Ecocidio: la lucha para que los daños ambientales más graves se reconozcan como crímenes internacionales y la discusión en Uruguay

La etimología de ecocidio está formada por el prefijo eco, derivado de la palabra griega oikos, que significa hogar o casa; y la base cidio, del latín caedere, que significa matar. El ecocidio tradicionalmente puede entenderse como matar nuestra casa, nuestro hogar, nuestro planeta. Sin embargo, esta definición es amplia. Por esta razón, Stop Ecocidio, organización que tiene como uno de sus objetivos que los daños ambientales más graves se reconozcan como crímenes internacionales, convocó a un panel de juristas expertos e independientes para formular una definición. El equipo se reunió durante 2021 hasta que llegaron a un consenso y estuvo integrado por 12 personas referentes en la defensa de derechos humanos y en el derecho ambiental y climático de los distintos continentes. Entre los nombres se destacan exintegrantes de la Corte Penal Internacional (CPI), exfiscales de las Naciones Unidas y juristas de larga trayectoria que han llevado adelante casos emblemáticos. El panel también contó con la asistencia de expertos externos y con una consulta pública.

De esta forma, el ecocidio fue definido como “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente”. Aclara que arbitrario es “el acto temerario de hacer caso omiso de unos daños que serían manifiestamente excesivos en relación a la ventaja social o económica prevista”, grave es “el daño que cause cambios muy adversos, perturbaciones o daños notorios para cualquier elemento del medioambiente, incluidos los efectos serios para la vida humana o recursos naturales, culturales o económicos” y extenso es “el daño que vaya más allá de una zona geográfica limitada, rebase las fronteras estatales o afecte a la totalidad de un ecosistema o una especie o a un gran número de seres humanos”. Finalmente, duradero es entendido como “el daño irreversible o que no se pueda reparar mediante su regeneración natural en un plazo razonable”. Si bien otras definiciones jurídicas son similares, la clave está en la conjunción o, que se utiliza al hablar de “daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente”.

En junio de 2024 tuvo lugar un hito. Los países insulares Vanuatu, Fiyi y Samoa, que actualmente están sufriendo duramente las consecuencias de la crisis climática en sus territorios, tomaron la definición del crimen de ecocidio elaborada por el panel y la presentaron para la consideración de la Corte Penal Internacional. Este tribunal es el encargado de procesar a aquellos individuos que hayan sido acusados de cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o el crimen de agresión. La iniciativa pretende sumar un quinto crimen para que las personas también puedan ser consideradas penalmente responsables si sus acciones provocan graves daños ambientales. Cuatro meses después de la propuesta de los tres países, la República Democrática del Congo apoyó la incorporación del ecocidio como crimen internacional. El respaldo no es menor porque este país alberga parte del segundo pulmón verde del planeta.

Los esfuerzos aún se siguen sumando. El abogado chileno, integrante del panel y director de Stop Ecocidio Internacional para las Américas, Rodrigo Lledó, se encuentra recorriendo nuestro continente en busca de apoyos. Hace unas semanas estuvo en Uruguay y brindó una conferencia en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. En la instancia también hicieron exposiciones en las que abordaron la situación uruguaya el abogado y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Juan Ceretta, y el coordinador del Instituto de Ciencias Oceánicas y del Laboratorio de Ciencias del Mar, Omar Defeo.

La esperanza de que pronto suceda

Lledó comenzó su presentación en la Facultad de Ciencias contando la historia de la palabra. “El ecocidio no es un concepto nuevo. Surge hace poco más de 50 años, a propósito de la guerra de Vietnam. Entre otras atrocidades que suceden en las guerras, el ejército de Estados Unidos utilizó el temido agente naranja en la selva vietnamita. La lógica era bastante sencilla: si mi enemigo se esconde en la selva, lo que voy a hacer es eliminar la selva para que no tenga dónde esconderse. Arthur Galston fue un científico que elaboró el agente naranja, pero él lo elaboró como un pesticida para la llamada revolución verde. En aquella época se quería acabar con el hambre del mundo y para eso lo inventaron, para acabar con las plagas y que los cultivos fueran más estables [...]. Este señor que creó el plaguicida vio que su invento, sin su consentimiento, estaba siendo usado por el ejército norteamericano para provocar un desastre ambiental. Tuvo el valor de plantarse ante el Congreso de Estados Unidos para denunciar esta situación. Él es quien por primera vez usa en público la palabra ecocidio”, relató.

