Hace poco más de cuatro décadas, en 1982, la superficie acumulada de plantaciones forestales era de 150.571 hectáreas. La información fue publicada este año en el documento Superficie forestal del Uruguay: período 1975-2023, elaborado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En sus datos más recientes, que son de 2023, la superficie acumulada de plantaciones forestales alcanzó 1.161.851 hectáreas. Las plantaciones se concentran principalmente en la cuenca del río Negro, la cuenca de la laguna Merín y la cuenca del río Uruguay.

En noviembre, durante un evento organizado por la Sociedad de Productores Forestales, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo: “A la pregunta de si se puede o no incorporar 500.000 hectáreas más a la forestación, yo compro. ¿Tenemos un millón? Vamos por dos millones, si todavía tenemos espacio para crecer en Uruguay... Y ha demostrado ser un sector realmente exitoso, que con un porcentaje muy pequeño de la superficie del país, cercano al 7%, se ha posicionado como el principal sector exportador”. Desde su perspectiva, el debate debe centrarse en “cómo se prepara el país en términos de infraestructura para ese crecimiento forestal, que va a demandar una atención mucho más fuerte sobre las infraestructuras viales, portuarias y las capacidades logísticas”. También expresó que “existe una percepción ciudadana de que estamos rodeados de árboles y de que el Uruguay entero se ha llenado de macizos forestales, pero no es la realidad objetiva”, aunque sumó que “eso no quiere decir que no tenga impactos negativos”.

Las declaraciones de Sánchez generaron malestar en organizaciones socioambientales y grupos defensores del territorio, según fuentes consultadas por la diaria. Un par de semanas antes del encuentro entre el secretario de Presidencia con los empresarios forestales, sesionó por primera vez la comisión de cuenca del río Tacuarí. La instancia tuvo lugar en Puntas del Parao, localidad ubicada en el departamento de Treinta y Tres, en el límite con Cerro Largo, donde vecinos denuncian un avance forestal “silencioso” que no cuenta con los permisos correspondientes y pone en riesgo a las comunidades. Las alertas fueron corroboradas por el Ministerio de Ambiente, que multó a dos compañías. Más allá de las sanciones económicas, los vecinos preguntaron durante la instancia: “¿Quién controla la forestación? ¿Quién controla la contaminación?”. Cuestionaron que los impactos no se están tomando con “la urgencia que se necesita”.

Esta situación no es la única que generó preocupación en los colectivos en el último tiempo. En enero se cumplen cuatro años de los incendios en Paysandú y Río Negro, donde pueblos que se encuentran rodeados por la forestación, como Orgoroso, se vieron rodeados por el fuego. Familias enteras tuvieron que abandonar sus hogares y, como contó un vecino en su momento a la diaria, combatieron las llamas “de championes, sin chaleco, sin casco”. La situación marcó un antes y un después en los territorios, que incluso presentaron iniciativas parlamentarias para prevenir los incendios.

En enero, el gobierno de Luis Lacalle Pou aprobó un decreto que flexibilizó las evaluaciones ambientales de algunas plantaciones forestales. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, durante una entrevista con la diaria que tuvo lugar en junio, dijo que lo estaban “revisando”, pero “no con perspectiva de volver atrás, sino de poder recuperar las fortalezas que tenía la normativa generada en los gobiernos del Frente Amplio, que se dejó atrás, y aprovechar la oportunidad para fortalecerla y mejorarla hacia adelante”. Hasta el momento, no hubo novedades. En octubre, la Sociedad de Productores Forestales fue a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Senadores, donde planteó que la cartera no está cumpliendo con el decreto y que, si se los compara con otros sectores agroexportadores, su producción se encuentra “hipercontrolada” e “hiperregulada”. En paralelo, voces de la Universidad de la República llaman a “no exonerar a empresas de sus obligaciones con el patrimonio y el ambiente”.

Productores forestales consideran el principio precautorio como “letal”

El 7 de octubre, integrantes de la Sociedad de Productores Forestales (SPF) fueron a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Senadores. Relataron que el territorio utilizado por sus socios es de 948.000 hectáreas, que representan el “90% de los bosques” y están concentradas en “100 empresas”. Luego de que trascendieron las denuncias en la cuenca de la laguna Merín, el gremio emitió un comunicado donde señaló que las compañías implicadas “no forman parte actualmente” de la institución.

Lucía Basso, presidenta de la SPF, expresó, según consta en la versión taquigráfica: “No estamos controlados, sino hipercontrolados. No estamos regulados, sino hiperregulados. Con certeza digo que no hay una actividad en este país dentro del sector agropecuario que tenga los controles que tiene el sector forestal”. Francisco Bonino, también integrante de la gremial, apuntó que existe “incertidumbre jurídica” en el sector y que este punto fue “discutido recientemente con las autoridades del Ministerio de Ambiente, pero se viene arrastrando de administración en administración”. Señaló que existe un “trato no equitativo” porque “el Ministerio de Ambiente está actuando solamente sobre el sector que está regulado, que del sector agropecuario el único que tiene que presentar una AAP [autorización ambiental previa] es el sector forestal”.

