El Consejo Directivo de la Unión Ferroviaria (UF) emitió un comunicado sobre el acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional y el Grupo Vía Central (GVC), responsable del Ferrocarril Central, para el pago de 144 millones de dólares, lo cual permitió evitar un litigio a nivel internacional.

El documento expresa que el GVC “ha logrado su objetivo, y formado por poderosas empresas ha presionado para cobrar lo supuestamente adeudado; más allá de esa polémica se pone de manifiesto lo costosa de esta obra por PPP [participación público privada]. Lo lamentable del mecanismo es que pagamos la obra tres veces más de lo que vale, y además se plantean dudas sobre la operatividad de la misma. Continúan las fallas del sistema y los problemas de seguridad, con trabajadores de seguridad despedidos”.

Al respecto, el presidente de la UF, Washington Sánchez, dijo a la diaria que “en esta instancia decidimos no expresarnos sobre si la deuda era pertinente o no, porque es de público conocimiento que estuvimos en contra de cómo se procesó el tema de la obra y todos los errores que consideramos que se cometieron”.

“Nos parece infame que este consorcio se lleve 144 millones de dólares y no se haya resuelto ni un solo tema planteado por los trabajadores. Mantuvimos reuniones con la ministra de Transporte [y Obras Públicas, MTOP, Lucía Etcheverry] y el ministro de Trabajo [y Seguridad Social, Juan Castillo], con AFE [Administración de Ferrocarriles del Estado], con la Sociedad Anónima Servicios Logísticos Ferroviarios [SELF] y la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, planteando distintos temas, pero, sin embargo, sí hay celeridad para acordar con este consorcio poderoso”, añadió.

Comentó además que, entre varios temas, al actual gobierno “se le planteó que la vía debía estar por encima de las 21 toneladas por eje, y sin embargo hicieron el tramo comprendido entre la estación de Pintado [Florida] y Rivera a 19 toneladas, para después tener que levantarlo por las exigencias de UPM”.

El dirigente agregó que “este tipo de proyectos de PPP terminan costando tres o cuatro veces más caros de lo que realmente deberían pagarse. Hasta AFE realizó tiempo atrás un estudio para intentar ejecutar esa obra, y no fue contemplado”.

Sánchez agregó que se planteó a varias autoridades también el problema de una docena de trabajadores de GVC que fueron enviados al seguro de paro, y que eran operarios de la parte operativa en la seguridad, de apoyo en los pasos a nivel, y que “eso no fue contemplado”. “Se pagarán 144 millones de dólares, y no pudimos contemplar la situación de 12 trabajadores que estaban en el seguro de paro. Es muy compleja esta situación”, opinó.

Además, dijo que entre los conflictos existentes está la situación de la empresa Caraminer, “que después de finalizada la obra les redujo los salarios a los trabajadores, clasificándolos como de empresa metalúrgica, cuando en realidad son operarios del sector ferroviario”. “Ante eso, se solicitó la reclasificación de los empleados ante el Ministerio de Trabajo. Eso está en curso”, informó.

Sánchez manifestó que entre los asuntos a resolver la UF continúa esperando que sea firmado un decreto por parte del MTOP para resolver el traspaso de un grupo de trabajadores desde AFE a la Dirección de Transporte Ferroviario. “Transcurrieron casi 90 días del actual gobierno y no pudieron solucionar el tema, que ya fue planteado. El gobierno anterior no lo resolvió”, expresó.

“Los ferrocarriles del Estado y sus ramales siguen en una condición crítica y de indefinición”

La organización sindical, que se expresó este martes, destaca en el comunicado que “con el pago de 144 millones de dólares a Alejandro Ruibal y compañía se podría comprar una flota de 100 coches con motores O km, con repuestos y cursos de capacitación incluidos para AFE y poner computadoras de abordo ERTMS en locomotoras de SELF, comprar un juego de adicional de tanques y lograr una baja del precio del combustible”.

Agrega el texto que, mientras se alcanza este acuerdo, los trabajadores ferroviarios de la empresa Caraminer, que se encarga del mantenimiento del Ferrocarril Central, y subsidiaria de GVC, “reciben los salarios más bajos del sector, no tienen categorías ferroviarias y enfrentan recortes por falta de fondos. Ahora no tiene excusas, debe mejorar las condiciones de trabajo y mejorar las retribuciones”.

El sindicato denuncia también que “los ferrocarriles del Estado y sus ramales siguen en una condición crítica y de indefinición”, y que “la falta de personal los pone al borde de la parálisis, siendo necesario realizar inversiones para sostener el tren de pasajeros y reactivar el transporte de combustible”. El texto concluye con una pregunta: “¿Hasta cuándo seguiremos privatizando servicios que después funcionan con fondos públicos y que cuestan tres veces más caros?”.