Cada tercer lunes de octubre se celebra el Día de la Industria de la Construcción. En ese marco, la diaria entrevistó al secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Daniel Diverio, y al presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Alejandro Ruibal, dos referentes de una de las industrias más importantes del país, que saben lo que es discutir, negociar y acordar. Un ejemplo de las buenas relaciones laborales de las partes en la construcción fue la campaña de sensibilización denominada “Tengo un problema con las drogas”, que apuntó a la prevención del uso de sustancias en el ámbito laboral del sector. Desde sus miradas particulares, ambos realizaron una puesta a punto de la industria durante 2024.
En un balance de la actualidad, Diverio sostuvo que, en líneas generales, el Sunca “viene en un proceso en que se observa con mucha preocupación una situación de regulación y precarización del empleo en general, y de eso no escapa la construcción”.
“Quizá por la falta de fiscalización y control del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), vemos cómo se profundiza la informalidad o la precarización en algunas obras, donde los controles son más dificultosos”, agregó.
En esa línea, resaltó que el caso más concreto sucede en las obras de los nuevos barrios privados, “y la prueba más contundente fue con Balsa & Asociados, donde durante meses se estuvo sin pagar aportes sociales de 600 trabajadores, y ningún organismo estatal detectó la situación. Si no fuera porque los trabajadores organizados vieron la irregularidad, quizás hubiese sido más grande el fraude”, y agregó que se dieron casos similares en Maldonado, Canelones y Montevideo.
“Vemos que en la construcción, en referencia al volumen de empleo, no podemos hablar de que estamos en crisis. Estamos en niveles de porcentajes que son promedios interesantes, pero el problema que tenemos es que el volumen mayor de empleo está en la inversión privada, y con falta de inversión pública. Eso genera cierta incertidumbre”, sostuvo el dirigente.
Diverio afirmó que en la construcción particularmente la inversión pública “siempre tuvo un papel fundamental en la regulación” y en mantener una línea promedio de puestos de trabajo. Al respecto, consideró que “hoy hay una concentración muy fuerte de puestos de trabajo en el área metropolitana y Maldonado, y hay departamentos donde hay ausencia total de obras”.
El dirigente destacó que hasta 2019 casi el 40% de los trabajadores estaban vinculados a obras públicas, o a proyectos público-privados, como parques eólicos u otro tipo de obras, mientras que había 58% a 60% que estaban afectados a inversiones privadas.
“Después de la caída de la inversión pública muy fuerte en 2020, cuando se recortaron las inversiones en el presupuesto de las empresas públicas 15%, luego hubo otros recortes más en las líneas de intereses sociales y cooperativas de vivienda. Ahora esa ecuación pasa a ser que actualmente hay casi 80% o un poco más de trabajadores afectados a obras privadas, y no llega a un 20% de trabajadores en obras públicas”, se lamentó Diverio.
“El gobierno dice, y quizás las cámaras expresan lo mismo, que la inversión que hubo en obras de vialidad fueron muy fuertes, pero son inversiones que no generan muchos puestos de trabajo. Es cierto que en la construcción, en noviembre de 2023, teníamos 63.000 trabajadores, pero finalizada la obra de UPM y el Ferrocarril Central hoy estamos entre 49.000 y 50.000 trabajadores. Se perdieron 13.000 puestos de trabajo. No estamos en una crisis, pero queremos saber dónde están esos 13.000 puestos de trabajo. ¿Dónde están esos compañeros?, ya que por un puesto directo hay tres indirectos”, sostuvo.
Diverio entiende que se genera “dependencia de la obra privada”, lo que “es un riesgo, porque se depende mucho de la rentabilidad de la obra, y no se sabe si eso tiene continuidad a corto, mediano o largo plazo. Es por eso que el Sunca sigue reclamando que tiene que haber políticas de inversión pública, no solamente para mejorar las condiciones de vida de la población, sino también para regular el empleo”.
Por su parte, otra de las preocupaciones del sindicato tiene que ver con los siniestros, principalmente los que tienen como resultado el fallecimiento de trabajadores. Dijo que a partir de lo que fue la ley de responsabilidad penal empresarial, “el volumen de empresarios que pasaron por la Justicia no fue muy alto. Además, la Suprema Corte de Justicia falló que esa ley no era inconstitucional, y también que esa ley permitió modificar la normativa de seguridad e higiene, lo que originó una baja en los siniestros laborales en toda la industria”.
Es necesaria una fiscalía especializada en siniestros laborales
En materia de reclamos, desde el Sunca se entiende que continúa siendo necesaria una fiscalía especializada en siniestro laborales “que permita una nueva herramienta para reducir los accidentes. Con esa fiscalía estuvieron de acuerdo tanto Jorge Díaz como Juan Gómez, los dos últimos fiscales de Corte. Nos decían que podía ser una buena herramienta, pero el problema fue y es la falta de presupuesto para crearla. Es un tema que deberían atender quienes son candidatos a la presidencia”.