El abogado expresó que “nos acercamos a una catástrofe ambiental de manera acelerada” y afirmó que la propuesta de su organización forma parte de “una serie de iniciativas a nivel nacional e internacional para prevenir y que no lleguemos, por lo menos, al peor escenario”. Enseguida, recordó que durante mucho tiempo se utilizó la frase “el que contamina paga”. Sin embargo, entiende que “no funciona así, porque quienes pagamos somos nosotros, los consumidores” y “no se produce el efecto disuasorio” que se buscaba con la premisa. Pero al hablar de responsabilidad penal, la situación cambia. “La idea [de que el ecocidio pase a ser un crimen internacional] es que produzca este efecto disuasorio, porque el responsable va a ser el señor que tomó la decisión que provocó el desastre ambiental, sabiendo que era evitable”, explicó.

Destacó que, al hablar de daños ambientales, en general no se da la situación de que una persona diga “quiero destruir la naturaleza porque la odio”, sino que la situación es más compleja y similar a la imagen del avaro de Molière. “Es decir, yo quiero hacer un proyecto extractivista y quiero ganar dinero con eso. Como soy avaro, pues me ahorro dinero porque me sale mucho más barato pagar la multa que tomar medidas de prevención”, graficó.

El integrante del panel que elaboró la definición de ecocidio brindó esperanza al contar que este año dos tribunales internacionales, la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han emitido dos opiniones consultivas sobre cambio climático y ambiente. El abogado apuntó que la opinión consultiva del último organismo, por ejemplo, señala “que existe una obligación internacional de prohibir la generación de daños masivos e irreversibles al medioambiente”. Además, dijo que “esta prohibición internacional es una norma imperativa del derecho internacional”. Lledó tiene esperanza que en los próximos años el ecocidio se convierta en un crimen internacional, pero sostiene que va a depender “de la conciencia de los políticas, gobiernos y también de la situación ambiental”.

No más propinas y la necesidad de frenar la búsqueda de hidrocarburos

“El reconocimiento del ecocidio como un crimen internacional, a mi juicio, representaría un avance histórico. Coloca la destrucción ambiental al mismo nivel que los crímenes contra la humanidad. Ya no alcanza con pagar multas, que son propinas”, manifestó el investigador Omar Defeo a la diaria. Planteó que este estatus jurídico “visibiliza que destruir la ecología es destruir vida y una forma de violencia” y, por lo tanto, su tipificación se convierte en “una herramienta ética, científica y jurídica para frenar la impunidad” de la destrucción ambiental. Consideró que, frente a las vulneraciones, es necesario “fortalecer la responsabilidad de las corporaciones, pero también de los estados” porque “muchas veces las políticas gubernamentales han acelerado el deterioro de los recursos naturales”. Explicó que son varias las administraciones que “han desvirtuado lo que es la armonización entre conservación y desarrollo sostenible”. “Cuando hablo de desarrollo sostenible no hablo de desarrollo sostenido. No es lo mismo. Estamos subordinando la vida a la lógica del capital e impulsamos la exclusión ecológica”, insistió.

Defeo citó la definición elaborada por el panel de juristas convocado por Stop Ecocidio y, si bien está de acuerdo, le surgen dudas sobre cómo se podría evaluar jurídicamente un daño “grave” al ambiente o hasta qué punto un daño es “extenso” o “duradero”. Justificó que estas palabras, en las ciencias ecológicas, pueden considerarse “ambiguas”. “Creo que no alcanza con que sólo los juristas se sienten a discutir en un panel de expertos. Por ejemplo, tengo mis objeciones como ecólogo”, puntualizó, y explicó el valor del trabajo multidisciplinario, porque “las visiones desde diferentes puntos de vista enriquecen el panorama”. Entiende que, para mejorar y poder incluir en el marco legal nacional el delito de ecocidio, sería bueno trabajar de esta forma.

Al consultarle al ecólogo sobre ejemplos de problemáticas ambientales que puedan ser definidas ecocidio, respondió: la deforestación en la Amazonia, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, la emisión voluntaria por parte de un gobierno o una empresa de grandes volúmenes de gases de efecto invernadero y la quema deliberada de combustibles fósiles. “Hay una múltiple cantidad de señales, con ciencia de largo plazo, que indican inequívocamente un deterioro de la calidad ambiental del planeta y también del Uruguay”, aclaró. En esta línea, el investigador publicó este 23 de octubre, junto con su colega colombiano Nelson Rangel, una carta en la revista Science donde dejan en evidencia una serie de “políticas públicas ambientales débiles, o una simple ausencia de estas políticas”. El título de la carta podría traducirse algo así como Protejamos los mares de Uruguay de la política.

