La crisis socioambiental de 2023, que produjo falta de abastecimiento de agua potable durante meses a más de la mitad de la población del país, aunque con pequeños episodios de reminiscencias en el debate público, no generó cambios estructurales en materia de políticas hasta el momento. En aquel entonces, el río Santa Lucía –que brinda agua a la zona metropolitana– se había casi que esfumado y por momentos sólo quedaban finos hilitos de agua.

Las autoridades, cuando la emergencia se agudizaba y las reservas superficiales se achicaban cada día, intentaron apelar a un bien común que no se encuentra a simple vista: el agua subterránea. Una estrategia de OSE, que finalmente no llegó a concretarse, consistía en realizar 100 pozos para aumentar el caudal del río San José. La Intendencia de Montevideo también abrió una línea para que vecinos y empresas pusieran a disposición sus pozos y, de esta forma, embolsar agua y distribuirla a las personas que no podían costear la embotellada. De esta manera, la crisis nos mostró que el agua subterránea debe considerarse como una reserva estratégica y necesita ser protegida.

Según datos que presentó OSE ante la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente (Cotama), entre 2010 y 2024 la compañía hizo más de 900 pozos. En el mismo ámbito, el Ministerio de Ambiente (MA) manifestó que existen más de 4.300 perforaciones con derecho de uso otorgado y vigente que reportan consumos mensuales y acumulados anuales únicamente mediante declaraciones juradas (es decir, no hay un control mediante dispositivos técnicos). En este sentido, la nueva directora nacional de Aguas, Teresa Sastre, planteó en marzo que un aspecto que preocupa a la administración es medir la cantidad real de agua que se utiliza, incluida la subterránea, porque las declaraciones juradas “no son mediciones reales”. Por otro lado, también existen pozos de agua subterránea que no están en el sistema.

Ver todo el ciclo del agua

Irene Balado es investigadora, geóloga y tecnóloga en Cartografía por la Universidad de la República (Udelar). Desde hace varios años trabaja sobre problemáticas vinculadas al agua subterránea, monitoreos de calidad de agua, gestión de efluentes y también sistemas costeros amenazados. Para su tesis de maestría, y en el marco del proyecto Agua y salud: Pérdida de calidad de agua potable, sus causas y sus consecuencias sobre la salud humana en Uruguay, se embarcó en un nuevo desafío.

Junto con Carla Kruk, investigadora del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Udelar y del Departamento de Modelización Estadística de Datos e Inteligencia Artificial (Media) del Centro Universitario Regional del Este, y Leticia Chiglino, geóloga también integrante del Media, se propusieron determinar la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos de nuestro país, así como las amenazas y el riesgo de ser contaminados a los que están expuestos. De esta forma, lograron crear mapas de Uruguay en los que se refleja toda esa información que esperan que sea un aporte para la planificación y la gestión del bien común.

Balado relata que el concepto ciclo hidrosocial es la base del proyecto. “Hoy el paradigma del ciclo hidrológico se está transformando en el del ciclo hidrosocial, en el que las personas tienen una implicancia directa en todos los estadios por los que pasa el agua. Se basa en que el proceso de evaporación, condensación y precipitación de las aguas, así como su circulación en la superficie en ríos y océanos y su migración a la subsuperficie recargando acuíferos, es interceptado y modificado por la acción humana. Por ejemplo, algunas de las muchas presiones que recibe son los embalses, los represamientos, la generación de nubes artificiales mediante geoingeniería, usos industriales y de las ciudades”, explica. Agrega que la falta de saneamiento, los cambios de uso del suelo y el cambio climático también afectan la calidad y la distribución del agua subterránea.

Chiglino, por su parte, subraya que el concepto implica cuestiones como “cuáles son las estructuras de poder” que rodean el agua y detalla que como el recorrido del agua subterránea “no queda visible”, genera la sensación de que esta agua está “más protegida” que la superficial. Uno de los objetivos del trabajo fue, entonces, “que la población tenga acceso a información sobre los acuíferos, de lo que pasa bajo nuestros pies, y visibilizar que lo que pasa arriba tiene consecuencias”.

Leticia Chiglino, Carla Kruk e Irene Balado, durante una reunión del proyecto “Agua y Salud” en Rocha.

