Este martes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) citó a más de 200 propietarios de viviendas ubicadas en los barrios privados construidos por Balsa & Asociados, empresa que en abril envió a seguro de paro a más de 400 trabajadores, y se presentó a concurso de acreedores.

Según informó Montevideo Portal con base en fuentes judiciales, la audiencia se desarrolló en una sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en Pando, Canelones, y en esta más de 200 dueños de casas rechazaron abonar los montos reclamados por los trabajadores. 

Esta demanda, amparada en la ley 18.099, que establece que “todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, será responsable solidario de las obligaciones laborales de éstos hacia los trabajadores contratados”, no es una iniciativa del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), que viene acompañando a la mayoría de los trabajadores enviados a seguro de paro con otra estrategia.

Así lo confirmó a la diaria el dirigente Javier Díaz. “Arriba de 200 trabajadores ya han venido por el sindicato; estamos corroborando sus créditos laborales ante el interventor, porque hay asamblea de acreedores el 5 de noviembre, pero hay un grupo de trabajadores, que no puedo cuantificar, no sé cuál es la estrategia, que han resuelto por su parte contratar un abogado e iniciar un reclamo. Esto no es una iniciativa que esté impulsada por el sindicato”, afirmó Díaz.

El dirigente dijo que lo que el sindicato le recomienda a los trabajadores de Balsa & Asociados que es “importante comprobar sus créditos laborales, que el equipo de abogados del Sunca está a disposición para quienes quieran”, y “para quienes no quieran, pueden tomar otro camino, otra vía, contratar a su propio abogado y hacer lo que entiendan”. 

Sobre la estrategia del Sunca, Díaz explicó que “primero que nada, los trabajadores están en el seguro de paro especial; obviamente quisiéramos que estuvieran trabajando, pero eso no depende de nosotros. Lo segundo es, ya presentamos ante el interventor la comprobación de los créditos laborales, el 5 de noviembre hay asamblea de acreedores y al otro día nosotros nos vamos a presentar al BPS [Banco de Previsión Social] para tratar de hacer uso del fondo de garantía para que se cubra lo que son los créditos laborales de los trabajadores”. “Una vez que ya no estén más en el seguro de paro, después del 30 de setiembre, si la obra no continúa o si no le dan trabajo en otra, ahí seguramente vamos a ir también por el despido de los compañeros. En medio de eso, obviamente, si aparece cualquier negociación que lo que haga es que las obras se reactiven y los compañeros vuelvan a trabajar, bienvenida sea, sea con la misma empresa o sea con otra”, concluyó el dirigente.