“El presupuesto sigue siendo bajo, pero es mucho más que lo que había cuando asumimos, cuando asumió el gobierno. Insisto, es importante: el presupuesto en materia ambiental se ha incrementado. ¿Necesitamos más? Necesitamos más, pero hay que decir las cosas por su nombre”, manifestó el ministro de Ambiente, Adrián Peña, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, según consta en la versión taquigráfica de la sesión. La visita del jerarca al Parlamento, que tuvo lugar el martes, se dio en el marco del tratamiento del proyecto de Rendición de Cuentas.

Durante la instancia el ministro justificó el pedido de aumento presupuestal: “Todavía estamos peleando algún recurso más; de todo lo que pedimos, nos están faltando unos 25 millones de pesos para reforzar en materia de personal. Es poca plata en términos de presupuesto nacional, pero fundamental para nosotros”, subrayó Peña.

Por otra parte, la cartera solicitó un “refuerzo presupuestal” que estaría destinado para controlar la segunda planta de UPM, empresa finlandesa que produce pulpa de celulosa, papel y madera, pero también para llevar adelante otros proyectos. Peña afirmó que “hoy la empresa no está autorizada para operar” y que, por lo tanto, “la fecha de comienzo de operación todavía no está definida”. “La autorización ambiental de operación será algo que el Ministerio de Ambiente otorgará en su momento, en base a los análisis y a las condiciones puestas en las autorización ambiental previa”, sumó.

Al respecto, el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust preguntó: “¿El ministerio no ha considerado la posibilidad de cobrarle al inspeccionado? Es decir, en UPM1 se invertían 700.000 dólares anuales por el control del agua, etcétera, que pagábamos nosotros, como en todo negocio. Quisiera saber si es posible que le cobremos a UPM2, que pueda venir como un mensaje en esta rendición”. Peña respondió que es una decisión que “escapa” al ministerio, aunque sí están autorizados para “cobrar algunos trámites y, seguramente, las autorizaciones ambientales van a tener un costo”.

923 denuncias en un año

Peña afirmó que el MA recibió 923 denuncias en 2021, de las que se “atendieron” 611, mientras que las restantes 312 se derivaron porque “no eran de su competencia”. “Pasa comúnmente. Hay que derivarlas a la Dinara [Dirección Nacional de Recursos Acuáticos], a la Dirección General Forestal o a las intendencias, ya que en algunos casos son de su competencia”, comentó. Vinculado con este punto, planteó que uno de sus reclamos era “la renovación de la flota”, que “va unida” a “la capacidad de respuesta” ante las denuncias. “Tenemos una flota muy vieja. El vehículo más nuevo es de 2014, otros superan los 30.000 kilómetros”, describió. Asimismo, también destacó que este año recibirán 500.000 pesos destinados a este último punto.

En su exposición Peña brindó datos sobre el Sistema de Autorizaciones que “evalúa proyectos de inversión, tanto públicos como privados, previo a su instalación, ampliación y operación y, en caso que corresponda, realiza el seguimiento ambiental del cumplimiento de las condiciones de autorización durante la ejecución de las obras”.

En 2021 se tramitaron 224 solicitudes de viabilidad ambiental de localización. Por otra parte, se otorgaron 193 autorizaciones ambientales previas: 157 son proyectos de categoría A, donde se otorga el permiso por resolución ministerial, sin tener que realizar más trámites; y 36 son proyectos de categoría B y C, lo que implica que luego de ser aceptada la solicitud deben presentar un estudio de impacto ambiental para que las autoridades lo analicen.

Áreas protegidas

El diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir le preguntó al ministro de Ambiente si durante este período de gobierno se incluirán nuevas áreas protegidas al Sistema Nacional. También consultó si será posible cumplir con la promesa de alcanzar 10% de área marina protegida este año, tal como mencionó en la Conferencia de Océanos de la Organización de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Lisboa. “Además, a este tema se le ejerce una presión extra por la adjudicación posible de bloques de perforación y prospección petrolera en el océano”, agregó el frenteamplista.

