Durante la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, volvió a circular una versión que lleva años difundiéndose en redes sociales, y fuera de ellas, a partir de la denuncia pública de algunos legisladores: el ministro tendría inversiones y campos en Paraguay. Sin embargo, este medio revisó todas las declaraciones juradas del funcionario de los últimos siete años, se contactó con fuentes locales y extranjeras, y no pudo encontrar ninguna propiedad o inversión de Fratti en ese país.
La versión, que circuló nuevamente con fuerza hace diez días, volvió a viralizarse ayer a partir de cuentas que suelen compartir desinformación y otros usuarios sin identificar. De los datos analizados se desprende que la totalidad de campos de Fratti están ubicados en Cerro Largo, aunque también tiene algunos inmuebles entre Montevideo y Canelones. En 2019, por ejemplo, declaró 79 vacas y 70 ovejas en 50 hectáreas en distintos padrones de Cerro Largo; en 2020, 100 vacas; en 2022, 140 vacas, y en 2025 declaró 197 hectáreas (los mismos padrones de 2019) y un campo de 147 hectáreas en el que cuenta con 175 vacas, 85 ovejas y 7 caballos.
Un poco de historia
En 2018, cuando el ahora ministro era legislador, fue acusado por Sebastián da Silva y Graciela Bianchi, además de decenas de mensajes en redes sociales, por tener inversiones en estancias en Paraguay. Entonces, los legisladores dijeron que investigarían de dónde había sacado el dinero y el propio Da Silva llegó a decir que provenía de una herencia por vender su estancia Don Ramón en Cerro Largo y que luego había dejado la chacra del extranjero. Sin embargo, en los documentos a los que accedió la diaria Verifica no figura ningún campo en el exterior, al menos entre 2017 y 2025, período señalado por los legisladores de la oposición.
Fratti, que fue presidente del Instituto Nacional de Carnes entre 2005 y 2010 y vicepresidente de la Federación Rural, antes de ser legislador, en 2018, sí mencionó en una entrevista en Radio Rural que entendía la decisión de empresarios uruguayos de hacer inversiones rurales en Paraguay, por la rentabilidad y porque consideró que era un buen negocio. “Como quien decide comprar una casa en Miami con un ahorro”, dijo entonces, y repitió por estas horas a este medio.
Algunas versiones de prensa interpretaron que el ministro anteriormente había admitido tener esos campos, pero rápidamente Fratti señaló que no poseía inversiones en Paraguay. “Nunca tuve campos allá”, señaló a la diaria Verifica al ser consultado por la polémica reinstalada. Y añadió: “Yo fui a Paraguay a asesorar a un amigo, Gonzalo Gaggero, a comprar campos y realizar inversiones. Y, al menos desde 2015, no he vuelto a ir”.
Gaggero Sosa, quien fue presidente de la Federación Rural del Uruguay entre 1999 y 2004, luego titular del Instituto Nacional de Colonización entre 2005 y 2010, donde estuvo un año más como vicepresidente, sí es dueño de la Cabaña Don Ramón, ubicada en Boquerón, dentro del Chaco paraguayo. Allí, como demuestran publicaciones de la gremial rural paraguaya y de la propia cabaña, ha ganado numerosos premios por su ganado Senepol.
Qué dice la ley
Si bien las denuncias se centraron en la idea de que un funcionario no podría tener negocios en el extranjero, hay diferentes regulaciones en función del puesto que ocupe la persona. Para los ministros, por caso, no hay incompatibilidad para tener una empresa en el extranjero.
Por el lado de los directores o titulares del INC y del INAC, existen diferentes reglamentaciones a tener en cuenta. El artículo 200 de la Constitución establece que los directores de entes autónomos o servicios descentralizados no pueden ejercer profesiones ni actividades que, “directa o indirectamente, se relacionen con la Institución a la que pertenecen”.
En el caso del primero, si bien los funcionarios no pueden serlo a la vez que ser colonos, no existen señalamientos respecto a que directivos tengan tierras en el exterior. En el artículo 23 de la Ley 15.605, que determinó la creación del INAC, en cambio, sí se establecen limitaciones específicas, ya que considera que la dirección o ser funcionario de la institución es incompatible con ser “propietario, director, síndico, mandatario, asesor o empleado de personas o empresas que industrialicen ganado o carnes, o de agremiaciones de productores rurales, de industriales o de comerciantes del sector”.