“Un momento clave”: organizaciones convocan a una nueva marcha en defensa del agua y en contra de la privatización del bien común

Un grupo de personas piensa que el acceso al agua potable es un derecho humano que debería incluirse en la Constitución. Un grupo de personas se organiza, crece y milita para lograrlo. El grupo pasa a ser una multitud. Uruguay, a partir de la reforma constitucional que fue apoyada por el 64% de la población en 2004, se convierte en el primer país del mundo en consagrar el derecho humano al agua potable en su Carta Magna. De esta forma, el principal texto normativo de nuestro país define el agua como “un recurso natural esencial para la vida”. También determina que el servicio de abastecimiento de agua potable sea provisto “exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”, que en su prestación se priorice “las razones de orden social a las de orden económico”, que la gestión del agua sea participativa y mucho más. La reforma constitucional de 2004 se convirtió en un hito de la militancia ambiental.

Desde su aprobación, pasó mucho. Sin ir más lejos, la zona metropolitana no tuvo acceso a agua potable durante meses en 2023. Por esta y otras razones, aproximadamente 80 organizaciones sociales nucleadas en la Articulación Nacional por el Agua, la Tierra y la Vida marcharán este sábado en diferentes partes del país durante el Día Mundial del Agua. En algunos lugares, como Rivera, hubo movilizaciones el viernes. En Montevideo, la convocatoria es a las 17.00 en el Obelisco para partir una hora después por Bulevar Artigas hasta el Pabellón de la Música del Parque Rodó, donde se hará un espectáculo musical.

En una misiva, los organizadores señalan que “es un momento clave para defender el derecho al agua” junto con su “gestión pública y comunitaria”. “Rechazamos todas las formas de privatización de este bien común. Denunciamos que el sistema actual viola la Constitución y destruye el ambiente, poniendo en riesgo la salud y la vida de la población y de todos los seres con los que convivimos. Señalamos la entrega de fuentes de agua dulce y otros bienes comunes a monopolios internacionales, mientras los gobiernos ignoran la voluntad popular expresada en manifestaciones y plebiscitos históricos. Exigimos detener de inmediato las políticas que atentan contra los territorios, su cultura, educación, salud y economía y contra el equilibrio del ecosistema del que dependemos”, dice el comunicado. A su vez, las organizaciones reafirman que “el agronegocio y el extractivismo agotan y contaminan el agua y la tierra”.

También rechazan el proyecto Neptuno, iniciativa privada que pretende construir una planta en San José para suministrar agua a la zona metropolitana. Indican que no va a resolver “la crisis del agua potable” y que tendrá “impacto ambiental” y “alto costo –más de 1.000 millones de dólares en manos privadas–”, además de ser “inconstitucional”. Las organizaciones también resisten los “proyectos de entrega masiva del agua, como el denominado ‘hidrógeno verde’, la expansión de la soja transgénica, las plantaciones forestales y las plantas de celulosa”. Las organizaciones sociales terminan la misiva diciendo: “La defensa del agua es una causa de todos los habitantes de este territorio. Si luchamos juntos, podremos garantizar el derecho y el acceso al agua potable para esta y las futuras generaciones”.

Marcos Míguez, integrante de la Asamblea Hue Mirī en Defensa de la Cuenca de la Laguna Merín y de la Federación de Funcionarios de OSE, cuenta a la diaria que desde diciembre están coordinando la marcha. Son varios los colectivos de diferentes partes del país que participarán en la convocatoria de Montevideo. Por ejemplo, el sábado sale un ómnibus desde Rocha y otro desde Cerro Largo con personas de Treinta y Tres, Lavalleja y Brasil hasta la capital. “Estamos hablando de casi 100 personas que están pidiendo ir desde la cuenca. Vamos a informar lo que está pasando acá, porque muchas veces se mira lo que es el área metropolitana, pero en nuestra cuenca la situación también es difícil”, indica.

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Míguez subraya que, por un lado, está contento porque “cada vez somos más los que nos preocupamos por el cuidado del agua, del territorio, del ambiente”, pero, por otro lado, “quiere decir que la problemática en el territorio es cada vez peor”. La consigna de este año es “Ateiten Hué-Somos Agua: Los gobiernos la entregan y los pueblos la defienden”. Enseguida, pone sobre la mesa el proyecto Neptuno y sintetiza que el “contrato es nulo, inconstitucional porque privatiza el agua”. Cuenta que el sindicato de OSE se reunió con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y también solicitó un encuentro con Pablo Ferreri, el nuevo presidente de OSE.

Una decisión importante

Carlos Santos es doctor en Ciencias Sociales especializado en Ecología Política y Medio Ambiente. Consultado por la diaria sobre cómo observa los contextos de 2004 –cuando se aprobó la reforma constitucional– y el actual, apunta que hay “algunos elementos que son comunes, pero hay otros diferentes y propios de este nuevo marco de gobierno progresista en el país”. “Un elemento común tiene que ver con la expectativa de gran parte de la población de que este gobierno que acaba de asumir pueda orientar políticas en un sentido en el que reduzcan las desigualdades. Me parece que hay expectativas fundadas por la agenda programática y por las personas que van a llevar adelante diferentes tareas. En este sentido es un contexto similar, recordemos que en 2004, cuando ganó el Frente Amplio por primera vez, también había una gran expectativa social de que el nuevo gobierno permitiera solucionar la situación dramática que se estaba viviendo en términos socioeconómicos”, indica.

El investigador apunta empero que una “gran diferencia entre un contexto y el otro es la experiencia de los 15 años de gobiernos progresistas”. “Gran parte de la población tiene mucha expectativa, pero hay otra gran parte de la sociedad, muchos militantes en estos temas, que se involucran en la organización y en las movilizaciones, que tuvo una experiencia de vínculo que no fue del todo positiva con los gobiernos progresistas, en el sentido de que muchas veces las luchas no fueron reconocidas o no fueron comprendidas. En algunas incluso podría decirse que no hubo escucha, por ejemplo, en el proceso de la ley de riego”, explica. Por esta razón, Santos subraya que ciertos sectores “miran con mucha menos expectativa lo que se puede hacer desde el Estado; esto tiene como contrapartida que confían más en su propia capacidad de movilización y en la capacidad de la movilización popular”.

El académico también se refirió al impulso de los privados que buscaron suministrar agua potable a la población tanto en 2004 como en la actualidad. “Neptuno sería la gran nueva privatización del agua, que sería comparable con las privatizaciones de los 90, que comienzan a desmantelarse con la reforma constitucional de 2004. La gran diferencia es el grado de incertidumbre que genera Neptuno para la viabilidad financiera del sistema de agua potable y saneamiento en todo el país. No tuvimos un emprendimiento de la misma magnitud, que comprometa 1.000 millones de dólares del ente encargado del servicio de agua potable en todo el país, que es un ente que no tiene esa caja. En este sentido me parece que hay una diferencia, coloca una incertidumbre que en el sistema de agua potable de gestión pública en Uruguay no habíamos tenido hasta ahora. Más que nunca, es muy válido el reclamo de los colectivos sobre la necesidad de no viabilizar el contrato”, manifiesta. La decisión está en manos del gobierno entrante.