“La erosión democrática no está siendo el telón de fondo del deterioro ambiental, las tragedias derivadas del cambio climático o la pérdida de biodiversidad; más bien, actúa como un velo que nos impide percibir plenamente la magnitud de la catástrofe. A menudo, mientras la atención se centra en episodios de inestabilidad, embates contra el espacio cívico, el debilitamiento de la institucionalidad democrática, sospechas de fraude electoral o intentos de golpes de Estado en los países de la región, los procesos de concentración de la riqueza se intensifican”, sostiene el informe anual de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado en mayo. En el documento, que desde su inicio deja claro el papel protagónico que tienen los derechos ambientales, existe un apartado específico en el que trata la situación de Uruguay y hace recomendaciones generales para la región en diversas áreas, como la transición energética.

El trabajo es definido como un “punto de inflexión” que consolida una “nueva visión” estructurada en cuatro prioridades fundamentales; dos de ellas son la “emergencia climática y la protección del medioambiente” y “la relación entre empresas y derechos humanos”. Sobre esto la diaria conversó con Javier Palummo, relator especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, durante su visita a nuestro país en abril. Luego de haber ahondado en la situación de Uruguay, el organismo brinda más detalles en el documento y, si bien destaca aspectos positivos como la ratificación del Acuerdo de Escazú –que obliga a los estados a garantizar transparencia, participación y justicia en aspectos ambientales–, también alerta sobre varias problemáticas, como la contaminación de ríos y arroyos en la cuenca de la laguna Merín.

El informe expresa que las poblaciones más vulnerables del continente se enfrentan a “la devastación de sus territorios y la destrucción de sus medios de subsistencia, mientras el extractivismo irresponsable, las prácticas insostenibles de ciertos sectores del agronegocio, la minería y la tala ilegal avanzan sin control”. Esta realidad, agrega el informe, se ve “agravada en zonas donde los Estados carecen de la capacidad para establecer límites efectivos, fiscalizar y sancionar o donde la inacción estatal es resultado de profundos procesos de corrupción, captura del Estado y vínculos con el crimen organizado”. Describe que la situación es “crítica” en el continente, “donde la combinación de desigualdades persistentes, vulnerabilidades económicas, impactos del cambio climático y debilidades institucionales han creado un entorno propicio para la erosión democrática, así como para la consolidación y el surgimiento de regímenes autoritarios”. Por esta razón, el leit motiv del trabajo gira en torno a que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y la democracia “son dimensiones inseparables de una misma conversación”.

La concentración de poder en grupos de élite

El Informe Anual de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH manifiesta que el “desgaste de la democracia suele permitir que grupos de élite concentren el poder económico y político, exacerbando la desigualdad”. En este sentido, alerta que “la ausencia y debilidad de controles democráticos favorecen a las empresas operar sin considerar los derechos de las comunidades afectadas y aprovechando regímenes tributarios extremadamente ventajosos, y también facilitando, en muchos casos, el despojo de comunidades indígenas y rurales, la contaminación y sobreexplotación de los recursos hídricos, el avance de la frontera natural y la deforestación”.

También hace referencia a que “el impacto negativo de algunas actividades empresariales, especialmente del agronegocio y las industrias extractivas, como la minería y la explotación de petróleo, está siendo muy significativo en la región”. Además, destaca que “la reducción de emisiones, así como la transición energética, aunque necesarias para enfrentar el cambio climático, plantean riesgos, por ejemplo, al replicar modelos extractivistas en nuevas áreas, exacerbando los conflictos socioambientales”.

En este contexto, cabe recordar que Uruguay se encuentra en proceso de evaluación ambiental de varias propuestas de empresas petroleras que quieren explorar nuestra plataforma marina con miras a explotar hidrocarburos. Varios bloques ofrecidos a las compañías se encuentran superpuestos a áreas marinas que el Ministerio de Ambiente analiza incorporar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas por su valor ecosistémico. En paralelo, también existen conflictos socioambientales en Paysandú y Tacuarembó que giran en torno a plantas de combustibles sintéticos, que se presentan como una solución a la descarbonización, aunque continúan utilizando hidrocarburos, y actores locales alertan sobre posibles impactos. Es decir, los llamados de atención que el informe hace en forma general no nos son ajenos.

“La contaminación de los recursos hídricos y el suelo, la pérdida de biodiversidad y el aumento del nivel del mar son amenazas críticas que ponen en riesgo la sustentabilidad de las comunidades costeras y rurales, aumentando la presión sobre los recursos naturales”, dice el documento. Agrega que esto “refuerza la necesidad de considerar la justicia ambiental como un eje transversal” y recuerda que estas problemáticas “no sólo afectan a las poblaciones actuales, sino que comprometen seriamente las condiciones de vida de las generaciones futuras”.

La necesidad de medidas de adaptación y prevención

El informe dice que Uruguay “enfrenta desafíos significativos en materia de emergencia climática” y alienta a que “fortalezca sus políticas de adaptación y mitigación al cambio climático, garantizando la protección de sus recursos naturales y la resiliencia de las comunidades frente a futuros eventos climáticos adversos”. Describe que la relatoría ha seguido “de cerca” este último punto. Observa que “las inundaciones son los eventos más frecuentes y de mayor impacto en el país”, que “a lo largo de la última década, cientos de miles de personas se vieron desplazadas debido a este evento extremo”, y subraya su “preocupación” por el “impacto desproporcionado que estos eventos tienen sobre las comunidades más vulnerables”.

