El martes, la asociación civil Conservación para las Especies Nativas del Uruguay (Coendu) se hizo presente en el Parlamento para poner en discusión en el ámbito legislativo el decreto del Poder Ejecutivo que en abril modificó la normativa que regula la caza en el país. Recordemos que entre los principales cambios están la habilitación de la práctica deportiva en todo el país –salvo en Montevideo–, la caza nocturna de especies exóticas habilitadas por ley, y la reducción de tres a un kilómetro el radio de distancia respecto de centros poblados o escuelas rurales en el caso de caza con escopeta de perdigones.
La asociación Coendu fue recibida por la Comisión de Ambiente de Diputados, donde volvió a poner en agenda la problemática de la caza de patos. Ya en 2018 Coendu había elaborado un informe sobre la temática; ahora, en la reunión en el Parlamento presentó una actualización. “A pesar de que la normativa vigente dispone que todos los años el Poder Ejecutivo debería elaborar una reglamentación nueva que establezca las condiciones de esta actividad, basada en estudios poblacionales de las diferentes especies, ninguna de las excepciones (autorizaciones a la caza de determinadas especies) se ha realizado con sustento en informe técnico ni estudio poblacional alguno”, reportan sobre la situación de gran parte de los animales cuya caza está permitida en nuestro país.
Este último planteo se admitía en un documento interno del Ministerio de Ambiente –fechado el 8 de setiembre de 2021– al que pudo acceder la diaria. “Si bien la realización de estudios para orientar el otorgamiento de permisos está contemplada en la normativa, esto no ha sido realizado, por lo cual los permisos se han emitido sin evidencia sobre el estado de las poblaciones”, se aseguraba.
Una vieja conquista queda sin vigencia
A raíz del primer mapeo de la organización, donde se adjuntaban cerca de 20 denuncias de establecimientos dedicados al turismo cinegético, Coendu logró una conquista en 2018: se aprobó un decreto que establecía, sólo por dos períodos de caza, la suspensión de “la autorización de caza deportiva y el transporte” del pato cara blanca (Dendrocygna viduata), el pato maicero (Anas georgica) y el pato picazo (Netta peposaca). En la normativa también se apuntó que el entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente era el encargado de realizar los “estudios poblacionales necesarios para la revisión de la lista de especies de patos habilitadas para la caza deportiva, así como para el ajuste de las cuotas de caza autorizadas”.
Entre las justificaciones del decreto se admitía que entre 2017 y 2018 se “duplicó la solicitud y emisión de permisos de caza deportiva de patos” y que esto “podría estar produciendo la disminución de las poblaciones de las especies”. Sin embargo, el período que abarcó la suspensión de su caza terminó.
“Pasaron los dos años y el Estado no cumplió lo que el mismo Estado dictaminó. Actualmente, y con un Ministerio de Ambiente creado, no se renovó la moratoria, por lo que si bien las normas establecen que se deben realizar estudios poblacionales con anterioridad a la autorización, esta actividad se ha vuelto a habilitar y se están expidiendo los correspondientes permisos sin contar con dichos estudios poblacionales obligatorios”, reclama Coendu en su informe.
A su vez, Mauricio Álvarez, integrante de la asociación, dijo a los diputados que el día anterior a presentarse a la comisión recibieron videos de la zona del fortín de San Miguel en los que se ve que “ya están pasando un montón de camionetas de turistas extranjeros cazando patos”. Según reconoció Álvarez, el video con cazadores de patos en las inmediaciones de un área protegida no necesariamente sería ilegal, porque según dijo chequearon con el Ministerio de Ambiente “y ya se están emitiendo nuevamente los permisos para cazar patos”.
Establecimientos y operadores de turismo cinegético con “irregularidades”
Coendu relevó información de 16 establecimientos y operadores dedicados al turismo de caza de patos en Uruguay. En 15 encontraron “un gran número de irregularidades en cuanto a los servicios ofrecidos”, tomando como base la información disponible en los propios sitios web de los prestadores de estos servicios y blogs dedicados al turismo de caza. Los establecimientos denunciados se encuentran en Cerro Largo, Treinta y Tres, Paysandú, Río Negro, Punta del Este y Soriano. Por su parte, los operadores de turismo cinegético trabajan con estancias ubicadas en Paysandú, Lavalleja, Río Negro y San José.
Pato cara blanca en Maldonado.
Foto: Daniela A. Lowe (NaturalisaUY)
Salmon 2000 es una empresa española que según su sitio web está “especializada en organizar viajes exclusivos y personalizados en los que está todo estudiado para que puedas relajarte y concentrarte únicamente en disfrutar de tu afición favorita, en cualquiera de los mejores destinos del mundo”. Afirman que su selección de lugares es “cuidada” y se toman “paraísos de caza y pesca, que todavía quedan en contados lugares del planeta”. En el informe de la asociación y en la página web de la empresa se menciona un lugar uruguayo: la estancia San Juan, ubicada en Paysandú.
“En la descripción de las especies que se puede cazar, se cita al pato colorado (en inglés citado cómo “cinnamon teal”), especie cuya caza no está permitida en nuestro país”, se señala el informe. Pero además, Coendu encontró un video publicitario de la estancia San Juan en el que se observa “el abatimiento de un pato brasilero”, especie cuya caza también está prohibida. El video fue retirado de Youtube luego de que el informe fuera difundido por redes sociales y presentado en el Parlamento. Sin embargo, previendo esta situación, la asociación decidió grabarlo mediante una captura de pantalla y el video está disponible en el canal que tienen en la plataforma.
