Entendernos como parte de todo: un año de conflictos socioambientales que perduran, normativas “importantes” y “contradicciones”

Gabriela Wiener, en su libro Una pequeña fiesta llamada eternidad, dice que “somos como ese niño poeta al que han hecho un encargo imposible: cuidar un bloque de hielo expuesto al sol”. Por momentos, cuidar el agua, los ecosistemas naturales y su biodiversidad, las comunidades y productores rurales familiares que cultivan nuestros alimentos y, en resumen, la salud del planeta que oficia de hogar para las especies que lo habitamos, puede sentirse de esta manera. Sin embargo, en los conflictos socioambientales que tienen lugar en nuestro país y hemos contado en la diaria durante los últimos 365 días existe una dinámica que se repite: ante la detección de peligros, vecinos y vecinas se organizan –en gran parte de los casos con apoyo de la academia–, denuncian ante las autoridades y proponen alternativas. Cada historia es tan diversa como nuestro territorio y en este artículo recordaremos tan sólo algunas que tuvieron lugar en 2025. El repaso de los acontecimientos particulares y una parte de las decisiones gubernamentales quizás pueda ser un aporte para entender los complejos desafíos que tiene nuestro país en materia ambiental.

Agua

El año 2025 comenzó con una escena digna de una película distópica: las aguas del río Negro estuvieron teñidas de verde y con pelotas de cianobacterias tóxicas que pusieron en grave riesgo la salud de la población y demás seres vivos de la localidad de Palmar, ubicada en Soriano. El aire era irrespirable, murieron vacas tras haber ingerido la sustancia. En paralelo, la población se unió y pidió llevar adelante estudios para conocer los impactos en sus cuerpos, también que las autoridades tomaran “medidas dirigidas a los emprendimientos agropecuarios” para “reducir los aportes de nutrientes” al río y que se crearan/respetaran zonas de amortiguación de actividades contaminantes. Pero este no fue el único sitio donde estuvieron las cianobacterias, que son impulsadas por los nutrientes –como el fósforo y el nitrógeno– que vierte nuestra especie a los cuerpos de agua. En el río Uruguay una imagen quedó estampada en la retina de varias personas durante el verano pasado: carpinchos con su pelaje teñido de verde porque tenían impregnadas las algas potencialmente tóxicas. No es de extrañar que este año un grupo de científicas de varias disciplinas también hayan alertado que las cianobacterias ponen en peligro la red de distribución de agua potable, demostrando una vez más que dependemos de la calidad de nuestros ríos, arroyos, lagunas y acuíferos.

Las floraciones de cianobacterias también encendieron las alarmas en Arazatí, localidad donde se pretendía instalar el proyecto Neptuno/Arazatí.

En los últimos 12 meses hubo un cúmulo de movimientos con respecto a esta iniciativa privada presentada por el Consorcio Aguas de Montevideo, que pretendía crear una planta potabilizadora para abastecer con agua del Río de la Plata a más de la mitad de la población del país. En enero, cuando faltaban días para que terminara el gobierno de Luis Lacalle Pou y pese a que las entonces autoridades electas habían emitido su posición negativa, OSE firmó un contrato con el conglomerado de empresas para llevar adelante la iniciativa. Tras el cambio de fuerza política en el gobierno, el Poder Ejecutivo descartó el proyecto Neptuno/Arazatí y comenzaron las negociaciones con los privados. La decisión no surgió de forma espontánea: existe un fuerte movimiento socioambiental, sindical y académico –como se vio en la marcha del 22 de marzo, Día Mundial del Agua– que había alertado desde 2021 sobre sus peligros. La negativa llegó a tal punto que la propia Gerencia de Agua Potable de OSE –que está integrada por técnicos de carrera en la empresa estatal– emitió un informe en el que expresó que el compromiso firmado con las compañías –que hoy ya no tiene efecto– “no está alineado con obtener la mejor calidad de agua” y que iba a existir “un condicionamiento por parte de un privado en las definiciones a tomar por OSE en materia de potabilización”.

