El 17 de enero el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, adjudicó mediante licitación pública la adquisición de libretas de pasaportes a la empresa lituana UAB Garsu Pasaulis, especializada en impresión de documentos oficiales y de identificación. No obstante, la empresa cuenta con antecedentes que pasaron desapercibidos hasta que fueron informados por un medio argentino.

El lunes pasado el portal LR21 relevó algunos de los hechos informados por la prensa extranjera en los que estuvo involucrada la empresa en países de Asia y Europa del Este y que motivaron que el gobierno de Lituania, donde está radicada la empresa, cancelara el contrato vigente con la compañía por entenderla un peligro para la seguridad nacional.

En setiembre del año pasado la cadena de Radio y Televisión Nacional de Lituania (LRT) informó que la Dirección de Seguridad del Estado declaró como “no fiable” a Garsu Pasaulis, una de las imprentas más grandes de ese país. La compañía está vinculada a Golograficheskaya Industriya, una empresa de hologramas y sellos de seguridad para documentos, propiedad del magnate Viktor Shevtsov, cercano al presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko, al que se considera su intermediario de negocios.

Ambas compañías fundaron en 2011 en Lituania a la empresa GP Holographics, que actuaría como proveedora de hologramas en ese país. El vínculo formal finalizó cuando la empresa fue vendida a mediados de 2022, luego de la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, las empresas comparten hasta hoy la misma sede y administrador contable en la ciudad de Vilna, capital de Lituania. Esto derivó en que el gobierno lituano cancelara un contrato vigente hasta 2028 de 100 millones de euros y que el titular de la compañía, Vytautas Vainikonis, fuera condenado a dos años de prisión.

Asimismo, Garsu Pasaulis cuenta con antecedentes en Kirguistán, cuyo gobierno canceló, bajo sospechas de corrupción, una licitación iniciada en 2018 para la impresión de pasaportes biométricos y que derivó en un juicio internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje por el que la compañía reclamó una indemnización de casi 17 millones de euros al gobierno de ese país. El tribunal desestimó en primera instancia el pedido de la empresa lituana, pero el 8 de abril revisó su decisión y falló a favor de la compañía, por lo que el gobierno de Kirguistán debió hacerse cargo de los costos del juicio y de una indemnización de 1.258.000 euros.

Por otra parte, el periodista Eduardo Preve publicó hoy en su cuenta de X un comunicado emitido por el representante legal de UAB Garsu Pasaulis. En el mensaje, la compañía justificó los casos de corrupción de los que fue señalada y que la revocación del contrato en su país de origen se debió a “especulación e informaciones de prensa no verificadas”. Argumentó que la empresa se mantiene operativa en más de 50 países y negó las acusaciones de corrupción en Zimbabue y Kirguistán, sobre las que argumentó que la Justicia falló a su favor.

Licitación uruguaya

En diciembre de 2023 el Ministerio del Interior abrió una licitación pública para la “Adquisición de libretas de pasaportes con página de datos en policarbonato, equipamiento, insumos y mantenimiento del sistema de impresión con destino a la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) y al Ministerio de Relaciones Exteriores”.

El pliego solicitaba la adquisición de 819.000 libretas de pasaporte, así como ocho impresoras de tarjetas plásticas y el mantenimiento de los equipos. Al llamado se presentaron dos empresas uruguayas (Iafis SA y Sonda Uruguay SA) y otras nueve empresas extranjeras de Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Irlanda, Francia y México, además de la lituana.

De acuerdo con la documentación disponible en la web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), del proceso de licitación participó en la Comisión Asesora de Adjudicaciones (Cadea) por superar el monto establecido por el artículo 66 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, que rige a las compras estatales.

Según la resolución publicada por Presidencia de la República, la Cadea dejó por el camino en primera instancia a tres empresas competidoras por incumplimientos en la presentación de la oferta técnica. En segunda instancia, se dejó afuera a otras tres empresas por no cumplir los requisitos excluyentes.

La resolución detalla que en mayo de 2024 la Cadea sugirió adjudicar la licitación a la “promesa de consorcio” conformada por la empresa argentina Magallanes Media SA y la irlandesa Global Ireland Teoranta. Sin embargo, en agosto la Gerencia del Área Logística del Ministerio del Interior informó de limitaciones presupuestales, por lo que sólo se adjudicaría el ítem correspondiente a las libretas de pasaportes.

Por este motivo se hizo un nuevo cuadro de ponderación y se invitó al consorcio argentino-irlandés y a UAB Garsu Pasaulis. Nuevamente, la Cadea sugirió la adjudicación al consorcio, y recibió observaciones de la empresa lituana. En paralelo, el organismo recibió un informe de la Comisión Técnica de la DNIC, por lo que la Cadea dio lugar a las observaciones planteadas por Garsu Pasaulis y emitió un nuevo informe sugiriendo la adjudicación de la compra a la empresa lituana.

Desde el Ministerio del Interior señalaron a la diaria Verifica que la empresa no va a acceder a los datos personales ni de seguridad del chip electrónico, y que sólo se refiere al papel con el que se van a confeccionar las libretas. Asimismo, afirmaron que la licitación fue “dentro de la normativa” y que la empresa cuenta con antecedentes de proveer a otros países.

La resolución determina una erogación total de 4.831.200 dólares, destinados a la compra de 800.000 libretas pasaportes con “chip en hoja policarbonato”, a un costo unitario de 5,84 dólares, libretas de pasaportes oficiales y diplomáticos, entre otros insumos. De acuerdo con el cronograma de pagos, el Estado uruguayo asumió un compromiso con la empresa hasta 2028.