Además, la creación de un registro de empresas infractoras es un reclamo antiguo del sindicato. Sería para que aquellas empresas que permanentemente incumplen con la normativa integren un listado y tengan mayor dificultad para acceder a una obra pública. “Hay empresas que tienen denuncias de incumplimiento, por compañeros fallecidos. Sin embargo, siguen trabajando incluso para el Estado. Es una herramienta que queremos discutir, y que se puede aprobar. Estamos conversando con los candidatos a ver qué opinión tienen de eso”, aseguró.
En tanto, Diverio se expresó sobre el relacionamiento con el gobierno de coalición y con la Cámara de la Construcción. Afirmó que “nuestro sindicato se moviliza y pelea mucho, pero nunca renuncia al diálogo. Hay una cultura de diálogo con las cámaras empresariales que es constante. Permanentemente estamos discutiendo cómo mejorar los fondos sociales, o sobre la interpretación de algún convenio colectivo, o de los conflictos. A veces involucramos al MTSS para ayudar a resolver temas”.
La vivienda y las inversiones en vialidad dan trabajo a unas 56.000 personas en la construcción
Por su parte, Ruibal, ingeniero civil que también es el director general de la empresa constructora Saceem, explicó que a falta de poco más de dos meses para finalizar 2024 la industria está “en un buen nivel de actividad, y si tomamos la variable de los empleos de los trabajadores cotizantes en el BPS [Banco de Previsión Social]”, está “en el orden de 56.000”. “Es una cifra buena. El pico histórico es de 72.000 en 2012, pero arriba de 50.000 la industria tiene un nivel de actividad aceptable”, agregó.
Ruibal sostuvo que la cifra se ha mantenido “por las viviendas y el desarrollo de los proyectos, en el marco de la ley de vivienda promovida”, que ha “generado un empuje muy grande en la construcción en distintos departamentos, pero fundamentalmente en Canelones y Maldonado. Es una ley de 2010, durante el gobierno de José Mujica, que se votó por unanimidad”.
En ese sentido, recordó que se construían unas 3.000 viviendas por año, pero que después se bajó a 2.000. Dijo que “se realizaron algunos ajustes a la ley, y luego hubo un empuje grande en los últimos años, cuando se concretan algunas exoneraciones fiscales, se cambiaron topes, y se llevó a 5.000 o 6.000 viviendas por año, y eso es una de las bases que sostienen el empleo”.
También destacó las inversiones de vialidad, principalmente en materia de rutas y puentes. Comentó que “esto viene de hace unos cuantos años, y con el gobierno anterior, con el ministro Víctor Rossi, con planes de participación público privada, se fueron concretando distintos proyectos. Se sumó a una inversión importante también de la Corporación Vial del Uruguay, y eso generó una actividad muy grande que sostiene también la actividad”.
A modo de ejemplo, destacó además las inversiones de la Intendencia de Canelones con el fideicomiso, la de Maldonado y otras comunas, como así también UTE, con sus proyectos, en inversiones normales en línea de distribución, pero también en un proyecto de transmisión y en generación. “Esa es la base de la actividad. Está, diríamos, en un buen nivel; lo difícil siempre es sostenerse”, afirmó.
Acerca de la reducción de la jornada laboral, Ruibal mencionó su opinión sobre el tema, y expresó que “la construcción ya tuvo una reducción de la jornada laboral, de 48 a 44 horas, con lo regulado por un convenio en 2008. Ahí lo que se hizo es que las horas no trabajadas no se pagaban, pero hay que tener cuidado. Ya tenemos una semana más reducida. Hay que tener cuidado con lo de la jornada laboral y la reducción”, aunque reconoció que no se niega “a nada”.
En esa línea, reflexionó y explicó que hay que buscar una fórmula que no inviabilice los costos de las empresas, “porque si se quiere hacer eso, y se traslada el costo directamente a la empresa, la empresa se va a dar vuelta y lo va a trasladar al precio, y el precio terminará haciendo que haya menos inversión, y al final eso se va a traducir en menos puestos de trabajo. Entonces, al final, el invento mata al inventor”.
En cuanto a las expectativas que tiene para 2025, considerando que habrá un nuevo gobierno, afirmó que lo único que espera es que “Uruguay siga apostando al diálogo y a buscar fórmulas de entendimiento, y para eso está el oficio de los políticos. Desde el sector vamos a seguir en la postura proindustria y propaís”.
En referencia a los objetivos de la CCU para el próximo año, contestó que “son básicamente tratar de sostener el nivel de inversión y que no disminuya. La actividad de la construcción está ligada directamente a la inversión, y eso no es sencillo. Lo entiendo, porque muchas veces hay restricciones”.
Afirmó que “la cámara no se queda sólo en pedir”; ha presentado propuestas, como la creación de una agencia de infraestructura “que permita planificar grandes proyectos, esos que a Uruguay a veces le quedan en el debe y no termina de resolver”.
“Creo que la agencia puede dar una mirada más de largo plazo y empujar proyectos para después no depender de ciclos económicos de distintas migraciones, sino que haya un banco de proyectos grandes que puedan ir empujando independientemente como política de Estado. Ese es el rumbo”, concluyó Ruibal.