Leticia Chiglino, Carla Kruk e Irene Balado, durante una reunión del proyecto “Agua y Salud” en Rocha.

Foto: Mariana Castiñeiras

Balado concuerda con su colega y plantea que “en las últimas décadas ha habido un incremento a nivel mundial en la extracción de agua subterránea”. “El sistema subterráneo está sometido a mucha más presión, hay zonas que están sobreexplotadas; también puede estar expuesto a contaminantes que se infiltren y lleguen a las napas. El agua subterránea y el agua superficial están interconectadas. El agua subterránea es parte del ciclo hidrológico y del ciclo hidrosocial. Es muchísima el agua subterránea que se utiliza para diferentes usos. Por ejemplo, casi 90% de Rivera se abastece de ella”, cuenta, y afirma que “a pesar de la demanda en riego y abastecimiento a la que está expuesta, su potencial y cuidado está dado por investigaciones locales y sus monitoreos nacionales no están sistematizados”. Balado enfatiza que si bien tenemos una “riqueza hídrica en nuestro territorio, las situaciones de déficit hídrico son recurrentes”.

La vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos

Un acuífero es “una formación geológica capaz de almacenar y transmitir agua”, señala Balado. Agrega que el agua “puede almacenarse en materiales sedimentarios, como arenas, limo y gravas, o en fracturas”. En el trabajo, la vulnerabilidad es definida como “la susceptibilidad que presenta un acuífero, que está dada por la capacidad que tenga de amortiguar el ingreso de un contaminante al sistema”. Una cuestión importante radica en que la vulnerabilidad es una “propiedad intrínseca” de cada acuífero, una característica natural, y se analiza cuantificando diferentes parámetros como, por ejemplo, la geología que lo conforma, cómo está vinculado con los materiales que se encuentran sobre él y su forma de recarga.

Balado explica: “Existe un vínculo entre el agua subterránea y la superficial. Hay momentos en que el agua superficial nutre los acuíferos, y si tenés agua superficial cargada con elementos pesados por la minería, o por desechos industriales, podés contaminar un acuífero al momento de la recarga. La vulnerabilidad sería qué tanta capacidad tiene ese acuífero de frenar el ingreso del posible contaminante a su sistema. Es una propiedad que es intrínseca, no se puede modificar. Lo que sí podés es disminuir la amenaza, disminuir la posibilidad de que los contaminantes entren en el sistema”. Un primer mapa elaborado por Balado muestra estas características naturales de los acuíferos.

Mapa que muestra la susceptibilidad que presenta un acuífero, está dada por la capacidad de amortiguar el ingreso de contaminantes debido a sus características naturales.

Mapa que muestra la susceptibilidad que presenta un acuífero, está dada por la capacidad de amortiguar el ingreso de contaminantes debido a sus características naturales.

Los riesgos y las amenazas de los acuíferos

Balado define a las amenazas como los “posibles contaminantes que pueden infiltrarse en el sistema y deteriorar la calidad del agua subterránea”. En concreto, para el trabajo consideraron los vertidos industriales y domésticos, la minería, las ciudades (entendidas como aquellas poblaciones con más de 5.000 habitantes), los tambos y los usos del suelo (donde hay varias categorías, como suelos agrícolas, suelos forestales, etcétera). Los datos para elaborar el mapa de amenazas fueron extraídos de diferentes sitios de acceso libre, como el Observatorio Ambiental Nacional y el visualizador de la Dirección Nacional de Minería y Geología.

La investigadora explica que la combinación entre la vulnerabilidad intrínseca y las amenazas da como resultado el riesgo al que está expuesto un acuífero. En el caso de su trabajo, fue elaborado a escala nacional. “Un acuífero, por ejemplo, puede tener baja vulnerabilidad, es decir, un gran potencial para mitigar contaminantes, pero estar expuesto a amenazas. Esto puede llevar a que el riesgo al que está expuesto el acuífero sea alto por la cantidad de amenazas a que está sometido. También puede haber un acuífero muy vulnerable porque, por ejemplo, está conformado por arenas y materiales con alta porosidad, pero no hay ninguna presión importante y las amenazas son bajas. Por tanto, el riesgo puede ser moderado o bajo”, señala. Tras el relevamiento, afirma que en general las amenazas “muy altas” están en sitios en los que se produce una intersección de varias amenazas al mismo tiempo, como podría ser una zona donde haya tambos, actividad forestal y agricultura.

