El jueves 13 de abril el Ministerio de Ambiente (MA) anunció que “estaría en condiciones” de otorgarle la autorización ambiental de operación a la segunda planta de UPM, empresa finlandesa que produce pulpa de celulosa, papel y madera. Al día siguiente, el gerente de Comunicaciones de UPM, Matías Martínez, publicó en su cuenta de twitter que la empresa había comenzado a operar.

El mega emprendimiento está ubicado en el departamento de Durazno, a 5 km de Pueblo Centenario y a otros 6 km de Paso de los Toros, ciudad del departamento de Tacuarembó. El predio, en concreto, se encuentra ubicado en la ribera sur del Río Negro, aguas abajo del embalse de Rincón del Bonete y aguas arriba de la represa de Baygorria. Tendrá una capacidad de producción anual de 2.100.000 toneladas de pasta de celulosa y su régimen de trabajo será continuo las 24 horas de los 365 días del año.

La construcción de la planta culminó en diciembre de 2022. Sin embargo, el Ferrocarril Central -que tiene por objetivo conectar el centro de operaciones con el puerto de Montevideo- aún no está listo. Por esta razón, 200 camiones de la empresa transitarán a diario por la ruta 5 con pasta de celulosa, hidróxido de sodio, ácido sulfúrico y fueloil.

“Nada para festejar”

Tras el anuncio del comienzo de las operaciones, 28 organizaciones de la sociedad civil uruguayas y finlandesas emitieron un comunicado donde afirman que no hay “nada para festejar”. Entre las organizaciones están Redes-Amigos de la Tierra, la Asociación Civil de Guardaparques, Militantes de Izquierda contra UPM, Movimiento por la Tierra, Coordinación por el Agua, Conservación de Especies Nativas del Uruguay, Friends of the Earth Finland y Debt for Climate.

En el comunicado las organizaciones entienden que “la puesta en marcha de esta tercera planta de celulosa en zona franca” supone “una profundización de un proceso que impide y condiciona la evolución del país hacia un sistema productivo sustentable, limita la soberanía nacional, los derechos humanos y afecta negativamente la calidad ambiental del Uruguay”.

“El proceso que llevó a esta inauguración ha sido ampliamente denunciado por no cumplir con plazos y exigencias ambientales mínimas. Por ejemplo, en la autorización ministerial de 2019, se establecía la necesidad de contar con una línea de base ambiental a partir de un año de mediciones antes de comenzar la construcción, pero la empresa comenzó a construir en setiembre de 2019 sin estos datos y el Ministerio de Ambiente avaló esa obra”, puntualizan las organizaciones.

Manifiestan que los sucesivos gobiernos han “modificado y manipulado la legislación y normativas vigentes cuyo fin es defender y proteger los derechos de la ciudadanía y el territorio, poniéndose al servicio de los intereses de la empresa”. Citan como ejemplo la aprobación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de nuevos agroquímicos para uso del sector forestal, a partir de irregularidades detectadas en un vivero de la empresa.

En el comunicado también resaltan la situación de “crisis hídrica y floraciones excepcionales de cianobacterias” durante este año. Sostienen que el sistema de efluentes de la nueva planta, “pieza fundamental para evitar empeorar la comprometida situación del Río Negro y en especial de los embalses”, no cumple “con las especificaciones requeridas”.

“Sólo fue autorizada bajo presiones y promesas, no firmadas, de que UPM limitaría la producción en caso de que la planta contamine demasiado. Este modo de producción intensiva dependiente de insumos químicos afecta la calidad y el acceso al agua. El Río Negro será incapaz de diluir o absorber los afluentes de una planta de este porte, que contaminará diariamente la cantidad de agua equivalente a la que abastece el sistema metropolitano de Montevideo por al menos dos semanas, siete mil millones de litros”, destacan los colectivos.

Enfatizan que el impacto del mega emprendimiento “no es solamente ambiental”, ya que a nivel social “fragiliza los modos de vida de las personas que habitan el territorio”. “El empleo que se genera es mucho menor del publicitado por la empresa, como demuestran investigaciones sobre los datos del Banco de Previsión Social donde se observa que los empleos de la industria forestal se han reducido en un 25% entre 2007 y 2020”, describen.

“También se reproduce la división sexual del trabajo, ya que el empleo que se genera es masculinizado (la mayor parte de los trabajos de la cadena forestal los tienen varones), se reproducen redes de trata y explotación sexual y se limitan los derechos laborales a nivel nacional e internacional, como sucedió luego de la larga huelga de trabajadores de UPM en Finlandia en 2022”, agregan.

Por estas razones, consideran que “no hay nada para festejar de esta inauguración para la que la ciudadanía ha gastado y seguirá gastando más de cinco mil millones de dólares en el tren y las rutas de transporte de celulosa y químicos peligrosos que atravesarán ciudades para llegar a una planta que le proporcionará a UPM extraordinarios niveles de ganancias”.

Afirman que la empresa tendrá “un nivel de rentabilidad” que “no obtiene en ningún lugar del mundo, logrado a partir de la explotación del territorio, en especial el agua y los suelos, la exoneración de impuestos y la asignación de fondos del Estado a obras que benefician a la empresa”.

A su vez, remarcan que para los habitantes de nuestro país queda “la expansión de monocultivos forestales” y sus “impactos negativos”. “No hay contrapartida económica, social o ambiental para el Uruguay, salvo el crecimiento artificial del PBI por una actividad económica que no se refleja en lo interno y el espejismo de un ‘desarrollo sostenible’ que no es tal y que evidencia una forma de colonización, contaminación y extractivismo”, finalizan.