En diciembre, tras varios meses de negociaciones con el Consorcio Aguas de Montevideo, el gobierno anunció las nuevas condiciones del contrato. Las obras que deberán realizar son una nueva toma de agua bruta, una planta potabilizadora que podrá producir 200.000 metros cúbicos de agua, una subestación eléctrica y de tratamiento de lodos en Aguas Corrientes, una nueva línea de bombeo, la rehabilitación del recalque de la cuarta línea de bombeo y más. Organizaciones históricas, como la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, reafirman que el contrato continúa siendo “inconstitucional” y pidieron a las autoridades “una explicación fundada de por qué no se declaró su nulidad”, y preguntaron “si existe un análisis jurídico oficial que respalde su continuidad”. A su vez, cuestionaron cómo se abordarán las pérdidas de agua elevada a través de las cañerías, que son cerca del 50%.

En paralelo, para reforzar el sistema de abastecimiento de agua potable, el gobierno apuesta a la construcción de una represa en Casupá. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, manifestó que la idea es que la obra nazca con un área protegida asociada. En abril, OSE pidió reactivar la solicitud de autorización ambiental previa del proyecto y el equipo técnico del Ministerio de Ambiente le pidió actualizar la información presentada anteriormente. A mitad de año, los productores de la zona donde pretende instalarse la represa estuvieron movilizados; fueron al Parlamento, recibieron visitas de legisladores de todos los partidos y también de jerarcas. Ellos se oponen a la iniciativa, argumentan que habrá impactos ambientales –como la afectación de monte nativo– y que sus predios, con historia familiar en varios casos, quedarían bajo agua. Esta temática seguramente continuará en la agenda durante el próximo año.

Normativas

En cuanto a normativa ambiental, en 2025 tuvieron lugar dos hitos, aunque quedan varios pendientes, como la revisión del decreto aprobado en enero que flexibiliza las evaluaciones ambientales de determinadas plantaciones forestales. En octubre, más de cuatro décadas después de su aprobación y tras varios intentos que no fueron concretados, el Poder Ejecutivo actualizó el Decreto 253/79, que reúne los criterios para evaluar la calidad del agua de nuestros ecosistemas acuáticos. La nueva normativa permite que determinados cuerpos de agua tengan “protección especial”, incorpora el agua subterránea, obliga a las actividades económicas a que elaboren su huella hídrica, crea “perímetros de protección” alrededor de perforaciones destinadas al abastecimiento de poblaciones, establece nuevos parámetros de control –como más plaguicidas– y multas.

El mismo mes también se aprobó un decreto que significa “un salto importante” para la conservación de humedales, en palabras de la directora nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Estela Santos. La reglamentación prohíbe desecar, drenar, rellenar, construir canales y desarrollar “actividades que impliquen cambios al régimen hidrológico”, pérdida de vegetación y más daños en determinados humedales que abarcan cerca de 800.000 hectáreas. Las prohibiciones no son aplicables a las producciones de arroz que “realicen un manejo hídrico que no implique la desecación, drenaje u obras análogas de carácter permanente”, aunque sí deberán pedir permisos. La jerarca señaló que el decreto “no es perfecto”, que “es lo mejor que se pudo lograr en este momento” y que “hay más humedales que proteger”.

Dos permisos, dos conflictos

En los últimos días de noviembre y primeros días de diciembre el gobierno otorgó permisos para dos actividades que generaron rechazo en las organizaciones socioambientales. Uno es la autorización ambiental previa para llevar adelante la prospección sísmica en nuestra plataforma marina a cuatro empresas –Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS– para conocer si existen o no hidrocarburos, con miras a realizar el primer pozo exploratorio. Tras conocerse la noticia, una multitud salió a las calles de varios departamentos, incluido Montevideo, para exigir un “mar libre de petroleras”. La organización, homónima al pedido, presentó más de 21.000 firmas contra la exploración y posible explotación de hidrocarburos, piensa continuar recogiendo adhesiones e inició un proceso judicial con el objetivo de frenar la actividad extractiva. En este marco, pidió a las autoridades que esperen que se expida la Justicia para continuar. Mientras que Ortuño considera que “no hay contradicción” entre la imagen de nuestro país como referente de las energías renovables y la búsqueda de hidrocarburos, las organizaciones sostienen que sí la hay.

