Son filas y filas de motos apiladas cubiertas de polvo, algunas sin ruedas, otras con el paso del tiempo –y lluvias de por medio– marcado por el óxido y la propia intemperie. Esta foto se repite en patios, frentes, galpones de varias comisarías del país, donde se acumulan vehículos incautados durante procedimientos policiales o retenidos por distintos motivos y que, en muchos casos, permanecen allí durante años sin un destino claro.
Sin embargo, desde febrero de este año, semana a semana, la cooperativa Burgues recibe decenas de estas motos incautadas por el Ministerio del Interior (MI) tras firmar un convenio que permite tanto el desarme de los birrodados como, posteriormente, el reciclaje y la comercialización.
Juan Iervolino, coordinador de la cooperativa, dijo a la diaria que el acuerdo apunta a que puedan sacarles provecho a las motos incautadas que están en comisarías, u otro tipo de oficinas del MI, desde hace años, incluso décadas.
“Tenían un montón. Algunas motos hace más de diez años que están incautadas. Ocupaban el lugar, y eso también es un gasto para el Estado y también una problemática ambiental”, indicó Iervolino. Al principio recibían unas 30 motos por semana y eso, gradualmente, fue creciendo. Actualmente, por semana, reciben entre 70 y 75 motos y la meta a corto plazo es llegar a 100.
A comienzos de este año, el MI lanzó el operativo Ñandubay, una estrategia que consiste en controles vehiculares aleatorios, en especial a las motos. El operativo surge en el entendido de que hay una “tendencia creciente” en la utilización de motocicletas como “medio de desplazamiento rápido para cometer delitos graves, tales como homicidios y lesiones provocadas con armas de fuego o blancas”, dijo a la diaria el jefe del Estado Mayor de la Policía, comisario mayor Yony Mezquita.
De enero a junio, según los datos del MI a los que pudo acceder la diaria, se controlaron 110.406 vehículos. De ese número, 11.398 motos fueron incautadas, es decir, aproximadamente un 10%. En el marco del operativo se detuvo a 171 personas y se incautaron unas seis armas. “Más allá del volumen, destacamos la presencia sostenida de estos puestos de control está logrando un impacto preventivo fundamental”, sostuvo Mezquita.
Paso a paso
El proceso comienza una vez que las autoridades entregan una planilla con el detalle y la cantidad de motos que recibe la cooperativa. A partir de allí, se realiza un relevamiento exhaustivo de cada birrodado: verifican el número de chasis y de motor, además de registrar la marca y el modelo, con el objetivo de garantizar su trazabilidad.
Una vez eso terminado, las motocicletas son desarmadas y sus componentes se clasifican según el material: aluminio, chatarra, baterías y cobre, entre otros. Cada uno de esos materiales es pesado por separado y esa información luego es remitida al MI.
Coperativa Forja del Sur.
Foto: Alessandro Maradei
“El objetivo es que una parte importante de estas motos no vuelva a ingresar al circuito comercial ni al mercado informal”, explicó Iervolino, y aclaró que existe una prohibición expresa de comercializar repuestos de los vehículos desguazados.
Cerca del 85% de los componentes de una moto puede ser reciclado. “Todo el material reciclable se vende únicamente a empresas formalizadas del sector y habilitadas para operar, cuyos datos ya están en conocimiento del MI”, señaló.
Con pares
La cooperativa está integrada por 33 personas; diez de ellas son trabajadores que desempeñan las tareas en el taller ubicado sobre la avenida Millán, donde se procesan las motos en infracción.
“Decidimos crear una empresa para superar determinadas trabas y diversificar actividades, buscando mejorar las condiciones laborales, promover la inclusión social y aportar a la gestión ambiental”, explicó Iervolino.
La mayoría de quienes integran el proyecto proviene del reciclaje informal. “Muchos trabajaban con carro a caballo o carro a mano y, a medida que estas unidades de negocio se fueron formalizando, también fueron creciendo”, señaló. Según indicó, se trata en gran parte de personas provenientes de contextos vulnerables.
Ese fue el caso de Cecilia, que empezó a los 12 años con un tío tirando del carro. En diálogo con la diaria, Cecilia dijo que el paso a cooperativa fue “un antes y un después” porque tuvo que capacitarse en administración, ventas y tecnología, lo que significó un gran crecimiento personal.
La formalización no solo permitió mejorar las condiciones de trabajo, sino también fortalecer el sentido de pertenencia y el desarrollo colectivo. “Todo lo que hemos generado lo hemos reinvertido. Es lindo pertenecer a un colectivo, te fortalece. Como dice el dicho: ‘Nadie se salva solo’”, afirmó Iervolino.
El próximo desafío pasa por consolidar económicamente tanto a la cooperativa como a la empresa para ampliar las oportunidades de inclusión laboral. “Queremos incorporar a más personas que hoy siguen trabajando en la informalidad. Para eso primero tenemos que fortalecernos económicamente, y es justamente lo que estamos haciendo”, agregó.
En ese camino, destacó que es importante la capacitación y la profesionalización del sector. “Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, informarnos y capacitarnos. Esto no es solamente pedir. Durante mucho tiempo existió un modelo más asistencialista, que puede ser necesario en determinadas etapas, pero después hay que avanzar hacia un modelo productivo”, afirmó.
Para Iervolino, el convenio alcanzado con el MI representa “un antes y un después” para el proyecto.
En palabras de Cecilia, fue “una puerta que nos abrió porque se nos trancaban los proyectos que nosotros veníamos presentando, no apostaban nada por nosotros”. En ese marco, Iervolino adelantó que les interesa replicar el modelo de trabajo con autos incautados, lo que implicaría incorporar nueva maquinaria y más trabajadores.
Por su parte, el encargado del Área de Gestión Vehicular del MI, Pablo Vichi, dijo a la diaria que el balance del convenio “es positivo” dado los “avances registrados” que “han permitido continuar con el retiro progresivo de vehículos no aptos para circular en la vía pública, liberar espacios físicos en dependencias policiales y mejorar las condiciones de seguridad, higiene y orden en los predios afectados”, además de la apertura de nuevas fuentes de trabajo.
En cuanto a la posibilidad de ampliar este tipo de acuerdos con otras cooperativas, empresas o emprendimientos sociales, Vichi indicó que se entiende que es “muy positivo” llevarlo a nivel de todo el país siempre considerando la normativa vigente, las necesidades operativas del ministerio, la capacidad técnica y “logística de los interesados”.