La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) realizará un paro de dos horas, de 13.00 a 15.00 y sin guardia gremial, en las dependencias de todo el país, el miércoles 21. Ese día se cumplen nueve meses del suicidio de un trabajador que desempeñaba tareas en la Dirección Nacional de Servicios Administrativos (DGSA) en Montevideo, y que era víctima de acoso laboral.

El secretario general de AFJU, Pablo Elizalde, contó a la diaria que el 21 de noviembre de 2023 el trabajador decidió quitarse la vida y, “como consecuencia de ese hecho, ese mismo día, algunos de sus compañeros estuvieron dialogando sobre algunas situaciones que esa persona había atravesado en su oficina. Posterior a eso, se recibieron unas 32 denuncias, por parte de funcionarios, de situaciones que vivió este empleado con una funcionaria que era su jefa directa, más las que atravesaron otros trabajadores”.

Elizalde señaló que la jerarca “perseguía” y “hostigaba” al trabajador. “Le otorgaba licencias y luego se las quitaba. Lo menospreciaba. Le hablaba mal y le faltaba el respeto. Por intermedio de las denuncias presentadas, la AFJU tuvo mayor conocimiento de que ese trato era con todos los que desempeñaban tareas en la DGSA. En las denuncias se deja constancia de que el tema fue denunciado por el director general, el doctor Marcelo Pesce, quien mantenía la posición de respaldar a esta jefa”, agregó el secretario general de AFJU.

El 27 de noviembre del pasado año AFJU anunció que presentaría una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por “violencia y acoso laboral” contra la directora del departamento de servicios administrativos del Poder Judicial y el escribano adjunto al director de Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, además de solicitar su renuncia.

Después de que AFJU hizo la denuncia, la SCJ, “luego de mucha presión, resuelve una investigación administrativa y, en el ínterin, la presidenta de la SCJ, la ministra Dorys Morales, le quitó el respaldo por todas estas situaciones a Marcelo Pesce, por este y otros temas, y allí fue cuando él presenta su renuncia en diciembre de 2023”, indicó Elizalde.

Agregó que se ordenó una investigación administrativa, previo a la asunción de Morales, a partir de la cual se determinó la apertura de un sumario administrativo a la directora del departamento de Servicios Administrativos del Poder Judicial así como a un actuario adjunto.

Elizalde sostuvo que el sumario aplicado es por seis meses y comenzó en la primera semana de marzo. La medida tuvo la separación del cargo de la funcionaria, con derecho a cobrar la mitad del salario. “En la primera semana de setiembre se cumplen los seis meses, y la Suprema Corte no tomó una resolución. Si se vence el plazo y no hay una resolución, la directora debe retomar su cargo. No hay resolución concreta desde que el compañero se suicidó”, dijo el dirigente.

Acotó que “porque falta una resolución de la Suprema Corte es que hacemos el paro con movilización frente al edificio. Será desde las 13.00 a las 15.00”. Comentó también que todo lo relacionado al sumario es información reservada y hace dos meses se hicieron consultas para conocer qué tiempos podía demorarse una resolución, pero no fueron respondidas.

“Que resuelvan lo que sea, pero que sea antes de que se cumplan los seis meses. Además, no se le puede extender la medida que alcanza el sumario. El acoso y persecución laboral costaron una vida. Acá la Suprema Corte no puede decidir que el plazo se venza. Reclamamos que la Corte dé un fuerte mensaje y condene la violencia, el acoso y persecución en los ámbitos laborales”, afirmó Elizalde, quien añadió que en un año fueron 17 los funcionarios que estaban bajo la supervisión de la directora de la DGSA y que pidieron ser trasladados de esa sección.

El secretario sostuvo, además, que la Corte de Justicia y la dirección que asumió en marzo pasado “no se han tomado en serio esta problemática, porque uno de los reclamos que presentamos es la creación de una oficina de salud laboral, para atender diversas situaciones y temáticas que se desarrollan en varias oficinas, y nunca pasó nada. Desde que cambiaron las autoridades, se concretó una sola reunión, y ese tema se trabajó muy poco. Al sindicato lo desplazaron. No existe el diálogo real sobre esta situación, y así estamos a nivel nacional”.