“En materia de áreas protegidas nuestro objetivo claramente es, en principio, ordenar lo que tenemos. Uruguay tiene un gran problema en materia de áreas protegidas. Avanzar en territorio es difícil. Uruguay tiene un porcentaje alto, casi 100% del territorio, en manos de privados, y tiene casi 100% de territorio productivo”, apuntó Peña. Dijo que durante esta administración se apuntará a solucionar la problemática de que “hay una gran cantidad de áreas sin plan de manejo”.

Por otra parte, mencionó que existen propuestas para incorporar nuevos territorios protegidos, como es el caso de las tres islas del Queguay. Sobre este ejemplo, apuntó: “Queremos tratar de incluirlas en este período. Obviamente, tenemos una debilidad importante que es el personal, las personas para estudiar, analizar, convalidar una propuesta de incorporarla, pero estamos trabajando en eso”.

Con respecto a las áreas marinas protegidas, declaró que el país está “incumpliendo compromisos internacionales” con respecto a su superficie. “No es una buena señal de Uruguay anunciar cosas que después no cumple. Entonces, el objetivo de 2022 y el anuncio que hicimos en Lisboa es llegar con una propuesta a finales de este año para que el próximo, a través de un decreto que lleva la firma del presidente, podamos incorporar ese 10%”, indicó.

Actualmente existen dos propuestas que hicieron organizaciones ambientalistas y de conservación: una ubicada en Isla de Lobos; otra en la plataforma continental que abarcaría siete sistemas de cañones submarinos, una especie de conductos que transportan sedimentos desde la plataforma continental hacia el océano profundo. Esta última, de aprobarse tal cual fue presentada, abarcaría parte de la zona que Ancap brindó a empresas petroleras para exploraciones de hidrocarburos.

Sobre las iniciativas, el ministro de Ambiente manifestó que “no necesariamente el 10% del área marina va a coincidir con las propuestas que las organizaciones han hecho al ministerio. En algún caso, sí; en todo lo que tiene que ver con la Isla de Lobos y demás, estamos prácticamente de acuerdo. Luego, con la información disponible y el trabajo que estamos haciendo, definiremos las zonas a proteger”.

En cuanto a la búsqueda de hidrocarburos, Peña declaró que Uruguay encontró “una oportunidad ante la aparición de nuevo interés” por nuestra plataforma marina. “Hay algunos contratos firmados, por los cuales la ley y los decretos vigentes le dan plena competencia al ministerio para determinar el área protegida donde la quiera determinar, más allá de quién explore o dónde explore [...] Por lo tanto, podría haber hasta explotación y determinarse que tal área se va a proteger. De todas formas, como en todo lo demás, ese no es el camino”, comentó. Peña sostuvo que la “intención” del Ministerio de Ambiente es que “en un plazo aproximado de dos meses” se firme “un decreto o resolución ministerial que establezca cuáles son las áreas de interés prioritario para la conservación y la preservación”.

Cambio de competencias

El mes pasado, Lust presentó un proyecto de ley en el que se busca transferir al Ministerio de Ambiente las competencias “atinente a monte indígena o bosque nativo y palmares”, que actualmente están bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿La razón? Para el cabildante, este tipo de ecosistemas deben analizarse desde múltiples dimensiones, por lo tanto, el “control, el manejo y el cuidado de ese monte y la regeneración del mismo no puede estar dentro de las competencias de un ministerio productivo”, según se esgrime en la exposición de motivos.

Peña expresó que “en cuanto a su inspiración” están de acuerdo con el proyecto. “Nos parece que todo lo relativo a producción compete al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y todo lo referente a preservación, al de Ambiente. En esa línea, nosotros estamos de acuerdo. Obviamente, esto requiere un acuerdo político, en nuestro caso, en la interna de la coalición, y responde a una definición política acerca de en qué momento el Poder Ejecutivo lo plantea o no”, señaló. Según el jerarca, por esta razón, “no lo ha presentado el Ministerio de Ambiente”.