“En relación a esta estancia, al 6/6/2022, Bernardo Barrán figura como socio y gerente de la misma en Linkedin. Es importante destacar que fue una de las personas que trabajó con Presidencia en la elaboración del Decreto 138/022 [el nuevo decreto de caza] y uno de los defensores más activos a nivel de prensa”, denuncian los integrantes de la organización. Barrán también fue asesor de la exsenadora y precandidata a la presidencia de la República por el Partido Nacional Verónica Alonso. Desde Coendu manifiestan que les genera “preocupación” el hecho de que “se está tomando como referente para la elaboración de normas relacionadas a la caza en Uruguay a alguien que según la publicidad de su propio emprendimiento, infringe la normativa vigente”.
La estancia San Juan es sólo uno de los 15 establecimientos denunciados.
Prohibición hasta que la fiscalización sea “efectiva”
La asociación conservacionista de fauna afirma que respecto del informe presentado en 2018, “algunas empresas y/o webs dejaron de existir o de ofrecer sus servicios en Uruguay”. Por ejemplo: Join Uruguay, Las Torcazas-Cinegética Uruguay, High Adventure Company, Wing Shooting in Uruguay with Eduardo González, Black River Outfitter, Black Dog Outfitters, ABM Outfitter y Aberdeen Wildwings. Parece ser que, por el idioma seleccionado en sus nombres, estaban dirigidas a capturar a turistas extranjeros. Sin embargo, también resaltan que “aparecieron nuevos operadores que ofrecen el servicio de caza de patos”.
“Como queda claro y documentado en el presente informe, los diferentes cotos de caza y empresas dedicadas al turismo cinegético en Uruguay no están cumpliendo desde hace años con la normativa vigente y siguen incumpliéndola, más allá de la moratoria establecida hasta mayo de 2022”, resume Coendu.
Desde la organización, se ve “necesario y urgente” tomar medidas “con el fin de solucionar esta preocupante situación en nuestro país”. Entienden que además de determinar cuáles especies pueden o no ser cazadas y evaluar las cantidades y períodos de caza, también deberían incrementarse los controles a este tipo de emprendimientos “con el fin de salvaguardar la diversidad biológica de nuestras especies de patos nativos”. Solicitan al Ministerio de Ambiente que “dicte de forma urgente una nueva suspensión temporal de la caza de patos, quitándolos de la lista de especies con caza permitida en temporadas”. Exigen que la suspensión se mantenga hasta que se cuente con estudios poblacionales y “se posea las herramientas necesarias para una fiscalización efectiva y eficiente”.
Pato picazo en Río Negro.
Foto: Diego Caballero (NaturalistaUY)
El documento con las denuncias fue enviado al ministro de Ambiente, Adrián Peña, al director de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Gerardo Evia, y al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Durante su exposición en la comisión de Ambiente, los integrantes de la asociación reclamaron que Peña aún no los ha recibido, pese a que han intentado conseguir una reunión.
¿Una nueva ley que suplante el decreto?
Rafael Menéndez, diputado de Cabildo Abierto (CA) e integrante de la Comisión de Ambiente, comentó que la posición de su partido es “en contra” del nuevo decreto de caza y que a él en particular le parece “nefasto desde todo punto de vista”. “Deja una ambigüedad de criterios a los cazadores que pueden tomar la señal de que se puede cazar en cualquier territorio. Ahora únicamente es necesario el permiso oral de los propietarios. Nos preocupa el tema de los abigeatos, porque en la noche es donde se mueven los que salen a carnear animales ajenos”, declaró. Agregó que le parece “un decreto apurado”, que no fue “consensuado”, “hecho por gente que no midió las consecuencias que puede tener”, e “incluso tiene puntos de contraste con lo que se votó en la ley de urgente consideración”.
“El aspecto legislativo fue salteado; un decreto saltea al Poder Legislativo”, planteó Menéndez, y mencionó que desde CA no se descarta presentar una ley que suplante al decreto, aunque admitió que puede “llevar un tiempo considerable”.
Por otro lado, Lucía Etcheverry, diputada del Frente Amplio (FA) y también integrante de la Comisión de Ambiente, declaró que un punto que llama su atención es que haya sido una iniciativa del Poder Ejecutivo de la que “el propio Ministerio de Ambiente se desmarca y después pretende evaluar”. “Una tiende a pensar que debería evaluarse antes de implementar los cambios”, sumó. La postura del FA es que les parece que “va a contrapelo de la jerarquización de las temáticas ambientales y de la marca Uruguay Natural”, y también que se “flexibiliza en exceso” la caza.
Sobre la propuesta de crear una nueva ley que deje sin vigor al decreto manifestó que no han visto una iniciativa, “ni más información que el anuncio” de Menéndez. Etcheverry informó además que durante la primera semana de julio, el ministro de Ambiente irá a la comisión y se le preguntará sobre el decreto. Luego, decidirán qué camino seguir.
El Partido Ecologista Radical Intransigente, mediante un comunicado, expresó su rechazo a la nueva normativa. El Partido Independiente, según informó el diputado Iván Posadas, aún no ha discutido a la interna su posicionamiento al respecto. Habrá que esperar para saber qué camino deciden tomar los legisladores y legisladoras.