El pasado miércoles la Cámara de Representantes aprobó el texto de la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio del año pasado, con los votos de la bancada oficialista y los dos diputados de Cabildo Abierto. Los representantes del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) acompañaron el texto general pero no el articulado, bajo diversos cuestionamientos a algunas medidas, como el aumento de tope de deuda y el otorgamiento de partidas extra en varios incisos.

El texto aprobado está compuesto de siete artículos, de los cuales los dos primeros responden al balance de ejecución presupuestal del año 2024, último año de la pasada administración. La novedad fue la inclusión una serie de artículos que responden a partidas presupuestales para cubrir gastos extraordinarios en los ministerios de Salud Pública (artículo 3°), Transporte y Obras Públicas (artículo 5°) y Vivienda y Ordenamiento Territorial (artículo 6°), así como en la Administración de Servicios de Salud del Estado (artículo 4°). Por último, el artículo 7° responde a la solicitud de aumento del tope de deuda de 1.200 millones de dólares para cubrir estos gastos. Para obtener la mayoría necesaria para la aprobación de este bloque fueron fundamentales los votos cabildantes.

Sobre la negativa del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez argumentó que la discusión de la nueva rendición se estaba haciendo a “tambor batiente” antes del plazo que tiene constitucionalmente el gobierno para enviar a consideración este tipo de proyecto y que deben tenerse en cuenta algunos “aspectos que no son habituales”.

El artículo 214° de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo deberá presentar al Poder Legislativo “dentro de los seis meses de vencido el ejercicio anual” la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente a dicho ejercicio, “pudiendo proponer las modificaciones que estime indispensables al monto global de gastos, inversiones y sueldos o recursos y efectuar creaciones, supresiones y modificaciones de programas por razones debidamente justificadas”. Por otra parte, el articulo 217° establece que “cada Cámara deberá pronunciarse sobre los proyectos de presupuestos o leyes de Rendición de Cuentas dentro del término de cuarenta y cinco días de recibidos”.

“Analizando todas las rendiciones de cuenta de los últimos cuatro gobiernos, siempre la rendición de cuentas ha sido de artículo único. En las transiciones más diversas”, señaló Gurméndez y agregó que en esto el gobierno vino a “innovar”. Estas mismas ideas fueron vertidas por el legislador tanto en la conferencia de prensa brindada por la bancada del PC en el cuarto intermedio de la sesión así como en entrevista con radio Sarandí en la mañana del miércoles, donde puntualizó esta característica en “los primeros años” de cada gobierno.

Lo señalado por Gurméndez es cierto, pero no existe normativa que prohíba un articulado extenso en los proyectos de ley de rendición de cuentas. De hecho, esto solo se cumple en las rendiciones de cuentas de los primeros años de cada gobierno, como cierre de balance del gobierno anterior, debido a que la discusión programática suele darse en la Ley de Presupuesto inmediatamente posterior.

No obstante, existe un antecedente desde la reapertura democrática en que la rendición de cuentas del primer año de gobierno fue utilizada para atender otras cuestiones por fuera del balance presupuestal.

La Rendición de Cuentas de 1990

Durante el primer año de gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de Rendición de Cuentas sobre diversas medidas relativas a la Administración Pública y otorgamiento de créditos presupuestales. El proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de junio de 1990 y, de acuerdo a lo que informó la prensa, el entonces ministro de Economía y Finanzas, Enrique Braga, señaló que se trataba de un “documento atípico”, ya que constaba de 60 artículos, lo que difería de las que “tradicionalmente se hacían en el país”.

El texto incluyó aumentos en horas de servicio para policías y la asignación de créditos para la puesta en marcha del nuevo Ministerio de Vivienda. Además, preveía el pago de partidas fijas para militares y policías de los grados más bajos, así como la disolución de la Dirección Nacional de Costos, Precios e Ingresos y la solicitud a la Oficina Nacional del Servicio Civil para que se relevaran todos los funcionarios estatales con título de médico a los efectos de ser redistribuidos al Ministerio de Salud Pública. Braga declaró que “otros ministerios, como la enseñanza”, serían contemplados “como corresponde” en la discusión del presupuesto nacional.

Sin embargo, la discusión parlamentaria y la necesidad de apoyos para aprobar la ley (el Partido Nacional contaba con 39 diputados de los cuales solo 24 respondían al Herrerismo) derivó en que el texto totalizara 110 artículos. La mayoría de los agregados correspondieron a partidas salariales a varios organismos del estado, entre los que se incluyó a los maestros, a quienes se les otorgó una partida fija de $15.000, mismo monto que a policías y militares.

Asimismo, se crearon tributos y se dispuso su control por parte de la Dirección General de Impositiva, pero quedó por el camino el aumento de la Contribución Rural, por no contar con los apoyos de la bancada del Partido Colorado. Además, se dispuso la transferencia de los inmuebles correspondientes al ex frigorífico Anglo a la Intendencia de Río Negro.