“En cuanto a Arazatí, ya fue aprobada por el Tribunal de Cuentas la licitación, así que tenemos 40 días para firmar el contrato y luego empezaríamos las obras. Podemos decir que en Arazatí estaríamos comenzando la obra a fines de febrero, principios de marzo”. Así se expresó en rueda de prensa el jueves 23 el ministro de Ambiente, Robert Bouvier. Ante esto, varias organizaciones ambientalistas nucleadas en la Red Unión Grupos de la Costa se manifestó en contra y aseguró que aún no se cumplen los plazos legales.
En un comunicado, la red, que nuclea a 62 organizaciones preocupadas por la naturaleza y el medioambiente, expresó su preocupación por las declaraciones de Bouvier. Efectivamente el Tribunal de Cuentas, con votación dividida, decidió no formular observaciones al proyecto Arazatí; sin embargo, esto no implica que el proceso esté culminado como para iniciar las obras.
“Es lamentable que el ministro haya insinuado que la obra dará comienzo en febrero, sin cumplir con los procesos legales necesarios y pasando por encima de la evaluación de impacto ambiental. Consideramos esto una clara violación a los derechos de nuestra comunidad y al compromiso de protección del medioambiente que tanto defendemos”, afirman las organizaciones integrantes de la red.
En este sentido, piden a las autoridades que se respeten “los procedimientos establecidos para la realización de cualquier proyecto que pueda afectar nuestros ecosistemas. Es esencial garantizar una evaluación adecuada y exhaustiva de los posibles impactos ambientales antes de dar inicio a cualquier obra”.
Asimismo, desde la red creen “firmemente que existen soluciones viables que no tienen impactos ambientales negativos significativos, que permitirían satisfacer las necesidades de la población sin poner en riesgo nuestro entorno natural y nuestra salud”.
Además, piden “garantizar el derecho a la participación de la sociedad civil; en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales tales como el Acuerdo de Escazú, firmado por Uruguay”.
“En conclusión, exhortamos al Ministerio de Ambiente y demás autoridades competentes a reconsiderar su postura y a involucrarnos a nosotros, como comunidad, en la toma de decisiones que afecten a nuestro entorno. Estamos dispuestos a colaborar activamente en la búsqueda de alternativas más responsables con el medio ambiente”, finalizan.