El 19 de abril el diputado por el Partido Colorado Gustavo Zubía afirmó en el programa Esta boca es mía, de Canal 12, que existe “un número elevadísimo de operadoras carcelarias [penitenciarias] que han estado embarazadas de reclusos”. Esta afirmación generó el rechazo inmediato por parte de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe), cuyos afiliados manifestaron su disconformidad y solicitaron una retractación pública del legislador.

“Hoy tenemos un número elevadísimo de operadoras carcelarias [penitenciarias] embarazadas de reclusos”, dijo Zubía, y redobló la apuesta al señalar que también hay “operadoras del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) embarazadas de jóvenes”. “En eso que a veces decimos que los hombres las prefieren más jóvenes, las mujeres también. Eso sucede hoy en el sistema carcelario”, continuó.

Además, habló de la posibilidad de la “imputación eventual del delito de violación de mujeres hacia hombres”. El diputado, que no respondió a las consultas de este medio, agregó: “La persona que tiene a su cargo a otra persona en reclusión no puede bajo ningún concepto mantener relaciones”, aseguró el diputado en su participación televisiva.

“¿Por qué no presenta la denuncia si eso es así?”, lo interpeló entonces la panelista y abogada Fernanda Sfeir, quien le solicitó al legislador que presentara las pruebas de lo afirmado. Zubía, aunque dijo que no tenía pruebas y que tampoco sabía el número exacto, y aun desmintiendo que hubiera dicho que se trataba de un número elevadísimo, señaló que su experiencia en Fiscalía le permitía saber que existían esos casos.

Consultado por la diaria Verifica, el representante del Ofucipe, Jonathan Perdomo, señaló que las afirmaciones de Zubía son “una barbaridad” y que las operadoras penitenciarias están “muy molestas”. Además, señaló que existe una falta de recursos humanos y que son precisamente las mujeres quienes “sacan el trabajo adelante”. De acuerdo con los datos aportados por el sindicato, actualmente trabajan 1.182 operadores penitenciarios, de los cuales 783 son mujeres: 66,2% del total.

Además, señaló que desde el sindicato no tienen conocimiento de casos de embarazo por parte de privados de libertad y no existen estadísticas oficiales al respecto. Según los datos aportados por Ofucipe, de las 900 mujeres civiles que trabajan en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) -783 operadoras más 117 administrativas-, solamente 51 funcionarias han hecho uso de la licencia por maternidad del período de enero de 2023 a la fecha. Eso representa un 5,7% del total de las trabajadoras, y en ninguno de estos casos se constató que sean consecuencia del relacionamiento con reclusos.

Por su parte, la directora del Inisa, Lucía Curbelo, dijo que “no le consta” que haya habido casos de relacionamiento de funcionarias de ese instituto con menores infractores y señaló que no existen investigaciones administrativas en curso. Además, Víctor Mango, representante del Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del INAU e Inisa (Siunau), señaló que desde la creación del instituto en 2019 no hubo “ningún caso” como los que mencionó Zubía.

Casos viejos

Tanto en el INR como en el Inisa hubo al menos un caso de funcionarias que mantuvieron algún tipo de relación sentimental con internos. En ambos casos se iniciaron entonces investigaciones administrativas, pero en ninguno de ellos hubo un embarazo de por medio.

En noviembre de 2019, un joven de 18 años se atrincheró en el domicilio de una psicóloga del Inisa, lo que motivó un operativo policial que reveló que la funcionaria había comenzado una relación con el joven cuando este era menor de edad, lo que derivó en una investigación por posible abuso de poder, de acuerdo con lo informado entonces por Subrayado.

En el INR, en cambio, se inició una investigación en agosto de 2021, luego de que el programa televisivo Santo y Seña emitiera un informe en el que se relataba los detalles de una relación entre una operadora penitenciaria y un privado de libertad.

Desde Ofucipe se señaló que “pudo haber habido algún caso” de un vínculo sentimental entre un operador y un interno, “así como de policías” con reclusas, pero que “son contados”. En esos casos, la normativa determinó la apertura de un sumario administrativo y la eventual sanción o destitución del funcionario.