La Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay (AFRU) hará llegar en las próximas 48 horas, conjuntamente con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), una propuesta de carácter económico al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) con el fin de alcanzar un acuerdo y desactivar el conflicto declarado días atrás por la falta de pago de partidas atrasadas.

Daniel Fratin, secretario general de AFRU, informó a la diaria que durante este martes se llevó adelante una asamblea general de afiliados de la asociación. En la instancia se trató la propuesta de ejecutar medidas dentro de un plan de acciones y, por otro lado, la de aceptar una iniciativa del Poder Ejecutivo, a través del MEC, que consiste en trasladar a esa cartera una propuesta económica del total que se le adeuda a cada trabajador desde agosto de 2020 hasta fines de 2021. Además del MEC, la propuesta debe ser analizada y aceptada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Es así que, entre miércoles y jueves, representantes de COFE harán llegar la propuesta a las autoridades de los dos ministerios. Pero el origen de esta opción fue la reunión celebrada este lunes entre el MEF, el MEC, COFE y AFREU. Dado que se está en medio de las negociaciones, Fratin hizo hincapié en que “en la asamblea se votó un cuarto intermedio y, por el momento, no tomaremos medidas”.

El dirigente manifestó que, si luego de presentada la propuesta económica al MEC hay una contrapropuesta por parte del Poder Ejecutivo, se decidió “que sean los asambleístas los que decidan”. “Al ser así, se tendría que convocar a una nueva asamblea para trasladar la contrapropuesta del gobierno”, agregó.

Sobre cómo está confeccionada la propuesta económica que realizará AFREU al Poder Ejecutivo, detalló que se trata de “una partida que los funcionarios reclamamos, donde se pagaba lo que nosotros llamábamos porcentaje”. “Es un porcentaje de la recaudación que correspondía a los trabajadores, y sobre eso no se pagaba compensación. Nosotros entendíamos que se estaba cometiendo un ilícito. Eso llevó a que se presentaran en los años 2007 y 2008 recursos administrativos que nunca fueron contestados por el Poder Ejecutivo, y eso desencadenó en un juicio que tuvo dos instancias”, añadió.

El dirigente dijo que el juicio “tuvo distintas vicisitudes, y terminó con un fallo favorable en agosto de 2020. Ese falló ordenó que las partidas que se tenían que liquidar tal cual habíamos establecido los trabajadores, y sentenció que el porcentaje se incluyera en el salario que hoy cobran los trabajadores que se mantienen activos”. “Eso se regularizó a partir de 2022 en un acuerdo que se firmó con el MEF donde se creó un artículo para presentar en la Rendición de Cuentas, que legalizó el fallo judicial de la condena a futuro”, explicó Fratin.

Aclaró que “eso se pagó en 2022, pero quedaron 17 meses para atrás, que son los cinco meses de agosto a diciembre de 2020 y todo 2021. Para ese período no hay juicio iniciado, y el gobierno se había comprometido de palabra para abonarlo. Lo que pasó es que en el ínterin, el abogado que nos representa, en una acción donde había más de 400 personas, inició en setiembre de 2023 la actualización legal”.

“Fue así que el Poder Ejecutivo propuso negociar la totalidad de la deuda”, dijo Fratin, y destacó que esa fue la iniciativa aprobada en la asamblea de este martes. Los que deberían cobrar ese atraso de 17 meses son aproximadamente unas 280 personas. Si bien originalmente la cifra era de 400 cuando se inició el proceso, con el tiempo hubo gente que se jubiló antes de 2020, y otros fallecieron antes de ese año.

“El MEF nos dijo que para la cartera es importante negociar y llegar a una cifra total, porque ellos se habían comprometido de palabra a pagar, y luego con el tiempo se encontraron con otra situación, esperamos con premura la contestación. Estamos desde junio de 2023 esperando, y que el Estado disponga la forma de pago. No pedimos en una sola cuota, y conocemos la situación. Que nos digan ellos cómo nos van a pagar”, concluyó.