Los científicos señalan en el texto que en 2025 Uruguay reconoció la importancia de los océanos al crear el Instituto de Ciencias Oceánicas y al realizar “su primer estudio científico sistemático a profundidades de entre 200 y 3.500 metros”. Sin embargo, consideran que las exploraciones de hidrocarburos que está estudiando el Ministerio de Ambiente y la urbanización costera “socavan” los objetivos de conservación oceánica de Uruguay. Por ejemplo, describen que los estudios sísmicos para detectar si existe o no petróleo en nuestra plataforma marina se llevarían adelante en zonas propuestas como áreas marinas protegidas. “Estas actividades entran en conflicto con los compromisos climáticos de Uruguay alineados con el Acuerdo de París y conllevan el riesgo de aumentar las emisiones”, lamentan.

Por si fuera poco, suman: “La exploración en alta mar también perturba la pesca, ya afectada por el calentamiento oceánico, al desplazar las especies objetivo, reducir las tasas de captura e interferir con las zonas de desove, y degrada la vida marina [...]. Los planes de exploración agravan las vulnerabilidades ecológicas y socioeconómicas existentes, particularmente dentro del punto crítico de calentamiento del atlántico sudoccidental, y chocan con la matriz energética diversificada del país y su compromiso de sostenibilidad de larga data”. Insisten en que la protección del mar uruguayo exige “gobernanza participativa, monitoreo riguroso y una rendición de cuentas genuina” en lugar de “políticas oportunistas que priorizan los beneficios económicos a corto plazo sobre la salud ambiental a largo plazo”. En este contexto, proponen crear “una moratoria permanente sobre nuevos proyectos petroleros en alta mar, junto con la inversión en energías renovables y ciencias marinas” para priorizar “una resiliencia oceánica a largo plazo, basada en la comunidad”.

Un cambio de paradigma

Juan Ceretta ha llevado a la Justicia conflictos socioambientales como el proyecto Neptuno y defendió a dos investigadores de la Facultad de Ciencias –uno de ellos es Defeo– que fueron demandados por la Intendencia de Maldonado por aportar su testimonio técnico ante la sede que determinó la suspensión de obras en la rambla del balneario Punta Colorada. Durante su exposición en la charla de la Facultad de Ciencias, defendió que “el litigio ambiental se ha convertido en una herramienta de cambio estructural”.

“Es un tipo de acción judicial que busca algo más que ganar un caso, busca o intenta contribuir a transformar estructuras, a visibilizar injusticias, en definitiva, a abrir caminos. En el terreno ambiental la búsqueda adquiere muchas veces una urgencia especial porque detrás de cada conflicto ambiental no hay sólo normas violadas, hay formas de vida amenazadas, hay comunidades desplazadas, hay ecosistemas al borde del colapso. Hablar de litigio estratégico ambiental significa intentar lograr que los tribunales se conviertan en espacios de resistencia frente a la inacción estatal y frente al poder económico que en general está detrás”, subrayó Ceretta. A su vez, destacó que se está gestando “una revolución silenciosa” que provoca “la superación del paradigma antropocéntrico que durante tantos siglos dominó el mundo del derecho”.

El abogado expresó que “desde siempre se puso al ser humano en el centro del universo normativo” y “la naturaleza era sólo un telón de fondo, un escenario del cual podríamos disponer los humanos a voluntad”. “El paradigma ecocéntrico o biocéntrico, llamado a sustituir el antropocéntrico, nos propone repensar el derecho desde una interdependencia radical. No se trata sólo de reconocer los derechos de la naturaleza [...], se trata de algo mucho más profundo: asumir que el derecho mismo debe servir a la continuidad de la vida”. Si bien reconoció que el “derecho penal siempre llega tarde por definición”, afirma que la inclusión del delito de ecocidio “persigue un fin disuasorio”. Consultado por la diaria, Ceretta considera importante que se incluya en nuestra normativa y también piensa que “deberían crearse fiscalías ambientales, como tienen la mayoría de los países”.