“No tiene sentido aplicar una norma muy estricta sobre un padrón si no se va a aplicar sobre el de al lado y sobre el del otro. Eso ¿qué genera? Que a veces los niveles de exigencia se vayan a puntos extremos sobre un sector y el problema es que, si ese esfuerzo no se hace en conjunto, no tiene valor ambiental”, declaró Bonino. Enseguida, aclaró que no están diciendo “que apliquen estas exigencias a otro sector, sino que estas cuestiones no tienen una coherencia desde el punto de vista ambiental, que requieren un esfuerzo muy grande y que tienen implicancias de productividad y de competitividad”. Basso detalló que esto genera “temas operativos” y, por esta razón, las empresas “empezaban a plantar igualmente, por lo que fuimos pasibles de multas”. “Muchas empresas, dado esas multas que venían por plantar sin autorización –no tenían autorización por las demoras causadas por los propios ministerios–, terminamos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y nos dieron la razón, pero la plata no va a volver”, mencionó.

Nelson Ledesma, también de la SPF, citó como ejemplo que “si el dueño de un establecimiento quiere hacer una actividad agrícola, echar herbicida, glifosato, en el 100% del campo, no tiene que pedir una AAP y puede hacerlo; pero si el mismo propietario quiere instalar una plantación forestal, no puede hacerlo si no tiene una AAP”. “Si nosotros queremos conservar, debemos aplicar el mismo criterio para cualquier actividad que se desarrolle en el mismo suelo”, sumó. Bonino opinó: “Quiero dar un último ejemplo sobre el trato no equitativo para los estudios. A nosotros, para darnos una AAP, pueden pedirnos estudios arqueológicos del campo y tenemos que contratar a un arqueólogo para ver si hay algún resto de indios o algo de valor. Esto puede sonar muy loable y podrá decirse que es muy bueno hacer eso, pero estas cosas deben tener una lógica para las empresas; por ejemplo, si vamos a conservar todas las boleadoras que hay en el campo uruguayo, vamos a hacerlo a nivel nacional y no solamente en un sector y en otros no”.

Por otro lado, los representantes del sector cuestionaron que el Ministerio de Ambiente “no está aplicando” el decreto que fue aprobado en enero, que flexibiliza las evaluaciones ambientales de algunas plantaciones forestales. “Otro tema importante con relación a las multas es el del bosque nativo. El bosque nativo se registra en la Dirección General Forestal y, como saben, el bosque nativo avanza. En la mayoría de los casos el avance es de un bosque de poco valor de conservación y ecológico, y muchas veces la Dirección General Forestal permite que esas zonas se limpien y vuelvan a replantarse como eran originalmente, pero el Ministerio de Ambiente multa por haber limpiado esas zonas. Entonces, una vez más, hay una contradicción entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca”, expresó Basso.

Durante la exposición, Ledesma consideró que el “principio precautorio” es “letal”. “Para nosotros es letal porque, a veces, sin ninguna base técnica o científica se sostienen argumentos que de ninguna manera son de recibo para el sector, con todos los estudios que hay. Me refiero, sobre todo, a temas de biodiversidad, agua y suelo. Ese es un problema con el que nos encontramos. Cuando nos restan áreas para plantar, porque el técnico considera que hay una coronilla y hay que guardar cierta distancia del árbol –siendo que, en la consideración de bosque, es otra la definición–, no tenemos formas de salir de eso y nos genera un perjuicio en la mayoría de los proyectos. Ese criterio para nosotros es letal”, esgrimió.

El principio precautorio refiere a que cuando hubiese peligro de generar un daño grave o irreversible, no podrá alegarse la falta de certeza técnica o científica absoluta como razón para postergar medidas preventivas.

Proteger el patrimonio

Noelia Bortolotto es arqueóloga e investigadora del Centro Universitario Regional Este de la Universidad de la República. “Yo soy partidaria de que los estudios de impacto arqueológico se hagan en todas las modificaciones que hacemos a los paisajes, a los territorios, pero también me parece importante ver para qué lo hacemos. Siempre terminamos mitigando el impacto, haciéndolo menos malo, pero, en realidad, el patrimonio, los sitios sagrados, se terminan destruyendo [...]. Ahora bien, ¿por qué no hacer estudios de impacto arqueológico en los sitios donde se produce arroz o soja? Por ejemplo, sabemos que la mayor parte de los cerritos de indios están en zonas arroceras”, explica al ser consultada por la diaria. La superficie sembrada de soja este año se estimó en 1.229.235 hectáreas y la superficie sembrada de arroz, en 2024, fueron unas 149.000 hectáreas, según datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Sin embargo, la arqueóloga puso sobre la mesa que los técnicos de la Comisión de Patrimonio “no tienen los medios para fiscalizar todo”. “Estoy de acuerdo con que haya que hacer estudios de impacto arqueológico, pero también estoy de acuerdo con que ese estudio debe ser sostenido por controles. La fiscalización es importante; también lo es encontrar alternativas de producción que sean viables a largo plazo”, reflexiona.

