A comienzos de este año, el Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó el último informe sobre la evolución del Índice de Precios del Consumo (IPC), que arrojó una inflación interanual al cierre de 2025 de 3,65%. Este dato representa el valor más bajo desde 2001 y se ubicó casi un punto por debajo de la meta fijada por el Banco Central del Uruguay (BCU). Según la publicación del INE, diciembre acumuló una caída de precios de -0,09%, lo que impulsó a la baja la cifra interanual al cierre del año. Estos resultados motivaron celebraciones por parte de actores vinculados al oficialismo, quienes atribuyeron el mérito a la política económica del actual gobierno.

En entrevista con la diaria, Silvia Rodríguez, economista del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), sostuvo que no han existido políticas específicas de la nueva administración que hayan influido considerablemente en el último período. Entre los componentes relevantes, la economista consideró a la evolución del tipo de cambio nominal, que acumuló una caída punta a punta de 11%, mientras que en promedio se redujo 9%. “Esto afecta fundamentalmente la trayectoria de precios de los bienes y servicios transables vinculados al comercio exterior”, explicó Rodríguez, quien recordó que este fenómeno ha tenido una influencia creciente desde, al menos, el periodo de gobierno anterior.

Por otra parte, señaló que hubo continuidad en prácticas relevantes, vinculadas a la comunicación mediante la divulgación de informes pormenorizados, que redundan “positivamente en las expectativas de los agentes”, como el empresariado, que si bien suelen realizar proyecciones por encima de los datos oficiales, cada vez se encuentran más alineados con los informes del gobierno.

En la misma línea, María Inés Mahilos, economista de CPA Ferrere, señaló que en diciembre la inflación mensual se ubicó por debajo de lo esperado, tanto en la proyección realizada por esa consultora y otras estimaciones de mercado, como en la mediana de la encuesta de expectativas del BCU y de los operadores primarios.

Asimismo, Mahilos recordó que, con el último registro, durante el segundo semestre de 2025 la inflación se consolidó por debajo del objetivo, al acumular 31 meses dentro del rango de tolerancia y cinco meses consecutivos por debajo de la meta. “Este desempeño se da en el marco del nuevo enfoque de política monetaria adoptado por las autoridades del BCU, que ratificaron desde el inicio el régimen de metas de inflación y definieron un objetivo puntual de 4,5%, en lugar del rango utilizado previamente”, explicó la economista, quien señaló que está abierta la posibilidad de avanzar hacia una “segunda fase”, con una eventual reducción adicional de la meta hacia “estándares regionales más bajos.”

En cuanto a la evolución del IPC durante el último año, Mahilos consideró que respondió “tanto a factores de política económica como a elementos coyunturales”. Al igual que Rodríguez, señaló que el debilitamiento del dólar a nivel global favoreció la moderación de los precios, aunque además identificó como otro factor relevante la estabilidad de los precios internacionales de las materias primas con la excepción de las carnes, principal producto de exportación del país, que se mantienen en niveles históricamente elevados.

Respecto a la caída de precios durante el último tramo de 2025, Rodríguez advirtió que se trata de un fenómeno que suele registrarse desde hace años durante diciembre, motivado en gran medida por el efecto “UTE Premia”, que presiona a la baja el indicador por el importante peso de la energía eléctrica en la canasta. A esto se sumaron descensos en algunos transables como las verduras, en torno a 6%, o aumentos mínimos en el caso de las frutas, aunque este tipo de productos compone la inflación “residual” debido a su alta volatilidad.

Señales positivas y puntos de atención

Si bien el hecho de que la inflación se ubique por debajo de la meta desde agosto puede interpretarse como una señal positiva en términos de credibilidad y anclaje de expectativas, Mahilós señaló que es relevante considerar que la programación fiscal se elaboró con una meta de inflación de 4,5%, marco de referencia para las negociaciones de los Consejos de Salarios.

La economista de CPA Ferrere señaló que una desaceleración de la inflación mayor a la anticipada podría afectar la creación de empleo, especialmente en los segmentos de menores ingresos donde se concentran los mayores ajustes nominales. “Los lineamientos salariales vigentes distinguen por franjas y establecen aumentos nominales más elevados para los salarios más bajos”, afirmó, y explicó que, en este contexto y en ausencia de mejoras en la productividad, un sobrecumplimiento de la meta de inflación podría traducirse en “aumentos del salario real que afecten negativamente el empleo o incentiven la informalidad”.

No obstante, Rodríguez valoró como positivo el hecho de que la mayoría de los trabajadores perciba incrementos reales en sus salarios, ya que en las negociaciones colectivas se establecieron tres niveles de aumento, en los que los menos “favorecidos” fueron quienes pactaron un “empate” en función de la inflación proyectada, superior al aumento efectivo del IPC.

Sin embargo, la economista del CINVE advirtió que uno de los efectos negativos de esta evolución por debajo de las proyecciones radica en una posible afectación de las cuentas públicas. Mahilos coincidió en este aspecto y sostuvo que una eventual reducción de la meta de inflación podría generar un impacto fiscal transitorio negativo, principalmente a través del gasto en pasividades. “Este componente, de carácter rígido, se ajusta por inflación pasada, más elevada, mientras que los ingresos fiscales crecerían a un ritmo menor en términos nominales. El efecto se da en un contexto en el que la convergencia fiscal ya se encuentra tensionada, en un escenario de desaceleración económica y dólar débil”.

Por tal motivo, en la última reunión del Comité de Política Monetaria, el BCU manifestó su preocupación por el sobrecumplimiento de la meta y dejó abierta la posibilidad de nuevas reducciones de la tasa de política monetaria, siempre que la inflación continúe ubicándose por debajo del objetivo.

La inflación más baja desde 2001

El dato de 3,65% para 2025 representa el menor guarismo desde 2001, cuando ese año cerró en 3,59%, si se toma en cuenta la base de cálculo del IPC actualizada por el BCU en 2022. En aquel entonces la alegría duró poco, ya que al año siguiente estalló la crisis financiera y cambiaria, y los precios se elevarían más de 26% en 2002, número que no se volvería a reiterar desde entonces. De hecho, desde 2003 el país no registra variaciones de precios interanuales de dos dígitos.

Si bien este desempeño resulta positivo, aún más si se contrasta con las elevadas cifras de inflación que Uruguay mantuvo hasta finales de la década del 90, durante las tres primeras administraciones frenteamplistas fue tema recurrente de agenda y una señal de alerta. En el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, la gestión del entonces ministro Economía y Finanzas, Danilo Astori, debió implementar diversos mecanismos para mantener la inflación por debajo de 10%, como la intervención en el tipo de cambio y acuerdos de precios con las cámaras empresariales.

La estabilización en los niveles actuales se dio a finales de 2023, cuando el gobierno de Luis Lacalle Pou logró contener la inflación en 5,11%. Esto significó el primer cierre de año dentro del rango meta fijado por el BCU el año anterior, cuyo techo se ubicaba en 6%, una tendencia que se mantuvo desde entonces.

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