En los últimos días y tras el anuncio y posterior cierre de las dos plantas de la autopartista Yazaki en Colonia y Las Piedras, circularon posteos virales que afirman que los trabajadores de la misma habrían realizado 106 días de paro en el año y que, sumado a los días no laborables como feriados, sábados y domingos, habrían estado menos de un tercio del año trabajando. “Es un disparate”, aseguró Carlos Martínez, referente sindical de Yazaki, a este medio y advirtió que la idea de que hubieran realizado 106 paros habría implicado que la planta estuviera paralizada “cinco meses y medio”.
En el mismo sentido, Martínez advirtió que “entre finales de 2022 y el cierre, hubo en total 52 horas distribuidas en diferentes días en los que ocurrió alguna actividad sindical con paro de actividades”, que tiene en cuenta asambleas, paros, movilizaciones y otro tipo de situaciones. “Puede ir de una asamblea, que son coordinadas con la empresa, a un paro de dos o tres horas. Es el registro que pudimos recabar revisando todas las anotaciones que tenemos de notificaciones a la empresa o anotaciones nuestras, aunque no existe un registro preciso ni actas de cada situación”, explicó.
Los posteos virales, además, daban cuenta de una supuesta medida de fuerza porque durante el mundial a los trabajadores les habrían dado milanesas “sin mayonesa”, algo irrisorio que fue desmentido por la asociación sindical. Los últimos focos de conflictividad que habían sido de público conocimiento datan de un año atrás, cuando el sindicato denunció que la gerencia incumplía acuerdos y convenios que antes eran respetados con relación a licencias por enfermedad, presentismo y condiciones laborales.
Desde la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra), que es el área responsable de atender a conflictos que ocurran en el sector, dijeron a este medio que no tienen sistematizados ni registro de la cantidad de los conflictos o actividades sindicales. Además, añadieron: “Aun si tuviésemos, son sólo los advertidos por la empresa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que no es el universo completo”.
En el mismo sentido, el subsecretario de Trabajo y Seguridad, Daniel Pérez, explicó a la diaria Verifica que si bien no tienen datos completos, es cierto que una cantidad de 106 paros en el año habría sido un factor que probablemente hubiera saltado a la opinión pública y a conocimiento de la cartera. Por otro lado, y aunque insistió en que no sería responsable dar un número certero –“ni 106 ni 30 ni nada”–, recordó que en octubre de 2024 fue la única instancia en la que debió intervenir el ministerio (dada la magnitud del conflicto) desde que él llegó al cargo en mayo de 2024.
Martínez, a su vez, explicó que se trató de un conflicto “porque la empresa no quería darle la media hora de lactancia a las compañeras que necesitaban sacarse leche”. Y agregó: “La sala de lactancia era un desastre, la dejaron venir abajo. Y esta gerencia les decía que, si se iban para amamantar a sus hijos, les sacaban el presentismo”.
El referente sindical se refiere a la última gerencia, que tomó la gestión de la fábrica en los últimos meses de 2022. Actualmente, las autoridades se desplazaron a Brasil y manejan desde allí las reuniones tripartitas (con el sindicato y el ministerio) y las decisiones respecto de los futuros acuerdos por despido, que incluyen indemnizaciones, capacitaciones y asesorías laborales para los exempleados, según detallaron desde la cartera laboral. En ese sentido, Pérez explicó que están buscando negociar las mejores condiciones para los trabajadores cesanteados, pero que el cierre “es irreversible desde el primer día en que lo comunicó la empresa”.
Si bien el titular de la Dinatra, Federico Daverede, había dicho ante Montevideo Portal que “el sindicato tiró de la piola y la piola se rompió”, aclaró a este medio que no tenían registro de la cantidad de medidas llevadas a cabo por el sindicato en Yazaki. Por otra parte, Pérez aseguró que la empresa no había puesto a la conflictividad laboral como el elemento central, sino que el foco estaba en la competitividad y los costos.
