implementó el sistema del 3x2, en el que ingresaban dos funcionarios por cada tres que se iban del ente. En la actualidad, el gobierno minimizó el sistema a 3x1, “pero eso ni siquiera llegó a cumplirse”, afirmó.
Señaló como responsable a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que “ha marcado un camino de recortes y no está contemplado en las necesidades de una institución como el BPS, que lo que hace es atender las necesidades de las personas más vulnerables”.
De acuerdo a Sosa, el BPS está en un “mínimo histórico” de personal, ya que el ente actualmente cuenta con 3.300 funcionarios efectivos. Añadió que también hay “entre 600 y 500 becarios y pasantes, que es personal que viene a hacer una experiencia laboral”, pero que “termina trabajando en puestos estructurales por un salario muy inferior al de un funcionario real”.
Comentó que el directorio del ente “ha sido muy abierto a tener reuniones” con el sindicato y escuchar sus planteos, pero “ha sido poco resolutivo, porque sigue los lineamientos de la OPP, que marcan que hay que hacer recortes”. Planteó que eso no ocurre solamente en BPS, sino que en otros entes del Estado como UTE, OSE y Antel, donde también falta personal. “A nosotros nos preocupa porque el BPS es el sostén real, económicamente hablando, de la población más vulnerable. Nos preocupa que haya gente que no tenga para comer”, dijo.
A causa de la falta de trabajadores, Sosa indicó que surgen una serie de problemas para los usuarios de BPS. En primer lugar, mencionó que tiene consecuencias en los usuarios del BPS y señaló que actualmente hay 800 personas que “si tomaran la decisión de jubilarse, pueden hacerlo; eso nos dejaría realmente muy desmantelados a nivel país”. En ese sentido, explicó que los que quieran entrar a la agenda de BPS para comenzar el trámite jubilatorio, recién podrían conseguir fecha para diciembre o enero: “¿Una persona que no tiene ingresos puede esperar seis meses para jubilarse? Realmente es muy preocupante”, aseguró.
Otro servicio que se ve afectado por el bajo número de personal es el que se presta en cada sucursal del ente. “Lo que la gente no sabe es que en las sucursales antes había 20 trabajadores, hoy hay 6 o 7. En esas sucursales antes se atendían todos los tipos de trámites, hoy sólo se atiende en uno pasivos y en otro activos”, relató. Eso implica que “si una persona vive muy lejos de una sucursal se tiene que cruzar todo Montevideo para hacer un trámite de desempleo, y viceversa si lo que quiere hacer es una jubilación”.
En ese marco, criticó que se comience a implementar la reforma jubilatoria que aprobó el gobierno y apuntó que “empieza a aplicarse cuando el Poder Ejecutivo decía que lo haría de forma paulatina y que no se iban a ver los efectos hasta 2033, pero en realidad ya hay efectos a partir del primero de junio de este año”. Planteó que los funcionarios de BPS no fueron capacitados ante los cambios de la reforma, que están trabajando “de forma muy exigente” y “sin contemplar la seguridad y salud del trabajo que debe ser la base del cuidado de todo patrono, sea público o privado”.
Como ejemplo, indicó que uno de los cambios se pueden ver, a partir del pasado del 1 de junio, es con el comienzo de los plazos para acreditar el trabajo anterior a 1996, año donde se inició el registro de forma nominada de las actividades en la historia laboral. También apuntó que, con la reforma jubilatoria, a partir del 1º de agosto cambia la forma de jubilación por enfermedad.
Por eso, criticó que a partir del 1º de diciembre “se le da una ganancia neta a las AFAP (Administradora de Fondos de Ahorro Previsional) del 5% de los sueldos de los trabajadores nuevos del país”. “Nosotros venimos repitiendo y remarcando que eso desfinancia de forma considerable al BPS, y que si ese dinero estuviera en el BPS, se podrían hacer las cosas mucho mejor”, señaló.
Aparte de esto, también recordó que los funcionarios del BPS y los entes públicos llevan “tres años de pérdida salarial” y están “negociando un convenio colectivo que nunca se termina de firmar porque no nos ofrecen nada”. “Las políticas que empezó a llevar adelante el Ministerio de Economía conjuntamente con el Poder Ejecutivo distan mucho de lo que nos dijeron que iba a pasar. A pesar de eso, siguen abusando de la buena fe del trabajador, que sigue apostando a cumplir con sus tareas para no dejar a la gente de a pie”, aseguró.
Consultada sobre la posibilidad de que el sindicato tome medidas, explicó que lo primero que tienen que hacer es “convencer a la opinión pública de que el sindicato no está en contra de la población, porque hay un relato muy marcado de que el funcionario público, como es inamovible y tiene ciertos beneficios, no se preocupa por lo que le pasa al otro”. En ese sentido, dijo que hacer un paro con las condiciones actuales del BPS “complica más al beneficiario, porque le estamos robando un día de atención al público. Estamos tratando de tomar medidas que no afecten más y que no lesionen derechos de la población”.