“Los hidrocarburos ya son una tecnología del pasado. No me parece muy sostenible comenzar a buscarlos avanzado el siglo XXI cuando la humanidad, a través de la Cumbre de Cambio Climático, ha resuelto ir abandonado esta tecnología”, respondió el subsecretario del Ministerio de Ambiente (MA), Gerardo Amarilla, a la diaria cuando se le consultó su postura sobre la decisión de Ancap que permitió a compañías comenzar a buscar hidrocarburos en la plataforma marina uruguaya.

En junio, la empresa estatal confirmó que las petroleras Shell, el Grupo Apa y Challenger Energy estarán habilitadas para explorar, con miras a explotar, cuatro de los siete bloques que tiene disponible el país en su plataforma offshore.

Además, el Grupo Apa se comprometió con las autoridades del gobierno a “la perforación de un pozo exploratorio en el período inicial de cuatro años”. Las ofertas se hicieron en el marco de la Ronda Uruguay Abierta de Ancap. Su modalidad consiste en que, durante mayo y noviembre de cada año, las compañías presentan sus planes para explotar y buscar hidrocarburos bajo la modalidad de “contratos de producción compartida”.

Amarilla planteó que es “consciente de los compromisos asumidos” y que Uruguay “respeta la legalidad, independientemente del gobierno”. Sin embargo, afirmó: “Lo pensé en 2017, cuando se hicieron anuncios, y lo reitero ahora: no creo que pase por ahí el desarrollo de Uruguay. Deberíamos apostar a continuar con las energías renovables y alternativas. Tenemos que cumplir con las metas que tenemos de carbono neutro; básicamente, es tratar de cambiar el parque automotor, liberando cada vez más movilidad eléctrica y apoyar las propuestas que hay de hidrógeno verde”.

El jerarca indicó que el MA mantuvo reuniones con Ancap en las que “cada uno estuvo en su posición. Obviamente que Ancap defendió las competencias del ente energético en el tema hidrocarburos y nosotros la posición de los temas ambientales”. Según dijo Amarilla, en esas reuniones la cartera manifestó que entendía la existencia de “procesos que empezaron ya hace algunos años”, pero que “deberían poco a poco irse cambiando”. “Creo que Ancap, por lo menos el presidente [Alejandro Stipanicic], lo ha entendido. Con el hidrógeno se abre una posibilidad para que la propia empresa cambie un poco la matriz de producción de energía”, sumó.

Cuando se presentó la información sobre las petroleras, el mes pasado, Stipanicic afirmó que “toda la actividad requiere una autorización ambiental previa y una autorización ambiental operativa en el caso de que haya una explotación”. Amarilla resaltó que hasta el momento se “están analizando los datos de las acciones anteriores”, pero “cuando se tenga que hacer algún otro tipo de extracciones físicas concretas sobre la plataforma continental”, tendrán que ser “muy estrictos en la preservación de algunos valores que son muy importantes en el suelo marino”. “Llegado el momento, realizaremos estudios de impacto ambiental para ver si autorizamos o no”, declaró.

Promesa: aumentar la superficie de áreas marinas protegidas este año

A fines de junio se llevó adelante la segunda Conferencia de Océanos de Naciones Unidas en Lisboa. Varios representantes del gobierno uruguayo participaron, entre ellos, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, quien anunció el compromiso de alcanzar “un 10% de área marina protegida en el 2022” y la creación de “una hoja de ruta que permitirá llegar a la meta del 30% al año 2030 en un proceso de planificación espacial”, según versa en un comunicado del ente. Actualmente, el país tiene una superficie de áreas marinas protegidas que equivale a 0,48%, aproximadamente.

Según informó Amarilla, la Comisión Nacional Asesora del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se encuentra estudiando diferentes propuestas. Una de ellas fue presentada en 2020 por varias organizaciones ambientales y de conservación; abarcaría 35.000 kilómetros cuadrados, incluyendo siete sistemas de cañones submarinos -conductos que transportan sedimentos desde la plataforma continental hacia el océano profundo- que se llaman Río de la Plata, Montevideo, Piriápolis, José Ignacio, La Paloma, Cabo Polonio y Punta del Diablo. Parte de los bloques concedidos a las petroleras se encuentran en la misma zona.

En el documento que presentaron las organizaciones dos años atrás, se advertía que en dicha zona se habían identificado varios animales amenazados: 19 especies de aves, 13 especies de mamíferos marinos, cuatro especies de tortugas marinas, 22 especies de tiburones y rayas y cinco especies de peces.

“Esperamos que antes de fin de año tengamos alguna noticia respecto de esta propuesta, que por lo menos podemos tener alguna suerte de limitación provisoria”, manifestó el subsecretario del MA. Sobre la posibilidad de poder explorar hidrocarburos dentro del área protegida, planteó que tendrán que evaluar el “tipo de prospección” y “si es compatible o no” con ingresarla al SNAP.

Hacerse escuchar

“Mar libre de petróleo”, “Si busca petróleo no es Uruguay Natural” y “Justicia climática es justicia social” son sólo algunas de las frases que se podían ver inscriptas en carteles este viernes frente al edificio de Ancap. Fridays for Future junto con otras organizaciones ambientalistas convocaron a una manifestación. El objetivo es exigir al gobierno que “no se sigan realizando exploraciones petroleras en el territorio marítimo de Uruguay y, en particular, que no se asignen más bloques offshore para la exploración de petróleo y gas en el mar uruguayo”. Al mismo tiempo, según versa en un comunicado, a “largo plazo” buscan “que se prohíba todo tipo de actividad petrolera en el territorio nacional” porque “no es el camino para construir un futuro sostenible”.

“Creemos que los cambios los podemos hacer entre todos. Por eso, queremos que se sumen a esta iniciativa y aporten desde su lugar para luchar juntos por el futuro digno que merecemos”, señala la organización. A su vez, recuerdan que Uruguay ha firmado compromisos internacionales que “van en contra de estas actividades”. Citan como ejemplo el Acuerdo de París, que busca limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales, y el Acuerdo de Escazú, que obliga a los estados a garantizar justicia, transparencia y participación en asuntos ambientales.