La Encuesta Nacional sobre las Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (Ensanna), realizada por el Instituto Nacional de Estadística en el segundo semestre de 2024, en convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y con el financiamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), dio cuenta de que unos 40.200 niños, niñas y adolescentes, de entre 5 y 17 años de edad (6,8% de esa población), trabajan en Uruguay. De ese porcentaje, 4,9% hacen “trabajos no remunerados de servicios peligrosos” (TNRS), mientras que 1,9% hacen “trabajo forzado o peligroso” (TFP), de acuerdo con las categorías que se enmarcan en la base conceptual del Sistema de Cuentas Nacionales 2008.
Para la Ensanna fueron visitados 3.000 hogares de todo el país, y 85% de los niños, niñas y adolescentes tuvo el aval de los padres para contestar. Los últimos datos correspondían a una encuesta realizada en 2010.
La encuesta cubrió cuatro categorías: nivel socioeconómico, lugar de residencia (interior o Montevideo), sexo, y si el trabajo era remunerado o no. Se aplicaron dos cuestionarios, uno para niños y niñas de 5 a 8 años, y otro para niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años. La tasa de respuesta fue de 84%.
Algunos datos relevantes del estudio señalan que el trabajo infantil en el interior (7,7%) supera en porcentaje al de Montevideo (5,2%), y es mayor en niñas y adolescentes mujeres (7,0%) que en varones (6,6%). Además, a medida que avanza la edad del niño, niña o adolescente, el trabajo es mayor.
Por edades, de 5 a 8 años, el índice se posiciona en 10,6%, de 9 a 14 años en 7,6%, y de 15 a 17 años en 6,8%. En cuanto al trabajo no remunerado, en la franja de 5 a 8 años el índice es 4,3%, entre 9 y 14 años es 1,9%, y entre 15 y 17 años la encuesta arrojó el mismo porcentaje que la anterior franja.
“Cuando se recibieron los primeros datos, se entendió oportuno darle visibilidad”
Andrea Bouret, subinspectora general del Trabajo y la Seguridad Social, y Federico Rufinelli, asesor de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS), dialogaron con la diaria y comentaron los resultados de la Ensanna. Bouret explicó que se planteó durante el gobierno anterior, en 2023, la posibilidad de hacer esta encuesta, para la cual la OIT y Unicef dieron el apoyo. En ese momento se solicitó al INE el trabajo, y OIT-Chile brindó como insumo el modelo de encuesta utilizado en ese país. Entre 2023 y 2024 el MTSS estableció los criterios para la realización, y estos fueron analizados por el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil (CETI), órgano que cumple 25 años el 8 de diciembre, y que está integrado por el propio MTSS, que lo preside, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la OIT, Unicef, el PIT-CNT y representantes de las cámaras empresariales, y finalmente se elevaron a la IGTSS en 2024.
Bouret dijo que las autoridades de la IGTSS del gobierno anterior le pasaron al INE el formulario, que luego realizó la encuesta. Cuando asumieron las autoridades actuales, en marzo, el trabajo ya estaba en su fase final, dado que en abril finalizó el período de relevamiento de datos en el territorio nacional.
Luego Unicef puso a disposición a un técnico para cooperar con el INE y ver la metodología de procesamiento de datos. El INE le entregó en setiembre los datos macro de la encuesta al MTSS, que los conserva, y si, por ejemplo, la Universidad de la República u otras organizaciones quieren acceder a ellos para analizarlos, deben hacer un acuerdo con la cartera.
Por su parte, Rufinelli comentó que “cuando se recibieron los primeros datos, se entendió oportuno darles visibilidad”. “Es una temática que en muchos lugares está naturalizada. No hace tanto tiempo un intendente hizo referencia a esta naturalización. Se entendió que había que poner sobre la mesa de qué manera se observa y percibe este fenómeno. La encuesta es una foto de una situación que da un puntapié inicial para hacer el doble clic e insertarnos más en el fenómeno”, agregó.
Entre las políticas que están siendo analizadas, el asesor sostuvo que la idea es que “desde el ámbito del CETI se genere una propuesta de plan nacional”. “Una de las cosas que entendemos que es importante es la ley de presupuesto, para tener claro cuáles van a ser los recursos disponibles”, dijo, y agregó que, fundamentalmente, el Mides y el INAU tendrán vías para canalizar recursos en combatir las causas de trabajo infantil.
“Cuando hablamos de trabajo infantil hablamos de familias que pueden estar en situación de pobreza, y que el trabajo infantil viene a acoplarse o a ser parte de un engranaje y de una subsistencia de un núcleo familiar que no está logrando generar los ingresos suficientes para para vivir y resolver sus necesidades básicas. Será importante ir conociendo cuáles van a ser los compromisos y las políticas a desarrollar por parte de estos actores”, expresó Rufinelli.