“¿Se pueden considerar otras amenazas? Sí, se podrían considerar otras presiones antrópicas sobre el sistema subterráneo, como los feedlots. Esta es una primera evaluación general en la que seleccionamos las amenazas que consideramos de mayores impactos”, indica Balado. A su vez, se refirió al hidrógeno verde, del que existen proyectos aún no concretados que pretenden abastecerse de agua subterránea, y adelantó que no analizaron riesgos potenciales, pero señalaron que esta podría ser una herramienta útil para saber a qué situación podría exponerse el acuífero.

Mapa de amenazas a las que está expuesto un acuífero.

Mapa de amenazas a las que está expuesto un acuífero.

Una herramienta de gestión

“La información se entrelaza con que, en gran parte del territorio nacional, la gente es abastecida con agua subterránea. Si bien en Montevideo y Maldonado el agua de OSE proviene principalmente de aguas superficiales, en gran parte del país la gente toma agua de pozos. La información sobre agua subterránea es más escasa, pero la intensificación de los usos del suelo y de la extracción de agua hace que tengamos como hipótesis que en realidad no está tan protegida”, indica Kruk.

En el marco del proyecto Agua y Salud: Pérdida de calidad de agua potable, sus causas y sus consecuencias sobre la salud humana en Uruguay, realizaron un pedido de acceso a la información pública a OSE para conocer la calidad del agua de sus pozos. Aún no han obtenido los datos. La idea, dice Balado, es cruzar la información de los mapas con los muestreos que realiza la compañía estatal para evaluar que “efectivamente el riesgo de contaminación no es solamente potencial” y si “realmente se está afectando la calidad del agua”. A su vez, otro grupo de académicas y académicos del proyecto está estudiando el agua superficial a partir de los datos de OSE. La idea es incorporar la información, entender de mejor forma todo el ciclo del agua y difundir la herramienta.

Llenar vacíos

Kruk recuerda que el MA estudia modificar el decreto 253/79 , que agrupa los criterios para la evaluación de la calidad de los cursos y los cuerpos de agua en el país. Pese a que hubo intentos de incorporar el agua subterránea en la normativa durante este siglo, hasta el momento no se menciona ni una vez. La investigadora apunta que durante este tiempo “cambió drásticamente el manejo del territorio, el ciclo hidrosocial, y nunca se monitoreó de manera sostenida la calidad de aguas subterráneas porque no había normativas para seguir o contra las cuales comparar”. La modificación del decreto se está tratando en la Cotama y se está discutiendo “cómo incorporar las aguas subterráneas y los indicadores de calidad”.

En este sentido, Kruk relata que la investigación del equipo puede contribuir a “llenar algunos vacíos”. Subraya que puede tener varios usos y que la intención es que la herramienta “quede libre” en un tiempo para “ir transformándola, combinando información”. “En la Cotama, OSE mostró la cantidad de pozos nuevos que realiza cada año. Ensayan pozos, se encuentran algunos que sirven, otros que no porque no tienen suficiente agua o porque está contaminada con agua superficial. Esta herramienta permitiría preguntarnos si vale la pena hacer pozos en una zona de alto riesgo o si es mejor ensayar pozos en zonas con riesgo menor. Es una manera de no estar perforando continuamente los acuíferos, lo que implica riesgos como la sobreexplotación y la interferencia. El trabajo da lugar a continuidades, a tener una plataforma sobre la cual seguir explorando”, puntualiza.

Por su parte, Chiglino remarca que las aguas subterráneas “son un recurso importante” al que debemos prestar más atención y valora el trabajo como una herramienta de “gestión territorial”. “El agua superficial cada vez tiene más problemáticas vinculadas a floraciones, contaminación, sequías, lo que hace que ahora se ponga la mirada en el agua subterránea, que hasta el momento parecía que no tenía problemas y que estaba protegida. Esto no parece ser así. La mirada del ciclo del agua debe ser completa”, finaliza.