Mientras sigue avanzando el proceso de validación de firmas por parte de la Corte Electoral de las 430.000 adhesiones presentadas por el PIT-CNT para la aprobación del proyecto de reforma de la seguridad social, algunos dirigentes políticos cuestionaron la autenticidad de las rúbricas presentadas. Hasta hoy se han procesado 197.011 firmas, de las cuales 45.116, un 23% del total, fueron descartadas por diversos motivos.

En un posteo a través de su cuenta de la red social X, el exministro de Defensa Javier García aseguró que esta situación implica una “adulteración de la voluntad popular”. Otros usuarios viralizaron la misma idea con la premisa de que el PIT-CNT presentó “40.000 firmas falsas”.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada, Sergio Sommaruga, dijo que la afirmación de García fue “una acusación muy grave” porque podría “configurar un delito penal o electoral”. “Nosotros vamos a solicitar la información de las personas a las que no se les está acreditando la firma para poder hacer la trazabilidad”, señaló ante este medio.

Consultado por la diaria Verifica, el presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, señaló que entre las causales por las que el organismo invalida algunas de las firmas presentadas en “ninguna se habla de falsedad”, ya que no se hace peritaje de la autenticidad de la firma, sino que se compara la rúbrica de los registros electorales con la emitida en el listado de adhesiones. “De ninguna manera afirmamos que son falsas; simplemente no hay coincidencia entre la firma de la decisión y la firma que aparece en la hoja electoral”, explicó.

Por su parte, Sommaruga opinó que este fenómeno “tiene que ver con la edad” con la que las personas generalmente tramitan la credencial cívica. “Con el transcurso de los años, muchas personas van modificando la firma y al momento de adherir lo hicieron con su firma habitual, que no necesariamente es congruente o coincidente con la firma inicial. Tampoco hay un peritaje caligráfico”, señaló.

Por otra parte, la firma de la credencial cívica puede ser distinta a la de la cédula de identidad, que es el documento de referencia en trámites públicos, testimonios notariales y contratos.

El proceso de validación de firmas es realizado por dos funcionarios de la Corte Electoral que no realizan un peritaje, sino que cotejan las firmas y determinan la causal, y puede pasar a decisión de supervisores en caso de que no haya acuerdo entre ambos. Las otras razones para rechazar una firma son: que sean firmas de menores de edad, inhabilitados, excluidos, que haya faltante de firma o datos incompletos, así como repetición.

En el proceso no participan veedores designados por los promotores de la consulta popular, pero sí delegados generales, que no están presentes en la tarea de cada dupla en particular sino que supervisan cómo se realiza el proceso en general.

Recuento y después

Al cierre de los datos del 4 de junio, un 58,7% de las adhesiones rechazadas (26.519) correspondieron a firmas que no coincidían con las del Registro Electoral. A esto deben sumarse 11.290 descartadas por datos incompletos, 5.516 por múltiples firmas, 861 personas excluidas por no haber votado en dos comicios seguidos, 333 carentes de firma, 244 cancelados por fallecimiento, 189 menores de edad, 163 inhabilitados y solamente una persona firmante no entraba en el padrón electoral.

Consultado por la posibilidad de rectificar las firmas rechazadas, Pablo Klappenbach, ministro de la Corte Electoral, señaló que “no está previsto ni en la ley ni en la reglamentación”. De todos modos, explicó que hubo una ocasión histórica, en un momento particular, en la que se procedió a rectificar firmas: “Fue sobre un referéndum, que antes también era con firmas, que fue el que terminó luego en el voto verde [referéndum sobre la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado], y ahí la Corte tomó la decisión de convocar. Se convocó a los que se les había rechazado la firma a ver si eran o no, y de esa forma se llegó al total”.

En caso de llegar a validar la cantidad de 276.151 firmas necesarias correspondientes al 10% del padrón electoral, la Corte Electoral suspenderá su tarea de verificación e informará a la Asamblea General la convocatoria a plebiscito.