El segundo proyecto es la planta de combustibles sintéticos que HIF Global pretende instalar en Paysandú. El Ministerio de Ambiente le otorgó la viabilidad ambiental de localización y la compañía aún debe presentar su estudio de impacto ambiental donde, según la resolución, pueden surgir elementos “limitantes” para obtener los permisos finales. La decisión de la cartera tuvo lugar semanas después de haber multado a la empresa por deforestar monte nativo e iniciar sus actividades sin contar con la autorización correspondiente. Además, el gobierno firmó el 18 de diciembre un memorándum de entendimiento con HIF Global. Frente a esta decisión, el movimiento sanducero de participación ciudadana Firmá por el Río –que está recogiendo firmas para convocar un referéndum departamental con el objetivo de declarar como reserva departamental los padrones donde busca instalarse la planta– emitió un comunicado en el que reitera que continuará con su propósito. Recuerda que el sitio se encuentra ubicado “sobre la costa del río Uruguay, a escasa distancia de la isla Grande del Queguay y de la isla San Miguel, integrantes del área protegida Islas del Queguay”, y que la instalación de la planta implicaría “la tala de aproximadamente 33 hectáreas de bosque autóctono”.

Más allá de los números

Durante el penúltimo mes de 2025 tuvo lugar una mortandad de abejas que afectó, según los últimos reportes, a más de 13.700 colmenas –es decir, millones de abejas– en nuestro país. Más de una veintena de científicos emitieron un comunicado en el que afirman que la afectación “no puede interpretarse como hechos aislados ni como un problema exclusivo del sector apícola”, sino que es una “alarma que indica la existencia de problemas serios en el ambiente”. Los daños estuvieron vinculados a la zona agrícola, donde se utilizan plaguicidas, principalmente en sitios donde hay plantaciones de colza, trigo, maíz y soja.

Gustavo Fripp, cuarta generación de una familia de apicultores y uno de los delegados del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, reconoce las dificultades que enfrenta el sector al momento de denunciar episodios de mortandad. La gran mayoría no son propietarios de los predios donde tienen las colmenas y corren peligro de perder el sitio de trabajo de sus polinizadores. Por esta razón, las denuncias tradicionales “no se hacían y el problema no existía”. “Es verdad que Uruguay es agroexportador y que debemos proteger el agro, pero también debemos ser conscientes de que un agro sin un medioambiente vivible, a la corta o a la larga, va a tener problemas. Las abejas son el principal indicador de las condiciones ambientales [...]. Están pasando cosas que no deberían estar pasando y la abeja lo está denunciando y padeciendo. Pero junto con la abeja lo padecen todos los demás polinizadores y también todos los demás seres vivos que están en el entorno, entre ellos también el ser humano”, dijo.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social recibió 91 denuncias por falta de elementos de protección personal para trabajadores que fumigan con agroquímicos entre diciembre de 2023 y junio de 2025. “El miedo y las dificultades para denunciar están documentados a nivel internacional y en Uruguay lo hemos podido constatar”, explicó Nicolás Rodríguez, investigador del Instituto de Psicología Social de la Universidad de la República, que formó parte de un equipo que detectó que las bases de datos de organismos públicos evidencian un subregistro de las denuncias vinculadas a estas temáticas socioambientales. Es decir, el subregistro no sólo se da en la mortandad de abejas. Denunciar no es fácil, como quedó en evidencia durante la fumigación en una escuela agraria de Guichón, localidad de Paysandú. Una docente comunicó que un mosquito fumigó un cultivo a poca distancia del centro educativo y que varios estudiantes que esperaban el ómnibus para volver a sus casas quedaron expuestos a las sustancias. Uno de los involucrados en el predio productivo era David Helguera, excandidato a intendente del Partido Colorado, exdiputado suplente y persona influyente en el territorio. Durante una entrevista, manifestó que la profesora lo denunció de “mala fe” y en numerosas ocasiones la descalificó. El MGAP detectó la presencia de glifosato en el patio de la escuela, pero en primera instancia la multa fue de poco más de 40.000 pesos.

Las abejas muertas, las nacientes de cursos de agua que se ven amenazadas por forestaciones sin autorización, las cianobacterias, el picudo rojo que devora las palmeras, los pastizales que ven reducida su superficie, las urbanizaciones en sitios claves para la conservación, los incendios cada vez más feroces, las afectaciones a la salud en comunidades e infancias. Todo esto nos está advirtiendo que algo no anda bien y nos recuerda que el ser humano forma parte de un todo. Sin dudas, en 2026 habrá muchos debates por dar en torno a cómo protegernos.