El Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) convocó a la empresa Buquebus al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para tratar en una mesa tripartita el despido de una trabajadora que presentó una denuncia por acoso laboral, en 2022. La funcionaria fue despedida hace una semana, después de casi 14 años de trabajo. De acuerdo al resultado de las negociaciones en el MTSS, el sindicato resolverá si se declara en conflicto o no.
Pablo Pírez, secretario general del Suntma, dijo este sábado a la diaria que días atrás “la empresa envió el telegrama para comunicar la decisión del despido”, pero aclaró que “la situación de esta trabajadora es de larga data; diría que de algunos años, porque sufría una situación complicada de acoso laboral, malos tratos y también temas de índole de género, esto con un supervisor, en el turno en el que trabajaba, en el buque Francisco”.
Dijo que la trabajadora, producto de tolerar diversas situaciones, aunque pasaron varios meses, “cayó emocionalmente, y cuando se pudo animar realizó la denuncia ante la empresa”. Esa denuncia no tuvo la receptividad esperada, por eso la mujer se presentó ante el Suntma, que a través de sus abogados le recomendó presentarse ante la Inspección General del Trabajo, en el MTSS. Si bien la denuncia ante la inspección fue individual, contó con el respaldo del Suntma.
Pírez señaló que allí comenzó la investigación de la inspección, que tuvo cerca de un año de duración, y que como resultado resolvió otorgar la razón a la trabajadora, ya que se había probado que existió acoso por parte de su superior. En el transcurso de ese año que duró la investigación, la mujer estuvo con licencia médica por tratamiento psicológico, “todo derivado de esta situación”.
En ese sentido, el dirigente explicó que los médicos dieron el alta a la trabajadora, y con toda la documentación médica correspondiente el Suntma se presentó ante Buquebus, y allí la empresa tuvo que reincorporarla a sus tareas tiempo después. “Combinamos con la empresa cómo sería la situación para no cruzarse con su superior, porque todavía no estaba cerrado el caso. Se estableció un régimen en donde pasó a integrar un turno distinto al de su supervisor”.
La empresa solicitó que se revea el fallo de la Inspección General del Trabajo, e hizo una contraargumentación, “aduciendo que realizó una investigación interna de forma paralela que no arrojó ningún resultado que demostrara lo que la empleada había denunciado, y que, además, la trabajadora era problemática”.
La situación de la mujer cambió cuando la empresa le comunicó al Suntma que por la baja temporada, comenzaría a enviar trabajadores al seguro de paro rotativo, dado que entendía que no era necesario contar con todo el personal, y que una de las personas enviadas sería la funcionaria.
“Normalmente hacen eso. Nos plantearon enviar a esta compañera al seguro de paro por dos meses, para después reintegrarla, y ahí enviaban a otros trabajadores por dos meses. Pasó ese tiempo y decidieron darle otros dos meses de seguro de paro. Tomamos contacto con la empresa y nos informan que lo que estaban haciendo era postergar su retorno, porque el dueño de la empresa, Juan Carlos López Mena, la había visto en la embarcación, y que él mismo decidió que no la quería más a bordo”, detalló Pírez.
Con relación a los pasos a seguir, sostuvo que “por los protocolos de prevención de conflictos que tenemos firmados por convenio colectivo debemos pasar por estas instancias. Lo primero es ir al ministerio para que la empresa dé las explicaciones del caso. Al sindicato, de forma bilateralmente, no nos dieron ningún otro motivo más que que López Mena no la quería a bordo de la embarcación”.
El dirigente afirmó que, teniendo en cuenta la situación de la trabajadora, “no es más que una arbitrariedad de parte de la empresa, miremos por donde lo miremos, y más teniendo en cuenta el antecedente de una denuncia por acoso laboral, en donde la empresa no actuó, donde hay por lo menos un informe por parte del Ministerio de Trabajo que respalda a la trabajadora, y con una empresa que tomó la decisión de despedirla cuando se cumplieron los plazos legales, todo para no tener otra represalia”.
Aclaró que de acuerdo al resultado de las conversaciones en el Ministerio de Trabajo será el camino que tomará el sindicato, pero adelantó que “hay caminos legales que son como una instancia para la reinstalación, que es lo que podemos pedir judicialmente. Eso debe pedirse en un plazo muy breve, y es una posibilidad”.
Como segunda opción, planteó “llegar a un acuerdo y que la reincorporen a trabajar”, mientras que otra tercera salida es que el sindicato se declare en conflicto. Dijo que no sería descabellado ir al conflicto, considerando principalmente que en la negociación por un convenio colectivo entre la empresa y los trabajadores no existió acuerdo porque “la empresa no cedió ni un milímetro a las demandas y reclamos de los empleados”. Por este tema, Pírez dijo que los trabajadores evalúan medidas para el inicio de la próxima temporada.
Con respecto a la convocatoria a la empresa para que comparezca ante el Ministerio de Trabajo en una instancia tripartita, señaló que la secretaría de Estado aún no comunicó a las partes día y hora determinados para la audiencia. “Fueron citados en carácter de grave y urgente”, por lo que se supone que la reunión debería efectuarse antes de finalizar el mes.
El sindicato de trabajadores de Buquebus, señaló Pírez, es como un “sindicato de base, pero no está constituido como tal, aunque así se lo conoce”, ya que cuando decide coordinar acciones, lo hace también con el sector del transporte, dado que la empresa cuenta con unidades que unen distintas ciudades, y lo mismo cuando se definen medidas que vinculan a los empleados que son amarradores. “Todos estos trabajadores están bajo la órbita del Suntma como sindicato de rama”, concluyó.