A su vez, plantea su “inquietud” ante el “aumento significativo de casos de dengue en Uruguay”. “El cambio climático ha favorecido la expansión del mosquito Aedes aegypti, lo que ha llevado a que Uruguay experimente récord de contagios diarios, siendo las cifras del 2024 las más altas registradas en el país, al menos en este siglo”, añade. En este sentido, insta a “adoptar medidas de adaptación y prevención eficaces, particularmente en la eliminación de criaderos de mosquitos y en la promoción de la salud pública, para proteger a los grupos más vulnerables y así mitigar el impacto de brotes en la población”.

Empresas en Uruguay y la falta de participación efectiva

La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH informa que ha “monitoreado” los avances alrededor del proyecto Neptuno-Arazatí y “tomado nota de diversas declaraciones por parte de organizaciones de la sociedad civil por la falta de estudios de impacto ambiental y la ausencia de garantías para una participación pública, abierta e inclusiva”. Sin ir más lejos, menciona como ejemplo que el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y el Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos de la Universidad de la República han “expresado su preocupación ante irregularidades en los aspectos relativos a la participación social y el acceso a la información pública en el proceso de autorización ambiental del proyecto”. Además, hace referencia a “obstáculos para la participación efectiva de la academia en el análisis en profundidad de los aspectos técnico-científicos”.

En forma similar se expresa sobre el proyecto de construcción de la planta de combustibles sintéticos que la compañía HIF Global pretende instalar en Paysandú. “La iniciativa plantea una cercanía con la propuesta de área protegida denominada Islas del Queguay, una zona considerada de alta prioridad para la conservación, lo cual plantea una posible amenaza a la biodiversidad”, indica. Lo mismo ocurre con el proyecto Tambor, de la compañía alemana Enertrag, que también pretende crear combustibles sintéticos y, según la relatoría, “evidencia desafíos significativos en términos de derechos humanos y ambientales”.

“De acuerdo con la información disponible, se han identificado carencias en la participación efectiva de las comunidades locales, como la de Tambores, en la toma de decisiones. Según una encuesta realizada en 2024, 77,3% de la población de la zona de influencia no ha participado en instancias de planificación, lo que refleja una discrepancia preocupante entre el derecho reconocido a la participación y su implementación efectiva. Además, los habitantes expresaron preocupaciones sobre el impacto del proyecto en la disponibilidad de agua, dada la alta demanda hídrica del proceso de producción”, menciona. En este sentido, declara la “necesidad de fortalecer los mecanismos de consulta previa, libre e informada” y de “asegurar que los beneficios del proyecto sean equitativos, sin comprometer el acceso a recursos esenciales como el agua”.

Impactos que preocupan

La relatoría de la CIDH también manifiesta “preocupación” por los impactos ambientales vinculados a la industria forestal, enumera los diferentes derrames que protagonizó la compañía finlandesa UPM en los últimos años, y destaca “la importancia de que el Estado uruguayo refuerce su rol regulador para asegurar el cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de derechos humanos y los estándares internacionales”.

Asimismo, “toma nota” del informe presentado por el Ministerio de Ambiente, en el que se analizó la calidad de los ríos y arroyos de la cuenca de la laguna Merín y “se reveló la presencia de elevados niveles de contaminación en el agua a raíz de posibles contaminantes antrópicos”. “La afectación del agua por contaminación y la limitación de acceso se han convertido en uno de los principales reclamos por parte de la sociedad civil. En la laguna Merín coinciden varios procesos y bienes comunes con relevancia para la conservación, sociales, patrimoniales y productivos, además, se encuentran aquí dos de los principales puertos artesanales en aguas continentales del país”, dice el documento. Por esta razón, observa con “preocupación” la “expansión de la frontera agrícola-comercial y el uso de agroquímicos en estas prácticas”.

“La contaminación de aguas superficiales y subterráneas del suelo suele ser consecuencia del deficiente manejo de los efluentes”, sostiene el informe, y agrega que “estas prácticas podrían derivar en un impacto en las reservas naturales, así como en problemas de salud en las comunidades y ecosistemas, a raíz de la presencia de agrotóxicos en aguas”. De esta manera, la relatoría advierte que “se ha puesto de manifiesto una disputa por el acceso, el uso y la gestión de bienes comunes, dando cuenta de una confrontación de intereses y valoraciones en la laguna”.

La CIDH recuerda a Uruguay que “los Estados tienen la obligación, dentro de su jurisdicción, de regular, supervisar y fiscalizar actividades que puedan afectar significativamente al ambiente”, además de “establecer planes de contingencia, a efectos de tener medidas de seguridad y procedimientos para minimizar la posibilidad de grandes accidentes ambientales y mitigar el daño ambiental significativo que pudiera generarse”. Por otro lado, remarca que “las empresas deben cumplir todas las leyes ambientales vigentes y formular claros compromisos en consonancia con su responsabilidad de respetar los derechos humanos”. Y reitera “la importancia de que los Estados aseguren espacios de participación y transparencia previo a adecuar sus marcos normativos, en los que se tome en cuenta seriamente la posición de quienes pueden ver sus derechos amenazados o afectados”.