El asesor destacó también que meses atrás se instaló una mesa binacional en Rivera, en la frontera con Santana do Livramento, Brasil, que apunta a generar acciones y acuerdos de trabajo con el vecino país, de manera de incidir en ese fenómeno que tiene sus propias particularidades. Consideró que “en esto de tener una frontera seca, y donde trabajan de un lado y del otro, se producen situaciones y casos que hay que analizar más”.
En ese sentido, Bouret agregó que también hay acuerdos ministeriales como Estado para trabajar el tema en conjunto. “La inspección trabaja mucho a la interna del ministerio en virtud del Decreto 291/2007 en ámbitos tripartitos, por sector de rama de actividad. Se ha acordado con varias tripartitas trabajar juntos en la prevención del trabajo infantil, para tomar conciencia de a qué se le llama trabajo infantil y qué es el trabajo infantil, y para evitar la contratación en toda la cadena, no solamente a nivel directo”, añadió la jerarca.
La subinspectora comentó que esos 40.200 niños, niñas y adolescentes que trabajan en Uruguay es como “tener completo un estadio como el del Club Atlético Peñarol”, y lamento que “detrás de los datos de la encuesta hay peores formas de trabajo infantil que no vemos; todo lo que tiene que ver con trabajo sexual, drogas y demás, que no se puede cuantificar en una estadística cara a cara y casa por casa. Nos preocupa, porque los números son mucho más que lo que vemos. Y además, conceptualmente, también saber que debemos tener un cambio cultural enorme como país”, sostuvo.
En referencia a la gestión actual, Bouret recordó que el día que asumió, el 1° de marzo, hubo un siniestro laboral fatal que le costó la vida a un trabajador. A la vez, mencionó también que cuando las nuevas autoridades asumieron funciones, había una “Inspección del Trabajo con muchas carencias, entre ellas, lo presupuestal”.
Agregó, además, que se encontraron con una unidad ejecutora “debilitada en la cantidad de inspectores, ya que algunos se jubilaron”, y que tienen “muchos menos inspectores que lo que deberían tener y una División Jurídica con 14 abogados para atender los expedientes”.
Comentó que actualmente hay 86 inspectores entre las dos divisiones. “De esa cantidad, 16 o 17 tienen causal jubilatoria. Deberían ser unos 130, y la OIT establece 150. Veremos si el presupuesto vota para que sean más”, afirmó.
Por su parte, hizo énfasis a que el 1° de abril el gobierno presentó el Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo, el cual “ha dado resultados muy buenos, porque tangiblemente podemos decir que se realizaron giras con [el titular del IGTSS] Luis Puig y Rufinelli, recorriendo 13 departamentos y presentando lo que es el compromiso ante empleadores y trabajadores, con ese vínculo de conversar de las necesidades, de lo que está pasando, de lo que se espera de la Inspección del Trabajo”.
Explicó que luego de esas visitas a distintos puntos del país, inspectores de la unidad, integrantes de las divisiones Condiciones Ambientales de Trabajo (CAT) y Condiciones Generales de Trabajo (CGT) “están yendo al territorio a capacitar sobre sus derechos laborales, sobre acoso laboral, sobre cuándo hay que pagar un salario, en qué condiciones, qué es una categoría, cuáles son los riesgos laborales, qué es una mesa bipartita, a qué tenemos derecho en cuanto al carné de salud y a la ropa de trabajo y las condiciones laborales, entre otros temas”.
Como resultado de esa capacitación en el interior del país, destacó que “se observa que están subiendo las denuncias. Eso quiere decir que la gente está más informada también sobre sus derechos, y además se están recibiendo comentarios positivos”.
A modo de ejemplo del trabajo que se realiza, se conformó una mesa tripartita entre la IGTSS, representantes del sector empresarial e integrantes del sindicato de trabajadores de la caña de azúcar en Artigas. Resaltó que durante diez semanas “hubo inspectores levantándose a las 5.00 para recorrer con los trabajadores su puesto de trabajo en tiempo real”, y que “ya se realizaron tres instancias tripartitas y otras tres con Alcoholes del Uruguay, pero en las tripartitas fuimos avanzando en el diálogo, y principalmente en tender puentes”.
“En la última reunión, hace dos semanas, nos decían algunos trabajadores cómo sentían que se ha avanzado en las condiciones laborales, en adecuar el compromiso de que la zafra que viene sea mejor, y que se dio un paso adelante. Eso sabiendo que el Estado está presente, pero no se busca jugar un rol de cuco fiscalizador, sino que se pretende cumplir con la otra parte de la inspección, que es capacitar, estar y dialogar”, concluyó Bouret.