Más allá de la instalación del discurso sobre la conflictividad laboral en Yazaki como foco causal del cierre, que se desprendió del comunicado original de la empresa que advertía por los altos costos y la falta de competitividad, Martínez insistió en que no se realizaban medidas en forma indiscriminada y que “sólo se hacían paros cuando incumplían con la ley, como con el tema del amamantamiento”. Y recordó los últimos dos ceses de actividades: una asamblea coordinada con la empresa a mediados de noviembre “porque se hizo el acuerdo de licencia y había que votarlo” y “una movilización de tres horas el 17 de diciembre para acompañar la movilización de la Confederación de Sindicatos Industriales”.
Por su parte, el titular de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (UNTMRA), Danilo Dárdano, aseguró a este medio que en las próximas horas –lunes o martes– se reunirán con el ministerio y la empresa para “conseguir una salida lo mejor posible para las y los trabajadores”. Aun cuando respetaran las decisiones de las asambleas de base que pretenden la reapertura, Dárdano espera poder clarificar si hay posibilidades o no de reapertura en dicha reunión, aunque reconoció que, “a medida que pasan las horas, se vuelve casi imposible”.
Conflictividad laboral y datos
El Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) publica mensualmente desde 1995 sus informes de conflictividad laboral donde se desagregan datos por tipo de conflicto, sector y motivo. De acuerdo con el estudio, que se publicará en las próximas semanas, durante 2024 (hasta el 20 de diciembre) se desarrollaron 107 conflictos con interrupción de actividades entre los que se encuentran dos paros generales del PIT-CNT, uno por 24 horas (el 8 de marzo) y otro parcial (el 27 de junio a 51 años de la huelga general tras el golpe de Estado de 1973).
Este estudio, explica la doctora en Administración de Empresas y responsable del Observatorio de Relaciones Laborales de la UCU, Eloisa González, se realiza con un mapeo de información de distintas fuentes que involucran a la prensa y actores sectoriales (sindicales y empresariales).
En dicho estudio, y al clasificarse por sector, se estipula que en 2024 el 15% de la totalidad de los paros correspondieron al sector industrial, en el que está inserto Yazaki, muy por detrás del resto de las ramas de actividad. Este número, explica el informe, se concentra específicamente en la jornada del 17 de diciembre, cuando la CSI realizó el paro de industriales en solidaridad al conflicto de la industria láctea, debido a despidos en la Cooperativa de Lechería de Melo (Coleme). En ese caso, como explicó Martínez, Yazaki paró tres horas.
Además, el informe destaca que el índice de conflictividad laboral alcanzó un valor de 45,4 durante 2024, casi la mitad del valor promedio de 2023 (81,61). Ese año se produjo el mayor nivel de conflictividad en 20 años y aunque el número de conflictos suele ser relativamente estable –entre 100 y 120 anuales, con una baja excepcional a 60 en 2020 atribuido al contexto de pandemia–, la diferencia se explica porque en 2023 hubo cinco paros nacionales, que en el índice tienen mayor peso al representar a más trabajadores parando por más tiempo y, con ello, afectando mayor cantidad de jornadas laborales. El índice se elabora teniendo en cuenta cuántas jornadas se deberían haber trabajado en condiciones normales y cuántas efectivamente se trabajaron (por consecuencia del paro o conflicto). Es decir que el índice mide únicamente jornadas perdidas por interrupción de actividad y no aquellas cuestiones que se resuelven sin llegar a paros, mientras que para la cuantificación de los conflictos se considera todo el proceso de conflicto (dure una hora o dos días) como uno solo.
En el último informe, además, se destaca otro factor: 2024 fue, comparado a los últimos años de gobierno de otros presidentes uruguayos, el año con mayor conflictividad. Esto aun cuando el último año de mandato de las administraciones suele ser el que sufren menor conflictividad. En 2019, por ejemplo, que fue el último año del gobierno de Tabaré Vázquez, el índice de conflictividad laboral había estado en 41,5 (el segundo más alto tras 2024).
Además, desde 2023 (y se vio ratificado en 2024), González observa un cambio importante: “Creció más la conflictividad por condiciones laborales, cuando históricamente era mayor la conflictividad por salarios”.