La investigadora pregunta: “¿Qué tipo de estudios de impacto estamos haciendo y cómo estamos conservando lo que se retira del territorio?”. Sin ir más lejos, recuerda que en febrero el Ministerio de Transporte y Obras Públicas inauguró una obra de canalización en Rocha que fue denunciada por destruir cerritos de indios y profanar restos humanos. Hasta el momento, no han tenido respuestas del Ministerio de Ambiente. Enseguida, remarca que le parece importante que “lo patrimonial se tome como una herramienta más para cuidar” nuestros lugares, pero sin perder el foco de que la discusión es mucho más profunda. “Trabajo en el río Uruguay y el norte de Rocha, que está en manos mayormente de empresas extranjeras. Hoy me llamó una vecina, me pasó el video de una avioneta [fumigadora] que estaba pasando por arriba de la casa. Si hay medidas legales para proteger tanto el ayer como el hoy, tienen que cumplirse. Tenemos que tener una inyección de presupuesto para que eso se cumpla. Una forma es no exonerando a las empresas de las obligaciones con el ambiente y con el patrimonio”, finaliza.

El principio precautorio como forma de cuidar la vida

Daniel Pena es sociólogo, investigador de la Universidad de la República y trabaja sobre las transformaciones que ha generado la expansión forestal en nuestro país. En primer lugar, dice a la diaria que existen numerosas investigaciones científicas, incluso parte de ellas financiadas por el sector forestal, que “muestran impactos significativos en la pérdida de capacidad de las cuencas, en la pérdida de biodiversidad y en la degradación del suelo”.

Destaca que los empresarios forestales “tienen una estrategia que es compararse con el sector agrícola, principalmente con la agricultura extensiva”. “Estamos comparando dos modelos que son muy agresivos con el ambiente y con las localidades. Los dos tienen la misma tendencia a la concentración de la riqueza, concentración de la tierra, al uso intensivo de químicos, a generar pocos puestos de trabajo y estar enfocados a la exportación de commodities”, señala. Si bien “es cierto que la forestación tiene que tener autorizaciones que no tiene que presentar la agricultura”, advierte que “la soja tiene que presentar planes de uso de suelo a cuatro años”. Subraya que, al fumigar, también deben mantener la distancia de los cursos de agua, de los centros poblados y los centros educativos estipulada en la normativa, que en muchos casos “no se respeta”. En este contexto, entiende que “sí sería interesante aumentar las regulaciones en la soja y el arroz, sobre todo en lo que tiene que ver con el uso de plaguicidas y con la destrucción del territorio”, aunque también resalta que “la forestación se expande destruyendo la pastura natural, que es nuestro principal ecosistema”.

Destaca que una herramienta de conservación podría ser el proyecto de ley que buscaba proteger el campo natural, que fue tratado en el Parlamento durante el período pasado, pero que hasta el momento no prosperó. “Las empresas forestales vienen a esta zona porque tiene mucha pastura y poco monte. No tienen que desmontar, no tienen que cortar monte nativo. La pastura natural la destruyen, pero no tiene el valor en la opinión pública que tiene la selva o el monte. A nivel internacional, les queda muy bien. Creo que tener una buena norma que cuide la pastura natural sería importantísimo, que tengamos que poner la energía en ver cómo vivimos y producimos con ella, enfocarnos en producir alimentos y generar fuentes de trabajo es fundamental”, destaca.

Al sociólogo le preocupa la visión del sector forestal “de reducir los controles ambientales y los permisos a una cuestión burocrática, de trámites que hay que apurar”. “Son estudios para proteger el futuro de nuestra vida y de nuestro territorio, que surgen por una preocupación creciente. Las regulaciones se generan porque las poblaciones se movilizan y los gobiernos se hacen eco de esa movilización. [...] Las normas ambientales son cada vez más exigentes porque estamos en un contexto, local y mundial, en el que los ecosistemas están al límite. Y ese límite se traduce en cada vez peores condiciones de vida para la gente”, insiste. Alerta sobre los “grandes negadores de la realidad”. Dice que es “muy grave” decir que el principio precautorio es “letal”. “Es parte de nuestra normativa. El principio precautorio es la manera que tenemos de cuidar la vida”, declara.